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La historia de Leonardo Bertulazzi y las contradicciones de su extradición
El exmilitante italiano, condenado en su país a 27 años de prisión por su presunta participación en las Brigadas Rojas, fue filmado en un comercio de Martínez pocas horas después de escapar del ...
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El exmilitante italiano, condenado en su país a 27 años de prisión por su presunta participación en las Brigadas Rojas, fue filmado en un comercio de Martínez pocas horas después de escapar del arresto domiciliario. Su abogado cuestiona la revocación del estatus de refugiado que le había otorgado Argentina y denuncia irregularidades en el proceso de extradición. El caso también expone las diferencias entre el trato que el gobierno de Javier Milei dio al reclamo italiano y la negativa de Italia a extraditar a un exmilitar argentino acusado de delitos de lesa humanidad.
Leonardo Bertulazzi fue registrado por las cámaras de seguridad de un local de ropa de Martínez, ubicado sobre Alvear al 100, alrededor de las 12.10 del martes, unas seis horas después de escapar de su departamento de San Telmo. En el comercio se probó tres sombreros, eligió uno gris y pagó 12.000 pesos en efectivo. Durante la compra les dijo a los empleados que era suizo, que provenía de una región cercana a Italia y que vivía en Argentina desde hacía años. También respondió que estaba de paseo cuando le preguntaron si se encontraba de visita. La jueza María Romilda Servini y especialistas de la Policía Federal analizan las imágenes para reconstruir el recorrido y determinar si recibió ayuda para trasladarse hasta el norte del conurbano.
La historia de Bertulazzi en Argentina comenzó a principios de este siglo, cuando llegó al país después de haber vivido en Francia y El Salvador. En 2002 fue detenido a raíz de un pedido de captura y extradición del gobierno italiano. Sin embargo, Servini rechazó entonces la solicitud al considerar que Italia no ofrecía garantías suficientes para que pudiera ejercer su derecho a defensa en un nuevo juicio. Bertulazzi había sido condenado en ausencia a 27 años de prisión por el secuestro de un empresario y su presunta pertenencia a las Brigadas Rojas, organización armada de izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.
Su abogado, el especialista en derechos humanos Yanzón, cuestionó los fundamentos de aquella condena. Según explicó, la sentencia se apoyó en la declaración de un arrepentido obtenida en un contexto de torturas sistemáticas contra militantes de izquierda. También recordó que esos procedimientos fueron condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de que se rechazara el primer pedido de extradición, Bertulazzi se radicó en el país y trabajó como luthier. En 2004, la Comisión Nacional para los Refugiados le reconoció esa condición, en el marco de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.
La protección se mantuvo durante casi dos décadas, hasta que el gobierno de Javier Milei revocó su estatus en 2024, en medio de un nuevo reclamo de las autoridades italianas. Yanzón cuestionó la decisión y sostuvo que la apelación contra esa medida todavía no cuenta con una resolución definitiva. Según su interpretación, mientras la Corte Suprema no se expida sobre el cese de la condición de refugiado, esta continúa vigente y la legislación argentina establece que los pedidos de extradición contra personas protegidas por ese estatuto deben rechazarse sin siquiera ser tratados. El abogado denunció que el Ejecutivo avanzó con el reclamo italiano y que Servini dispuso la detención de Bertulazzi el mismo día en que se dictó el cese de su condición de refugiado.
Para Yanzón, también existe una contradicción en la actuación de la magistrada: la misma jueza que en 2002 había rechazado la extradición por falta de garantías para el derecho a defensa, dos décadas después avanzó con el procedimiento. El caso tiene, además, un antecedente que el abogado considera relevante: en enero de 2024, el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, rechazó un pedido de extradición formulado por Argentina contra Franco Reverberi, un excapellán militar acusado de torturas y homicidio durante la última dictadura. Italia justificó la negativa por los problemas cardíacos del sacerdote y su supuesta imposibilidad de afrontar el viaje.
Bertulazzi, de 74 años, permanece prófugo luego de escapar del arresto domiciliario. La Corte Suprema argentina había confirmado en julio de 2025 la extradición solicitada por Italia, según los antecedentes del caso. Mientras los investigadores buscan reconstruir cómo se desplazó desde San Telmo hasta Martínez, la controversia judicial y política continúa abierta: por un lado, la condena dictada en Italia y el reclamo de extradición; por otro, los cuestionamientos sobre las garantías del proceso, la vigencia de la protección internacional y las decisiones del Estado argentino.
Leonardo Bertulazzi fue registrado por las cámaras de seguridad de un local de ropa de Martínez, ubicado sobre Alvear al 100, alrededor de las 12.10 del martes, unas seis horas después de escapar de su departamento de San Telmo. En el comercio se probó tres sombreros, eligió uno gris y pagó 12.000 pesos en efectivo. Durante la compra les dijo a los empleados que era suizo, que provenía de una región cercana a Italia y que vivía en Argentina desde hacía años. También respondió que estaba de paseo cuando le preguntaron si se encontraba de visita. La jueza María Romilda Servini y especialistas de la Policía Federal analizan las imágenes para reconstruir el recorrido y determinar si recibió ayuda para trasladarse hasta el norte del conurbano.
La historia de Bertulazzi en Argentina comenzó a principios de este siglo, cuando llegó al país después de haber vivido en Francia y El Salvador. En 2002 fue detenido a raíz de un pedido de captura y extradición del gobierno italiano. Sin embargo, Servini rechazó entonces la solicitud al considerar que Italia no ofrecía garantías suficientes para que pudiera ejercer su derecho a defensa en un nuevo juicio. Bertulazzi había sido condenado en ausencia a 27 años de prisión por el secuestro de un empresario y su presunta pertenencia a las Brigadas Rojas, organización armada de izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.
Su abogado, el especialista en derechos humanos Yanzón, cuestionó los fundamentos de aquella condena. Según explicó, la sentencia se apoyó en la declaración de un arrepentido obtenida en un contexto de torturas sistemáticas contra militantes de izquierda. También recordó que esos procedimientos fueron condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de que se rechazara el primer pedido de extradición, Bertulazzi se radicó en el país y trabajó como luthier. En 2004, la Comisión Nacional para los Refugiados le reconoció esa condición, en el marco de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.
La protección se mantuvo durante casi dos décadas, hasta que el gobierno de Javier Milei revocó su estatus en 2024, en medio de un nuevo reclamo de las autoridades italianas. Yanzón cuestionó la decisión y sostuvo que la apelación contra esa medida todavía no cuenta con una resolución definitiva. Según su interpretación, mientras la Corte Suprema no se expida sobre el cese de la condición de refugiado, esta continúa vigente y la legislación argentina establece que los pedidos de extradición contra personas protegidas por ese estatuto deben rechazarse sin siquiera ser tratados. El abogado denunció que el Ejecutivo avanzó con el reclamo italiano y que Servini dispuso la detención de Bertulazzi el mismo día en que se dictó el cese de su condición de refugiado.
Para Yanzón, también existe una contradicción en la actuación de la magistrada: la misma jueza que en 2002 había rechazado la extradición por falta de garantías para el derecho a defensa, dos décadas después avanzó con el procedimiento. El caso tiene, además, un antecedente que el abogado considera relevante: en enero de 2024, el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, rechazó un pedido de extradición formulado por Argentina contra Franco Reverberi, un excapellán militar acusado de torturas y homicidio durante la última dictadura. Italia justificó la negativa por los problemas cardíacos del sacerdote y su supuesta imposibilidad de afrontar el viaje.
Bertulazzi, de 74 años, permanece prófugo luego de escapar del arresto domiciliario. La Corte Suprema argentina había confirmado en julio de 2025 la extradición solicitada por Italia, según los antecedentes del caso. Mientras los investigadores buscan reconstruir cómo se desplazó desde San Telmo hasta Martínez, la controversia judicial y política continúa abierta: por un lado, la condena dictada en Italia y el reclamo de extradición; por otro, los cuestionamientos sobre las garantías del proceso, la vigencia de la protección internacional y las decisiones del Estado argentino.
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