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La amenaza contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se concretó cuando una persona llamó a la central del 911 de Rosario y exigió la liberación de Santino Alvarado, hijo del condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. El mensaje incluyó una advertencia de "comenzar a matar gente inocente" si no se cumplía con el pedido.

De acuerdo con la información que trascendió de la investigación, la comunicación ingresó el 15 de noviembre, alrededor de las 22.30, desde una línea telefónica radicada en Rosario. La llamada duró aproximadamente 20 segundos y fue realizada por una persona cuya identidad todavía no fue establecida.

"Si no liberan a Santino voy a empezar a matar gente", fue la advertencia que quedó registrada en la comunicación y recogieron diversos medios. La intimidación también estuvo dirigida contra los fiscales y la Policía, en un mensaje que puso en alerta a las autoridades provinciales.

La intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitió poner en marcha las primeras medidas para rastrear el origen de la llamada y determinar quién estuvo detrás del mensaje. El fiscal Damián Cimino tomó intervención en el caso y ordenó diligencias para identificar al autor.

En paralelo, la Policía de Santa Fe emitió el lunes una circular interna dirigida a las patrullas operativas, en la que solicitó extremar las precauciones durante las tareas de prevención y vigilancia en la vía pública. También se reforzaron las medidas de seguridad alrededor de Pullaro.

El episodio se produjo tres días después de la detención de Santino Alvarado, concretada el jueves 12 de noviembre durante un operativo de la Policía Federal en el barrio Solares de Funes. El procedimiento formó parte de un despliegue de 38 allanamientos realizados en Rosario, Funes, Roldán, San Lorenzo, Córdoba y el Gran Buenos Aires, que terminó con 12 personas detenidas.



Santino es hijo de Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua y alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La investigación federal busca determinar el papel que habría ocupado el joven en la continuidad de los negocios ilícitos de la organización atribuida a su padre.

Las actuaciones están vinculadas con presuntas maniobras de narcotráfico, comercialización ilegal de armas y lavado de activos. Según la hipótesis de los investigadores, entre 2023 y 2026 se habrían adquirido 13 vehículos y distintos inmuebles mediante terceros para ocultar el origen de los fondos.

Durante el procedimiento en Funes, los efectivos señalaron que Santino intentó destruir tres teléfonos celulares antes de ser reducido. También fueron detenidos su abogado, Claudio Tavella, y María Fernanda Rojas, señalada como presunta administradora financiera de la estructura.