En la víspera de un debate legislativo atravesado por objeciones constitucionales, resistencias opositoras y diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro salió a presionar por la aprobación de su paquete de reformas en seguridad. “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, planteó este miércoles, en la apertura de la ExpoSeguridad Rosario. Y así sumó a la línea que un rato antes había marcado su ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni.

El gobernador volvió a presentar la disyuntiva entre el Estado y las organizaciones criminales como argumento para respaldar cambios legales que despiertan cuestionamientos por el alcance de las facultades policiales y fiscales que propone ampliar. La discusión de fondo, sin embargo, no pasa solamente por el objetivo declarado de combatir el delito, sino también por los límites que deben regir la actuación estatal y las garantías que protegen a los ciudadanos frente al poder punitivo.

Pullaro reivindicó los resultados de su gestión y aseguró que se logró contener el delito y la violencia, aunque advirtió que las organizaciones criminales continúan activas. “No cometamos el error de creer que superamos las etapas”, dijo, en un mensaje que buscó convertir la persistencia del problema en argumento para acelerar la aprobación de las reformas.

El mandatario reconoció que existen diferencias sobre el paquete legislativo, pero se mostró confiado en conseguir respaldo para buena parte de las iniciativas. “La Legislatura es un ámbito democrático y todos tenemos derecho a pensar distinto. Hay miradas que no son iguales, y eso no está mal, eso fortalece”, sostuvo. Acto seguido, insistió en que las leyes son necesarias y calificó las propuestas de “sensatas”.

La apelación al consenso democrático contrasta con la controversia que rodea el contenido de las reformas. Sectores de la oposición y entidades profesionales advierten sobre posibles afectaciones al control judicial y al derecho de defensa. También hay reparos dentro de la propia coalición gobernante, donde el socialismo reclama cambios en aspectos sensibles del proyecto.


MÁS FACULTADES, MENOS DISCUSIÓN

El debate legislativo pone en juego modificaciones a distintas normas vinculadas con el sistema penal, la Policía y la ejecución de las penas. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la ampliación de atribuciones policiales y los cambios en las condiciones de intervención judicial y asistencia legal a personas detenidas.

En ese marco, Pullaro volvió a respaldar a las fuerzas de seguridad y prometió seguir “empoderando” a la Policía y al Servicio Penitenciario. “Voy a ir en contra de los malos policías”, agregó. Pero su defensa pública de la reforma volvió a poner el acento en la necesidad de dotar al Estado de herramientas, sin desarrollar en esta intervención cómo se garantizarán los controles frente a eventuales abusos en su aplicación.

El intendente Pablo Javkin acompañó el reclamo por nuevas normas. “Seguimos necesitando marcos legislativos y leyes que fortalezcan este trabajo”, afirmó, y sostuvo que algunas herramientas fueron negadas durante demasiado tiempo. Su respaldo refuerza la posición del oficialismo en la antesala de la votación, aunque no despeja las objeciones sobre el alcance de las medidas.


SEGURIDAD PARA ATRAER INVERSIONES

Pullaro también vinculó la baja de la violencia con la recuperación económica de Rosario. Definió a la ciudad como un entramado productivo capaz de impulsar al país y afirmó que “vuelven las inversiones”. La seguridad aparece así, en el discurso oficial, no solo como una cuestión de protección ciudadana, sino también como una condición para el desarrollo empresarial.

La ExpoSeguridad Rosario, organizada por Fundación Rosario con participación de la Provincia y el municipio, reúne paneles sobre reformas legislativas y judiciales, sistema penitenciario, tecnología y desarrollo económico. La coincidencia entre el encuentro y la inminente discusión parlamentaria le dio al gobernador una tribuna para defender su agenda.

La incógnita que queda abierta es si el oficialismo conseguirá convertir ese respaldo político en votos para un paquete que no solo mide la capacidad de Pullaro para sostener su política de seguridad, sino también la disposición de la Legislatura a aprobar nuevas facultades estatales en medio de advertencias sobre sus consecuencias para las garantías constitucionales.