El Gobierno metió en el mismo paquete de 71 pliegos de jueces que envió al Senado el nombre de Humberto Carlos Guardia Mendonca, el candidato para ocupar la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de la Cámara Federal. Según confirmó un juez federal a La Política Online, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó a un entendimiento con Ricardo Lorenzetti para ubicar en ese tribunal a un abogado de su riñón. El apuro, según un senador al tanto del pliego, responde a la preocupación de la Casa Rosada por las eventuales impugnaciones al proceso de privatización de AySA: esa sala, que todavía no está conformada, es la que puede terminar de definir esos planteos.

Guardia Mendonca no llega con pergaminos en la materia. Sacó 53 puntos sobre 100 en la evaluación y escaló posiciones en la entrevista personal, un mecanismo que en los tribunales describen como un truco habitual del Consejo de la Magistratura para acomodar a los amigos. Su antecedente más conocido es de 2007: firmó junto a Diego Póvolo el dictamen que avaló la fusión de Cablevisión y Multicanal, con el argumento de que las empresas se comprometían a una desinversión que evitaba la monopolización del mercado. También se le atribuye un vínculo con Guillermo Moreno desde los tiempos del kirchnerismo.

Los otros dos pliegos para la misma sala tampoco muestran especialidad en competencia. Silvia Beatriz Pfarher trabajó en la Fiscalía General de la Cámara Comercial con Alejandra Gils Carbó y con la fiscal Gabriela Boquín, que la habría corrido por “pérdida de confianza” bajo la sospecha de haber filtrado información de la causa Correo al diputado del PRO y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. El tercero es Santiago Roca, con 58 puntos en el examen: “Jamás en su vida tuvo un caso de Defensa de la Competencia; trabajó como asesor legal del Gobierno de la Ciudad, fue coordinador legal del Centro Cultural San Martín y controlador de faltas”, lo describió un juez. La ironía: ese mismo mecanismo de ascenso en la entrevista personal es el que Lorenzetti criticó en la Acordada 4, junto a Carlos Rosenkrantz, para pedir más transparencia en la selección de jueces.

El problema es que la sala todavía no existe. El Gobierno espera que la Corte Suprema la habilite para tratar recursos directos contra las resoluciones de la autoridad de competencia cuando se cuestionen fusiones o conductas anticompetitivas. En los tribunales calculan que ponerla en marcha costaría al Estado $100 millones por mes y que no hay volumen de causas que justifique su funcionamiento. Es un gasto nuevo que se abre en medio del ajuste que el propio Gobierno pregona y mientras el Ejecutivo negocia con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo para engrosar las reservas del Banco Central.

Lo que esa sala podría revisar es la venta del agua. RosarioPlus ya contó que el Estado se desprendió del 90% de AySA por US$340,2 millones, casi un 30% menos de lo que esperaba el Ministerio de Economía, con una concesión por 30 años y sin precio base ni mínimo en la licitación. El diputado Guillermo Michel puso el número en perspectiva: “AySA tiene 4 millones de usuarios, es decir, 4 millones de conexiones. Si tomamos un número redondo de US$ 400 millones, quiere decir que por cada conexión estás pagando US$ 100. ¿Y cuál es la facturación promedio por usuario? US$ 35”. La conclusión del legislador: “Transfirieron las acciones a un grupo inversor, dándole la concesión por 360 meses y vendiendo esa empresa por tres meses de facturación”. Para él, la empresa está “totalmente mal vendida o regalada”.

El consorcio que se queda con el servicio se reparte así: PHX Aqua AR B.V. 55%, Walter Román (Rowing) 20%, la brasileña Arcos 15% y Mauricio Filiberti —dueño de Transclor, “el Rey del Cloro”— 10%. PHX es una sociedad neerlandesa con conexiones que llegan a Curazao, se constituyó el 18 de agosto pasado con una acción de una libra que no fue pagada y en la misma oficina que Rochester Holdings, otro fondo de Filiberti, pocas semanas antes de que se cerrara la operación. Michel reclamó una auditoría integral y advirtió por los usuarios: “¿Qué van a hacer esos vecinos cuando apliquen un aumento fenomenal de las tarifas? ¿Le van a mandar una carta documento al fondo de inversión holandés?”. Ya hay una acción en la Justicia Contencioso Administrativa, otra en la Procuración de Investigaciones Administrativas y un pedido de informes de la Bicameral de Servicios Públicos que el Ejecutivo no respondió.