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Prisión perpetua para Pablo Camino y su banda por una ola de crímenes en Rosario
Pablo Nicolás Camino recibió una nueva condena a prisión perpetua. Esta vez fue declarado responsable de liderar una asociación ilícita que desplegó una cadena de amenazas, extorsiones, balacera...
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Pablo Nicolás Camino recibió una nueva condena a prisión perpetua. Esta vez fue declarado responsable de liderar una asociación ilícita que desplegó una cadena de amenazas, extorsiones, balaceras y homicidios en Rosario, en el marco de disputas por el control territorial y de negocios ilegales vinculados, entre otros ámbitos, a la barra brava de Newell’s.
La sentencia fue dictada este miércoles 4 de noviembre por un tribunal integrado por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La resolución también impuso prisión perpetua a otros cinco acusados: Antonella Fernández, Carlos Olguín, Carlos Ruiu, Uriel Enrique y Alexis Romero. En tanto, Axel Nuñez y Lucas Castillo recibieron penas de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por asociación ilícita.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Según la acusación, Camino ocupaba el rol de jefe de la estructura criminal, mientras que Fernández y Olguín actuaban como organizadores. El resto de los integrantes participaba en la ejecución de los distintos delitos.
EL CRIMEN DE JIMI ALTAMIRANO
Entre los episodios más graves que integraron la acusación se encuentra el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano, ocurrido el 1º de febrero de 2023 frente al estadio de Newell’s Old Boys. La víctima fue elegida al azar por los ejecutores, en un crimen que tenía como verdadero destinatario un mensaje intimidatorio dirigido a referentes de la barra brava con quienes Camino mantenía una disputa por su conducción.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el ataque fue ordenado por Camino desde su lugar de detención en el penal de Rawson, en Chubut. Para concretarlo, los integrantes de la organización robaron un Renault Sandero negro el 30 de enero de ese año, en inmediaciones de Cochabamba y Chacabuco, mediante amenazas con un arma de fuego a su propietaria.
La noche del 1º de febrero, los atacantes recorrieron la zona de 27 de Febrero e Iriondo hasta encontrar a Altamirano. Al menos dos personas descendieron del vehículo, lo obligaron a subir y lo trasladaron hasta las inmediaciones del estadio rojinegro, en avenida Morcillo al 2000. Allí lo hicieron bajar y le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. Los autores dejaron en el bolsillo de la víctima un papel con una frase intimidatoria.
La fiscalía sostuvo que el homicidio fue coordinado entre quienes impartieron la orden y quienes lo ejecutaron, a través de reiteradas comunicaciones telefónicas previas al ataque. Romero y Nuñez participaron tanto del robo del automóvil como del grupo que secuestró y asesinó a Altamirano.
UNA DISPUTA CRIMINAL CON MÚLTIPLES BLANCOS
El asesinato de Altamirano fue uno de los episodios de una estructura que, según la acusación, buscaba ampliar su dominio territorial y controlar negocios ilícitos en los barrios Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano, en la zona oeste de Rosario. La organización también pretendía disputar a otra facción la administración de actividades económicas vinculadas a Newell’s.
Entre esos negocios, los fiscales mencionaron la venta ambulante en las inmediaciones del estadio, el estacionamiento de vehículos durante los partidos, la seguridad en eventos y espectáculos y el traslado de hinchas a otras provincias. La disputa enfrentaba a la facción de Camino con otro sector encabezado por referentes de la barra rojinegra.
La investigación también atribuyó a la organización ataques contra instituciones y comercios, amenazas a familias para forzarlas a abandonar sus viviendas o entregar propiedades y una serie de homicidios cometidos durante los primeros meses de 2023.
Uno de esos episodios fue el ataque a tiros contra la Subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, el 1º de febrero de 2023, cuando desconocidos dispararon contra el edificio y un móvil policial y dejaron un mensaje amenazante. Ese mismo día se produjo el crimen de Altamirano.
También se investigó el ataque contra un local gastronómico de avenida Pellegrini y Fraga, ocurrido en la madrugada del 19 de febrero, luego de que integrantes de la organización realizaran tareas de inteligencia y filmaran el comercio. Dos trabajadores resultaron heridos por los disparos.
Al día siguiente fue asesinado Jorge Maturano, en su domicilio, luego de que Fernández concurriera previamente a identificarlo. Horas más tarde, durante el velorio de Maturano, un ataque a tiros contra la sala velatoria de calle Teniente Agneta al 1700 terminó con el asesinato de Pablo Latorre y varias personas heridas.
La lista de hechos atribuidos a la organización incluyó además el homicidio de Benjamín Echavarría, el 1º de marzo de 2023, en la zona de Amenábar al 6200, y el ataque armado contra el supermercado Único, de Lavalle al 2500, ocurrido el 2 de marzo. En este último caso, los atacantes dispararon doce veces contra el frente del comercio y dejaron una nota intimidatoria.
EL CONTROL TERRITORIAL Y LA EXTORSIÓN
La acusación describió también un mecanismo de amenazas y extorsiones para apropiarse de viviendas y vehículos. En uno de los casos, integrantes de la banda amenazaron a los habitantes de una propiedad de calle Garay al 3000 para obligarlos a abandonarla y luego les exigieron dinero bajo amenazas de muerte.
En otro episodio, una familia de pasaje Giachino al 4000 fue blanco de una balacera y posteriormente obligada a entregar un Renault Sandero. El vehículo terminó en poder de Fernández, quien fue detenida cuando lo conducía con un boleto de compraventa firmado en blanco por la víctima.
Los fiscales situaron el funcionamiento de la asociación ilícita, al menos, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Además de los homicidios y ataques armados, le atribuyeron amenazas, usurpaciones, portación ilegal de armas y hechos de corrupción que involucraban a funcionarios policiales.
La sentencia de este miércoles vuelve a colocar a Camino en el centro de una de las investigaciones judiciales que expusieron la trama de violencia, disputas territoriales y negocios ilegales que atravesó Rosario durante aquellos años.
La sentencia fue dictada este miércoles 4 de noviembre por un tribunal integrado por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La resolución también impuso prisión perpetua a otros cinco acusados: Antonella Fernández, Carlos Olguín, Carlos Ruiu, Uriel Enrique y Alexis Romero. En tanto, Axel Nuñez y Lucas Castillo recibieron penas de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por asociación ilícita.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Según la acusación, Camino ocupaba el rol de jefe de la estructura criminal, mientras que Fernández y Olguín actuaban como organizadores. El resto de los integrantes participaba en la ejecución de los distintos delitos.
EL CRIMEN DE JIMI ALTAMIRANO
Entre los episodios más graves que integraron la acusación se encuentra el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano, ocurrido el 1º de febrero de 2023 frente al estadio de Newell’s Old Boys. La víctima fue elegida al azar por los ejecutores, en un crimen que tenía como verdadero destinatario un mensaje intimidatorio dirigido a referentes de la barra brava con quienes Camino mantenía una disputa por su conducción.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el ataque fue ordenado por Camino desde su lugar de detención en el penal de Rawson, en Chubut. Para concretarlo, los integrantes de la organización robaron un Renault Sandero negro el 30 de enero de ese año, en inmediaciones de Cochabamba y Chacabuco, mediante amenazas con un arma de fuego a su propietaria.
La noche del 1º de febrero, los atacantes recorrieron la zona de 27 de Febrero e Iriondo hasta encontrar a Altamirano. Al menos dos personas descendieron del vehículo, lo obligaron a subir y lo trasladaron hasta las inmediaciones del estadio rojinegro, en avenida Morcillo al 2000. Allí lo hicieron bajar y le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. Los autores dejaron en el bolsillo de la víctima un papel con una frase intimidatoria.
La fiscalía sostuvo que el homicidio fue coordinado entre quienes impartieron la orden y quienes lo ejecutaron, a través de reiteradas comunicaciones telefónicas previas al ataque. Romero y Nuñez participaron tanto del robo del automóvil como del grupo que secuestró y asesinó a Altamirano.
UNA DISPUTA CRIMINAL CON MÚLTIPLES BLANCOS
El asesinato de Altamirano fue uno de los episodios de una estructura que, según la acusación, buscaba ampliar su dominio territorial y controlar negocios ilícitos en los barrios Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano, en la zona oeste de Rosario. La organización también pretendía disputar a otra facción la administración de actividades económicas vinculadas a Newell’s.
Entre esos negocios, los fiscales mencionaron la venta ambulante en las inmediaciones del estadio, el estacionamiento de vehículos durante los partidos, la seguridad en eventos y espectáculos y el traslado de hinchas a otras provincias. La disputa enfrentaba a la facción de Camino con otro sector encabezado por referentes de la barra rojinegra.
La investigación también atribuyó a la organización ataques contra instituciones y comercios, amenazas a familias para forzarlas a abandonar sus viviendas o entregar propiedades y una serie de homicidios cometidos durante los primeros meses de 2023.
Uno de esos episodios fue el ataque a tiros contra la Subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, el 1º de febrero de 2023, cuando desconocidos dispararon contra el edificio y un móvil policial y dejaron un mensaje amenazante. Ese mismo día se produjo el crimen de Altamirano.
También se investigó el ataque contra un local gastronómico de avenida Pellegrini y Fraga, ocurrido en la madrugada del 19 de febrero, luego de que integrantes de la organización realizaran tareas de inteligencia y filmaran el comercio. Dos trabajadores resultaron heridos por los disparos.
Al día siguiente fue asesinado Jorge Maturano, en su domicilio, luego de que Fernández concurriera previamente a identificarlo. Horas más tarde, durante el velorio de Maturano, un ataque a tiros contra la sala velatoria de calle Teniente Agneta al 1700 terminó con el asesinato de Pablo Latorre y varias personas heridas.
La lista de hechos atribuidos a la organización incluyó además el homicidio de Benjamín Echavarría, el 1º de marzo de 2023, en la zona de Amenábar al 6200, y el ataque armado contra el supermercado Único, de Lavalle al 2500, ocurrido el 2 de marzo. En este último caso, los atacantes dispararon doce veces contra el frente del comercio y dejaron una nota intimidatoria.
EL CONTROL TERRITORIAL Y LA EXTORSIÓN
La acusación describió también un mecanismo de amenazas y extorsiones para apropiarse de viviendas y vehículos. En uno de los casos, integrantes de la banda amenazaron a los habitantes de una propiedad de calle Garay al 3000 para obligarlos a abandonarla y luego les exigieron dinero bajo amenazas de muerte.
En otro episodio, una familia de pasaje Giachino al 4000 fue blanco de una balacera y posteriormente obligada a entregar un Renault Sandero. El vehículo terminó en poder de Fernández, quien fue detenida cuando lo conducía con un boleto de compraventa firmado en blanco por la víctima.
Los fiscales situaron el funcionamiento de la asociación ilícita, al menos, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Además de los homicidios y ataques armados, le atribuyeron amenazas, usurpaciones, portación ilegal de armas y hechos de corrupción que involucraban a funcionarios policiales.
La sentencia de este miércoles vuelve a colocar a Camino en el centro de una de las investigaciones judiciales que expusieron la trama de violencia, disputas territoriales y negocios ilegales que atravesó Rosario durante aquellos años.
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