El sistema científico y tecnológico público perdió 2.096 puestos de trabajo entre junio y septiembre de este año. Son 22,8 por día: un empleo calificado menos cada 63 minutos. Lo dice el último informe de empleo y recursos humanos del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), elaborado sobre los datos del INDEC publicados el 31 de octubre. El dato rompe la serie: desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, el sistema venía perdiendo 8,5 puestos por día; en el último trimestre el ritmo casi se triplicó. El saldo acumulado desde el inicio de la gestión es de 8.545 empleos menos. «Esto implica un salto en la tendencia que se venía registrando; y aunque no se reproduzca esta aceleración en el próximo trimestre, se encuentra en un nivel muy alto», advirtió Nicolás Lavagnino, que lideró el trabajo.

El informe identifica cuatro causas que se potencian: la caída de los pedidos de ingreso a la Carrera del Investigador Científico (CIC), el desplome de las becas del CONICET, los retiros masivos y el cierre de áreas completas en el INTA y el INTI. En el CONICET, el organismo más grande del sistema, la planta perdió 722 personas entre investigadores y personal de apoyo y se dejaron de otorgar 2.418 becas: en total, 3.140 personas que ya no están. Las becas doctorales bajaron de 1.300 a 1.000 y las posdoctorales de 800 a 500, mientras el cupo de ingreso a la carrera se redujo de 800 a 400 vacantes y pasó de anual a bianual, según el físico Jorge Aliaga, ex decano de Exactas de la UBA.

Ese es el presente. El futuro está escrito en el Presupuesto 2027. El artículo 21 deroga el inciso a) del artículo 16 del decreto-ley 21.680, la base legal que desde 2002 ata una porción de la recaudación de importaciones al financiamiento del INTA, el SENASA y el INTI: 0,45%, 0,15% y 0,05% del valor CIF, respectivamente. Para el INTA no es un detalle: en 2026 tuvo $905.711 millones, de los cuales $513.034 millones —el 57%— salieron de esa alícuota. En 2027 recibiría $546.784 millones y sin la alícuota: un recorte del 50% en un solo año, según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El SENASA pierde el 40% real y el INTI directamente no recibiría fondos, porque además se eliminó su financiamiento por las otras vías. Contra 2023, la caída del INTA es del 55,9%; la del INTI, del 65,6%.



La alícuota no pagaba gastos accesorios. Con esos recursos el INTA cubre funcionamiento e inversiones, becas y posgrados, parte de los salarios y el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, la reserva con la que respondió a la pandemia y a emergencias como la chicharrita del maíz en la campaña 2023/24. El propio organismo informó a Diputados que el ajuste ya alcanzó al 23% de las actividades de investigación y desarrollo en los territorios y al 42% de las líneas de innovación, con impacto en 29 cadenas y economías regionales y 202 unidades. Noventa y tres convenios y servicios de gestión de calidad no podrían cumplirse, 223 profesionales con posgrado se desvincularon en el retiro de julio y existe el riesgo de no cubrir los gastos mínimos de funcionamiento en el último trimestre. En el camino se dieron de baja 41 agencias de extensión rural, se cerraron 74 oficinas y se dispuso el cierre de la Estación Experimental AMBA y sus nueve agencias. Los pequeños y medianos productores, que son el 70% de las explotaciones del país, son justamente los que no pueden pagar asesoramiento privado.

El cuadro general no es mejor. La función Ciencia y Técnica ejecutará este año el 0,164% del PBI, el nivel más bajo de la serie que arranca en 1972, cuando la ley 27.614 —hoy suspendida— fijaba 0,520% para 2026: 68,5% por debajo de lo que manda la ley. Entre 2023 y 2026 la Agencia I+D+i perdió el 88,7% de su presupuesto real, la ex Secretaría de Innovación el 86,5%, el INTI el 53,6%, la CNEA el 40%, el INTA el 35,2% y el CONICET el 34,6%. Los salarios y las becas del CONICET acumulan una caída del 40,3% desde noviembre de 2023. El CONICET ejecutó el 82,6% de su crédito anual en nueve meses y necesitará una ampliación de casi $100.000 millones para llegar a diciembre; al cierre de septiembre, el 6,1% del presupuesto ejecutado en ciencia seguía impago.

Todo esto ocurre en la misma semana en que el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió ante la Sociedad Rural que si el Gobierno consigue un segundo mandato «terminaríamos finalmente con todas estas retenciones», y en que Javier Milei descartó un «plan platita» y ratificó el equilibrio fiscal como principio indeclinable. El equilibrio, por ahora, se hace con la tijera sobre el organismo que desde 1956 sostiene la innovación agropecuaria del país: el mismo que vigila las plagas que amenazan la cosecha que se exporta, certifica calidad y guarda la colección de olivos más importante de América y la tercera de vides. El artículo 21 no recorta una partida: elimina la base de financiamiento de un organismo entero. El Presupuesto 2027 tiene que discutirse en Diputados antes de fin de mes.