La Sala I de la Cámara Federal apartó a la diputada Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como querellantes en la causa que investiga el destino de los fondos viales y dejó sin efecto las medidas de prueba que había ordenado el juez Ariel Lijo. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola consideraron que ninguno de los dos acreditó un “perjuicio directo”. El fiscal Carlos Stornelli ya había desistido de impulsar la acción. Sin acusadores, el expediente se encamina al archivo. Tolosa Paz anunció que apelará ante Casación: en su presentación recuerda que la Fiscalía Federal N° 2 de La Plata había dictaminado que la diputada tenía “afectación directa y sustancial” y legitimación individual como usuaria de la red vial federal.

Lo que se investigaba es una de las cajas más grandes del Estado. El Sistema Vial Integrado (SisVial) es un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un destino legal exclusivo: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Según la reconstrucción que hizo LA NACION con balances contables, informes mensuales de cuenta y pedidos de acceso a la información pública, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1.503.252 millones y aplicó a obras $394.406 millones: el 26,2%. La subejecución acumulada es del 73,8%. El detalle año por año no muestra mejora: 11,3% en 2024 ($40.668 millones sobre $360.238 millones), 39% en 2025 ($270.592 millones sobre $692.514 millones) y otra vez 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones sobre $450.500 millones).

¿Dónde está la plata? Al 31 de mayo de 2026 la cartera financiera del fideicomiso era de $1.001.018 millones: $854.234 millones colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos, según los anexos del Banco Nación. A eso se sumaban $37.761 millones inmovilizados en la cuenta corriente 330.902/9. En total, $1.038.779 millones que no llegaron al asfalto. El contraste de marzo es elocuente: ese mes el SisVial destinó $1.090 millones a obras viales mientras su cartera de inversiones crecía $83.840 millones, es decir 77 veces más. Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones de la cartera estaba en letras del Tesoro, un giro que coincide con el decreto 425/2025, del 24 de junio de ese año, que ordenó el destino de las colocaciones. El Banco Nación lo explicó con todas las letras: “Nosotros, como fiduciario, sólo podemos actuar como ‘tesorería’ del SisVial”. Las órdenes salen del Palacio de Hacienda: Economía es autoridad de aplicación por el decreto 215/14 y, por resolución 200, el ministro Luis Caputo delegó esas facultades en el secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija, con intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuyo dictamen “tiene carácter vinculante”. En el amparo que tramita en Entre Ríos, el Gobierno admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal.



El resultado se paga en Santa Fe. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) midió los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia: más del 53% está en estado “malo” y apenas el 20% puede considerarse bueno. Entre enero y abril de 2026 hubo 34 muertos en siniestros sobre esos corredores, con una tasa de 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros frente a 0,2 en las rutas provinciales. Las más castigadas son la 11, la 33 y la 34. El 21 de octubre, la Nación dio de baja las licitaciones de la ruta 33 entre Sancti Spíritus y Rosario y de la ruta 178 entre Las Rosas y el empalme con la 33, obras que ya tenían adjudicatario —la UTE de Edeca y Rava— y que estaban en condiciones de arrancar; argumentó que los plazos habían caducado, y confirmó el cierre definitivo de Vialidad Nacional. “Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde Fepevina lo resumieron igual: “Más que ahuelladas, las rutas tienen cráteres”.

La Justicia sí actuó, al menos en el sur provincial. En agosto, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a un amparo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio y ordenó a Vialidad Nacional reparar tramos de las rutas 7, 8 y 33, una cautelar que la Cámara Federal de Rosario había confirmado. El cumplimiento fue parcial: en marzo, el propio organismo reconoció en el expediente que los trabajos en la 33 no se habían reanudado porque faltaba la autorización de una solicitud de provisión y porque se esperaba una ampliación presupuestaria. El dato incómodo es quién firmó el final de la causa por el SisVial: la misma Sala I que el Gobierno reconfiguró con el nombramiento de dos jueces y que allanó el camino de los sobreseimientos en el caso $LIBRA al confirmar la exclusión de los querellantes. En la misma resolución, esa Sala ratificó el archivo de la investigación por el crédito que la Argentina tomó del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, causa que involucraba al ministro de Economía, Luis Caputo, y al de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La causa, además, no era la única puerta. El 6 de noviembre el juez federal de Victoria, Entre Ríos, Federico Martín, admitió un amparo de los legisladores entrerrianos Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y pidió explicaciones al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional por los más de $1,5 billones que ingresaron al SisVial y los $394.406 millones aplicados a obras; el organismo reclamó la incompetencia para que el expediente se tramite en Buenos Aires. La dimensión del desvío la puso un economista consultado por LA NACION: con el dinero retenido en inversiones financieras se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, casi dos tercios de la red nacional. El SisVial no se creó para eso: lo exigió el Banco Mundial como condición para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes. La plata que se paga en cada surtidor de Rosario sigue esperando el asfalto en un plazo fijo.