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Discapacidad: instituciones de Santa Fe celebran, pero exigen que se cumpla la ley
La aprobación por unanimidad de la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue celebrada por las instituciones de Santa Fe nucleadas en Apridi...
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La aprobación por unanimidad de la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue celebrada por las instituciones de Santa Fe nucleadas en Apridis, que destacaron el rol de las organizaciones en la construcción de la norma y reclamaron que el Gobierno nacional garantice su implementación.
“Entendemos que la unanimidad en el Senado para aprobar la ley es el resultado de todo un trabajo y una lucha colectiva de organizaciones que han instalado en la agenda pública la temática y que han transmitido a los legisladores la importancia que tiene generar un instrumento legal que resguarde los derechos de este sector”, expresó Mariel Chapero, presidenta de Apridis.
La referente también puso el foco en los pasos que siguen tras la sanción. “Ahora le toca al Poder Ejecutivo financiarla, reglamentarla y cumplirla”, sostuvo.
La iniciativa recibió el respaldo de los 71 senadores presentes y establece un régimen permanente que retoma prácticamente todo el esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre. La aprobación se produjo un año después de que el Gobierno nacional vetara aquella norma y en medio de los reclamos sostenidos por organizaciones, instituciones y familias.
Qué establece
Entre sus principales disposiciones, la norma mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad -equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo- y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del IPC. Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. A su vez, incorpora un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre distintos organismos del Estado, como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
La ley también incorpora un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
“Entendemos que la unanimidad en el Senado para aprobar la ley es el resultado de todo un trabajo y una lucha colectiva de organizaciones que han instalado en la agenda pública la temática y que han transmitido a los legisladores la importancia que tiene generar un instrumento legal que resguarde los derechos de este sector”, expresó Mariel Chapero, presidenta de Apridis.
La referente también puso el foco en los pasos que siguen tras la sanción. “Ahora le toca al Poder Ejecutivo financiarla, reglamentarla y cumplirla”, sostuvo.
La iniciativa recibió el respaldo de los 71 senadores presentes y establece un régimen permanente que retoma prácticamente todo el esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre. La aprobación se produjo un año después de que el Gobierno nacional vetara aquella norma y en medio de los reclamos sostenidos por organizaciones, instituciones y familias.
Qué establece
Entre sus principales disposiciones, la norma mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad -equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo- y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del IPC. Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. A su vez, incorpora un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre distintos organismos del Estado, como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
La ley también incorpora un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
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