Está en la página cientos del proyecto de Presupuesto 2027, mide una línea y medio y alcanza a más de cuatro millones de chicos. El artículo 17 dice, completo: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. Esa es la ley que hace móviles a las asignaciones familiares. Hoy, por el DNU 274/2024, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones del sistema SUAF se actualizan todos los meses con la inflación de dos meses antes. En noviembre la suba fue del 1,93% (resolución 303/2026): la AUH quedó en $159.611 por chico, con $127.688,80 en mano y $31.922,20 retenidos. Si el artículo 17 se aprueba, ese aumento mensual puede ser uno de los últimos que llegue por ley. El texto no propone ninguna fórmula alternativa ni una periodicidad mínima de actualización: los aumentos pasarían a depender de una decisión del Poder Ejecutivo.

El argumento fiscal no cierra. El proyecto no saca la plata: la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyecta $9,2 billones para AUH y Asignación por Embarazo, con una suba real de apenas 0,7% y unos 4,1 millones de beneficiarios. El subprograma “Asignación Universal para Protección Social” tiene asignados $9.184.552 millones: según el cálculo del sitio especializado Con Interés, alcanzan para cubrir alrededor del 99% de lo que costaría seguir indexando los montos si la inflación es del 18%, la que proyecta Hacienda (el último REM relevado por la OPC estimaba 21,2%). Es decir: la plata está casi toda, lo que se borra es la obligación de usarla. Las asignaciones familiares de los trabajadores registrados (SUAF) recibirían $5,2 billones, 5,7% más en términos reales.

La respuesta oficial quedó grabada en la primera audiencia en Diputados. La diputada Victoria Tolosa Paz le preguntó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por qué el Gobierno busca dejar los aumentos librados a decisiones administrativas. “Lo que nosotros queremos hacer es sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria”, contestó el funcionario, y agregó: “Nuestra intención es que eso se sostenga a lo largo del tiempo”. El compromiso es que la AUH sumada a la Tarjeta Alimentar cubra al menos el 95% de la canasta básica alimentaria y, según admitió el propio Guberman, no está escrito como fórmula en ninguna ley: los alimentos pueden subir más que el índice general. Desde Capital Humano lo atribuyeron a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional.

UNICEF y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevaron el alerta a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Señalaron que las transferencias de ingresos son el 88% de todo el presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes, advirtieron por la eliminación de la garantía de movilidad y calcularon que faltarían unos $1,5 billones para cubrir las actualizaciones automáticas hasta diciembre: con esa corrección, el aumento real del 7% que exhibe el proyecto “prácticamente desaparece”. “Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental”, planteó Sebastián Waisgrais, de UNICEF. El ejemplo de lo que ocurre sin indexación está en el mismo presupuesto: la Tarjeta Alimentar, que nunca tuvo movilidad automática, tendría $3 billones en 2027, con una caída real del 10,5%.

El mismo mecanismo apunta contra el sector de discapacidad. El capítulo VI del proyecto deroga el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad —la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC—, elimina el nomenclador único y el arancel unificado y suprimió la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo formal. La Cámara de Diputados ya sancionó en octubre, con 237 votos, su propia ley de discapacidad, que conserva esas garantías. El martes 4 el Senado firmó el dictamen para sancionarla después de la visita del papa León XIV y el diputado Herrera Ahuad le reclamó al Gobierno que retire el capítulo VI del Presupuesto. El Gobierno no confirmó que vaya a hacerlo. Los bloques dialoguistas condicionan su voto a que esos artículos se caigan.

El calendario juega a favor del apuro oficial. Después del traspié del dictamen, el oficialismo apunta a llevar el Presupuesto al recinto el 25 de noviembre y da por hecho que necesitará sesiones extraordinarias en diciembre para sancionarlo en el Senado. La UCR ya pidió conservar la actualización por inflación de la AUH, la Asignación por Embarazo y la ayuda escolar, además de revisar los artículos de discapacidad; el PRO suma otros reclamos y las provincias pelean por subsidios y cajas previsionales. En Santa Fe, donde la AUH alcanza a casi 300.000 titulares, la discusión tiene efecto directo. El contraste, en el mismo texto: el proyecto reserva $503.325,9 millones para las cajas previsionales provinciales no transferidas a la ANSES y reconoce una deuda de $39.000 millones a las empresas de colectivos del AMBA por diferencias de recaudación entre junio y septiembre. Para el aumento mensual de la AUH, en cambio, la garantía se deroga por escrito.