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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) recortó de 90 a 10 días el plazo para pedir la extensión del seguro por desempleo rural. Lo hizo con la Resolución 108/2026, fechada el jueves 19 de noviembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial, que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución 5151/2023 —la que en octubre de 2023 había fijado los 90 días— y reescribió el artículo 10 del Anexo I de la Resolución 68/2017. Desde ahora, el trabajador rural de 45 años o más al momento de solicitar el beneficio original debe presentar el pedido de la extensión dentro de los diez días posteriores al pago de la última cuota. El texto no prevé régimen de transición, aviso previo, excepción ni instancia de recuperación alguna.

La extensión no es un adicional menor: son seis meses más de prestación, equivalentes al 70 por ciento del monto mensual que el trabajador cobró durante los primeros cuatro meses. Con los valores vigentes desde el 1 de noviembre —piso de 210.000 pesos y tope de 420.000, fijados por la Resolución 102/2026—, esos seis meses van de unos 147.000 a unos 294.000 pesos por mes. La canasta básica alimentaria de octubre, según el INDEC, quedó en 761.261 pesos: incluso en el caso más favorable, la extensión cubre poco más de un tercio. Para un peón de más de 45 años que no consigue trabajo, es el único ingreso que le queda, y viene con la cobertura médico-asistencial y las asignaciones familiares que se liquidan junto con la prestación.

El considerando explica el motivo sin vueltas. El Cuerpo Directivo aprobó la reducción "a los efectos de optimizar los recursos operativos, reducir los tiempos de gestión y mejorar la previsibilidad del procedimiento". Y agrega el argumento que se da vuelta solo: "atento a que la gran mayoría de los trabajadores de más 45 años, solicitan la extensión de la prestación por desempleo, dentro de los primeros días, posteriores al último pago". Si la enorme mayoría ya pide la extensión en esos días, acortar la ventana no descongestiona ninguna oficina: sólo deja afuera a la minoría que no lo hace, la que no se enteró, la que estaba internada, la que se fue a otra provincia a buscar changa o la que confió en que el plazo era el que la norma decía hasta ayer. La fecha desde la cual corren esos diez días tampoco depende del trabajador: es la del pago de la última cuota, que fija el calendario del propio organismo.

Un mes antes, el mismo directorio había resuelto en sentido inverso para la otra parte del sistema. La Resolución 100/2026, aprobada por Acta 164 y publicada el 26 de octubre, estableció un Plan Excepcional de Facilidades de Pago para los empleadores rurales fiscalizados: hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas con un interés de financiación del 1,5 por ciento mensual, extensible a 24 cuotas para los establecimientos alcanzados por emergencia o desastre agropecuario, con quitas de intereses resarcitorios de 30, 40 o 50 por ciento según el plan que elija el patrón. Aplica a las deudas por contribuciones e intereses que generó la regularización de relaciones laborales no registradas en el marco del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, y la adhesión está abierta hasta el 31 de diciembre. Una deuda patronal por trabajadores no registrados se puede pagar en hasta 24 cuotas y con hasta la mitad de los intereses perdonada; el trabajador desempleado tiene diez días.

El RENATRE es un ente autárquico de derecho público no estatal, integrado y dirigido por las entidades empresarias del agro y por el sindicato con personería gremial de mayor representación, la UATRE. Desde el 1 de enero lo preside Abel Guerrieri, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, que reemplazó a José Voytenco, de la UATRE; la vicepresidencia quedó para Adrián Luna Vázquez, de Confederaciones Rurales Argentinas; la tesorería, para Mario Zalazar, y la secretaría, para Carolina Llanos, ambos de la UATRE. La Resolución 108/2026 lleva justamente dos firmas: la de Guerrieri y la de Llanos. El sistema se financia con el 1,5 por ciento de la remuneración de cada trabajador que aporta el empleador (artículo 14 de la ley 25.191) y la propia norma define a la prestación como contributiva de la seguridad social.

El organismo no informó cuántos trabajadores están hoy en condiciones de pedir esa extensión ni cuántos quedaron adentro de la ventana de 90 días que esta resolución clausura de un día para el otro. Tampoco anunció una campaña para avisar del nuevo plazo: la notificación queda librada a que el beneficiario se entere por su cuenta. En un sector con altísima informalidad, donde el seguro sólo cubre a los registrados, el derecho no se amplió: se lo condicionó a diez días. Sin ley nueva y sin debate en el Congreso, el ajuste sobre los ingresos de los que menos tienen avanza igual, resolución por resolución, en el Boletín Oficial.