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Telleldín se fue a Uruguay, no paga la cuota alimentaria y su ex denuncia que la Justicia santafesina "no hizo nada"
Carlos Telleldín, el abogado condenado en 2019 por haber cobrado 400 mil dólares de fondos reservados de la ex SIDE en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, dejó el país el 7 de no...
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Carlos Telleldín, el abogado condenado en 2019 por haber cobrado 400 mil dólares de fondos reservados de la ex SIDE en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, dejó el país el 7 de noviembre rumbo a Uruguay y, según su expareja, planea radicarse en Brasil. La salida se concretó pese a que un fiscal federal había reclamado medidas cautelares y protección para la mujer y para el hijo de ambos, un nene de 11 años con discapacidad.
La denunciante es Noelia Cardinali, radicada con el nene en la ciudad de Santa Fe, quien el año pasado lo denunció por amenazas y maltrato hacia ella y hacia el chico. Según su relato, mientras estuvo internada por una descompensación el niño quedó al cuidado del padre y terminó alojado en un hogar de huérfanos de Morón, de donde la madre lo retiró al recibir el alta. Entre las amenazas que dijo haber recibido figuran frases como “cuando tu hijo se muera no vas a recibir ni un vaso de agua mía” o “los que me molestan se caen en la bañera”. “Pido protección porque tenemos miedo de que nos pase algo”, reclamó.
El 25 de septiembre, el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, que interviene en la causa AMIA, denunció de oficio ante la fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe, a cargo de Florencia Saravia, situaciones de intimidación y amenazas, y advirtió sobre posibles delitos de insolvencia fraudulenta. En su escrito sostuvo que el niño “nunca percibió suma alguna del progenitor”, dio cuenta de amenazas registradas en audios y videos con la finalidad de “doblegar la voluntad” de la denunciante y señaló maniobras para ocultar o desplazar bienes hacia su actual pareja. También pidió que se lo cite a audiencia imputativa, se produzca prueba, se dicten medidas cautelares y de protección para las víctimas y se evalúe el riesgo de fuga.
En paralelo, el juzgado de Familia de Santa Fe tramita el reclamo por los alimentos del nene: la deuda ronda los 34 millones de pesos, según la denuncia federal, y la abogada de la mujer, Sofía Ackermann, la estima en 36 millones. “Así como no cumple su deuda con el Estado, tampoco cumple con la deuda de alimentos. Se lo citó; en algún momento compareció y se lo declaró deudor alimentario, pero jamás pagó una cuota”, detalló la letrada.
Telleldín, de 66 años, salió del país sin impedimentos legales y la novedad fue comunicada la semana pasada desde la secretaría de la causa AMIA al juzgado de familia. Consultado por Agencia Nova, el abogado sostuvo que las denuncias en su contra son falsas y remitió un oficio del 7 de noviembre de la Dirección de Información Migratoria según el cual “no registra impedimentos actuales vigentes”. Su expareja, en cambio, apuntó contra los tribunales santafesinos: “La Justicia de Santa Fe no hizo nada y no nos da respuesta”.
Además del frente santafesino, Telleldín mantiene abierta la causa federal que le reclama la devolución de los 400 mil dólares de la ex SIDE, en la que le embargaron dos vehículos y ocho propiedades inscriptas a nombre de su actual pareja. El abogado fue absuelto dos veces por el atentado a la AMIA y condenado en 2019 a tres años y medio de prisión por el cobro de esos fondos reservados.
La denunciante es Noelia Cardinali, radicada con el nene en la ciudad de Santa Fe, quien el año pasado lo denunció por amenazas y maltrato hacia ella y hacia el chico. Según su relato, mientras estuvo internada por una descompensación el niño quedó al cuidado del padre y terminó alojado en un hogar de huérfanos de Morón, de donde la madre lo retiró al recibir el alta. Entre las amenazas que dijo haber recibido figuran frases como “cuando tu hijo se muera no vas a recibir ni un vaso de agua mía” o “los que me molestan se caen en la bañera”. “Pido protección porque tenemos miedo de que nos pase algo”, reclamó.
El 25 de septiembre, el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, que interviene en la causa AMIA, denunció de oficio ante la fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe, a cargo de Florencia Saravia, situaciones de intimidación y amenazas, y advirtió sobre posibles delitos de insolvencia fraudulenta. En su escrito sostuvo que el niño “nunca percibió suma alguna del progenitor”, dio cuenta de amenazas registradas en audios y videos con la finalidad de “doblegar la voluntad” de la denunciante y señaló maniobras para ocultar o desplazar bienes hacia su actual pareja. También pidió que se lo cite a audiencia imputativa, se produzca prueba, se dicten medidas cautelares y de protección para las víctimas y se evalúe el riesgo de fuga.
En paralelo, el juzgado de Familia de Santa Fe tramita el reclamo por los alimentos del nene: la deuda ronda los 34 millones de pesos, según la denuncia federal, y la abogada de la mujer, Sofía Ackermann, la estima en 36 millones. “Así como no cumple su deuda con el Estado, tampoco cumple con la deuda de alimentos. Se lo citó; en algún momento compareció y se lo declaró deudor alimentario, pero jamás pagó una cuota”, detalló la letrada.
Telleldín, de 66 años, salió del país sin impedimentos legales y la novedad fue comunicada la semana pasada desde la secretaría de la causa AMIA al juzgado de familia. Consultado por Agencia Nova, el abogado sostuvo que las denuncias en su contra son falsas y remitió un oficio del 7 de noviembre de la Dirección de Información Migratoria según el cual “no registra impedimentos actuales vigentes”. Su expareja, en cambio, apuntó contra los tribunales santafesinos: “La Justicia de Santa Fe no hizo nada y no nos da respuesta”.
Además del frente santafesino, Telleldín mantiene abierta la causa federal que le reclama la devolución de los 400 mil dólares de la ex SIDE, en la que le embargaron dos vehículos y ocho propiedades inscriptas a nombre de su actual pareja. El abogado fue absuelto dos veces por el atentado a la AMIA y condenado en 2019 a tres años y medio de prisión por el cobro de esos fondos reservados.
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