Santiago Peña renunció este jueves a la presidencia de Paraguay en un video que publicó en su cuenta de X, acorralado por el escándalo del banco Ueno, que dejó a 2,94 millones de clientes —casi la mitad del país— sin acceso a sus ahorros. La dimisión, sin embargo, quedó en el aire: los diputados la rechazaron y el Senado lo somete este viernes a un juicio político que puede terminar en su destitución.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», dijo el mandatario, que pidió disculpas «al pueblo si en algún momento he fallado». En el mismo mensaje pidió que a los afectados por el cierre del banco se les «garantice la devolución de esos recursos», que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos.



La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención y la disolución de Ueno Bank tras verificar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad —la más popular del sistema financiero paraguayo por su perfil digital, con 2,94 millones de clientes— quedó con sus sucursales cerradas, su aplicación y sus tarjetas suspendidas y sus activos y pasivos bajo administración del regulador. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, había renunciado días antes, también salpicado por sus vínculos con el banco.

Ueno administraba unos 850 millones de dólares de fondos públicos, de los cuales 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud, y alcanzaban a unos 32.000 jubilados. Ocho ejecutivos y empresarios quedaron detenidos, entre ellos el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, y su CEO, Federico Miguel Vázquez, titular del Grupo Vázquez, el conglomerado que la controlaba. Peña había sido accionista de ese grupo hasta marzo del año pasado.



Antes de renunciar, Peña promulgó la ley 7745, aprobada en tiempo récord por el Congreso, para acelerar un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos por ahorrista —121,7 millones de guaraníes, unos 19.800 dólares—, que debe empezar a pagarse dentro de las 24 horas y no puede demorar más de cinco días hábiles. La medida no aplacó a los miles de manifestantes que, por tercera noche consecutiva, se concentraron frente al Panteón Nacional de los Héroes con cantos contra el Gobierno.

Minutos después del anuncio, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —78 votos— la acusación contra Peña por «mal desempeño de sus funciones» y la remitió al Senado. En la misma sesión rechazó, por 48 votos contra 30, el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, lo que le despejó el camino a la sucesión.

La sesión conjunta de ambas cámaras que debía aceptar o rechazar la renuncia se cayó por falta de quórum cuando los diputados oficialistas abandonaron el recinto. La oposición quiere rechazar la dimisión para poder destituirlo: si la renuncia se aceptaba, Peña quedaba como senador vitalicio, con fueros e inmunidad parlamentaria frente a la investigación penal que abrió la Fiscalía. «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa», anunció entonces el presidente.

El Senado se constituyó anoche en tribunal juzgador: los fiscales acusadores presentaron los cargos y el mandatario fue citado para hoy a las 10 en el recinto. Para destituirlo se necesitan 30 de los 45 votos, es decir dos tercios de la Cámara Alta. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, dijo que el proceso podría resolverse en una sola jornada. Mientras tanto, Peña sigue formalmente al frente del Poder Ejecutivo, pero en la práctica ya no ejerce autoridad y su vicepresidente tampoco desarrolla agenda de gobierno.

Su propio partido lo abandonó: el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), jefe del Partido Colorado y mentor político de Peña, respaldó el juicio político. Cartes quería que la renuncia se aceptara para acelerar la jura de Alliana y armó un comando político en la sede partidaria junto al vicepresidente, el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el propio Núñez.

El vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, exjugador de básquetbol y expresidente del Partido Colorado, debe completar el mandato hasta agosto de 2028 si el Senado destituye a Peña o si finalmente se acepta la renuncia. También enfrentaba un pedido de juicio político, que Diputados desestimó.

Peña, de 47 años, es economista, graduado en la Universidad Católica de Asunción y con una maestría en Administración Pública en Columbia. Trabajó en el Banco Central y en el Fondo Monetario Internacional antes de ser nombrado ministro de Hacienda de Cartes en 2015. Asumió el 15 de agosto de 2023, con 44 años, como el presidente más joven de la era democrática paraguaya, tras ganar con el 42,7% de los votos.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el mandatario por «hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad». La denuncia quedó radicada en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.