La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario expresó su rechazo al proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género impulsado por el gobierno provincial.

La organización cuestionó el enfoque de la iniciativa, que ya recibió aprobación en el Senado provincial, y reclamó que no avance en la Cámara de Diputados sin incorporar las demandas del movimiento de mujeres y diversidades.

El pronunciamiento se da en un contexto que las organizaciones describen como una emergencia. Según señalaron desde la Asamblea, en lo que va del año se contabilizaron 43 femicidios y transfemicidios en Santa Fe, una cifra que duplica la media nacional.

Frente a este escenario, reclamaron duplicar los recursos destinados a los dispositivos territoriales de atención y acompañamiento, implementar campañas masivas de difusión, garantizar asignaciones económicas para las víctimas, facilitar el acceso a la vivienda y asegurar patrocinio jurídico gratuito, entre otras medidas.

Sin embargo, cuestionaron que el proyecto no contemple esas demandas en los términos planteados por las organizaciones. Para la Asamblea, la propuesta oficial no responde a las necesidades concretas de quienes atraviesan situaciones de violencia y representa un retroceso en la comprensión del problema, en relación con la Ley Nacional 26.485 y las convenciones internacionales CEDAW y Belém do Pará.

Las críticas al proyecto

Uno de los principales cuestionamientos apunta al lenguaje utilizado en el texto del Ejecutivo. La Asamblea advirtió que la iniciativa recurre a expresiones como “persona protegida” o “persona afectada”, sin mencionar específicamente a mujeres, infancias y disidencias, a quienes identifica como los principales grupos afectados por la violencia de género.

También criticaron el modelo de intervención propuesto, al considerar que prioriza la vigilancia policial y judicial y pone el foco en las denuncias, sin abordar suficientemente las condiciones materiales que dificultan que las víctimas puedan salir de los circuitos de violencia.

En ese sentido, sostuvieron que apenas el 14% de las víctimas había radicado una denuncia y planteó que una política pública no puede limitarse a intervenir una vez que las personas llegan al sistema judicial o policial. Por eso, reclamaron mayor presencia territorial y herramientas de prevención primaria.

La Asamblea también remarcó que la redacción presenta confusiones procesales, contradicciones con la normativa vigente en Santa Fe y posibles afectaciones a garantías constitucionales, al debido proceso y a la autonomía de las víctimas. Además, objetó que la iniciativa contemple la creación de tres cargos de funcionarios, mientras considera insuficientes las respuestas destinadas a quienes sufren violencia.

Qué propone el proyecto de Pullaro

El gobierno provincial presentó la iniciativa como una herramienta para fortalecer la prevención y la protección frente a las violencias por razones de género, con un sistema de intervención temprana y coordinación entre distintos organismos estatales.

Durante su presentación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que el proyecto busca reducir las cargas que recaen sobre las víctimas y establecer un esquema escalonado de medidas cautelares, de acuerdo con la gravedad de cada situación.

La propuesta contempla una evaluación del riesgo en cuatro niveles (bajo, medio, alto y crítico) a partir de indicadores como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas anteriores y llamados reiterados al 911.

A partir de esa clasificación, las medidas de protección serían proporcionales al riesgo detectado. En los casos críticos, podrían incluir el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de tobilleras electrónicas a los agresores. También se prevén arrestos conminatorios ante el incumplimiento de órdenes judiciales.

Entre otros puntos, el proyecto establece la conformación de un equipo interdisciplinario para evaluar situaciones, elaborar informes y acompañar casos. También propone un registro digital único para integrar la información de los distintos organismos y un fondo provincial de asistencia urgente destinado a fortalecer la autonomía económica de las personas protegidas y sus familias.

El reclamo a Diputados

Frente al avance legislativo del proyecto oficial, la Asamblea Lesbotransfeminista pidió que no se apruebe en los términos actuales y manifestó su respaldo a otras iniciativas presentadas en la Legislatura.

En particular, acompañó otros proyecto de emergencia en violencia de género que precisan los dispositivos, los plazos, las medidas y las garantías materiales necesarias para asegurar una vida libre de violencias.

“Sin autonomía económica es muy difícil salir del circuito violento”, remarcaron desde la organización, que también lamentó que el Ejecutivo no haya escuchado a quienes trabajan desde hace años en los territorios acompañando a mujeres y disidencias.

Por último, reclamaron que la Cámara de Diputados abra un debate en profundidad, revise los cuestionamientos al proyecto oficial e incorpore las demandas del movimiento de mujeres de Rosario. “Entendemos que esa es la verdadera democracia, lo demás es maquillaje”, concluyeron.