El Ministerio de Salud derogó el listado de medicamentos esenciales que el Estado nacional usaba como referencia para abastecer a los centros de atención primaria y lo reemplazó por una nómina de seis principios activos, todos vinculados con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Lo hizo con la Resolución 1447/2026, publicada el 15 de octubre en el Boletín Oficial, que derogó el vademécum aprobado en 2021: eran 128 presentaciones de 97 principios activos y cubrían diabetes tipo 2, asma, EPOC, epilepsia, Parkinson, infecciones, salud sexual y reproductiva y, desde 2022, tratamientos de salud mental. Quedaron afuera la metformina (diabetes), la levotiroxina (hipotiroidismo), la amoxicilina, el salbutamol, los anticonceptivos, los psicofármacos, el hierro y los analgésicos. El Gobierno sostiene que no eliminó el programa Remediar —creado en 2002, en plena crisis— sino que lo «reformuló»: el nuevo marco es el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 y lo que queda se reparte como «botiquín de transición» hasta fin de año.

El resultado, según el informe «Sin remedio» del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las cifras oficiales que cita, es una contracción brutal: en diciembre de 2023 se distribuyeron 17.393 botiquines en todo el país y en abril de 2026 fueron 849. De los cerca de 8.100 centros de salud que recibían botiquines, apenas unos 800 seguirían cubiertos por el esquema transitorio. Los tratamientos dispensados cayeron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025 y el presupuesto del programa acumula una caída real del 72% entre 2023 y 2026. La resolución deja en manos de las provincias la compra de todo lo que salió de la lista.

El recorte alcanzó incluso a lo que el propio Gobierno definió como prioridad. En la provincia de Buenos Aires, las unidades cardiometabólicas distribuidas bajaron de 20,1 millones en 2023 a 2,68 millones en lo que va de 2026 (una caída del 86,7%), las de salud mental y neurología un 99,6% y las de salud sexual y reproductiva un 96%. El caso más elocuente es el del losartán de 50 miligramos, uno de los antihipertensivos más recetados: en 2023 se entregaron 3.661.380 comprimidos y este año la distribución registrada fue de 1.500. «Si en 2023 diez mil personas podían recibir tratamiento antihipertensivo con losartán, en la actualidad son apenas cuatro», calcula el informe del CELS.



Con esos números, el CELS presentó un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata y pidió una medida cautelar para que el organismo se abstenga de profundizar la reducción del vademécum mientras se tramita la causa. El argumento central es que interrumpir tratamientos crónicos —hipertensión, diabetes— puede provocar consecuencias irreversibles. La cartera que conduce Mario Lugones respondió que la decisión busca «concentrar recursos nacionales en patologías de mayor impacto sanitario», que la estrategia se discutió con las provincias en el Consejo Federal de Salud y que el botiquín de transición seguirá hasta fin de año.

En Santa Fe el impacto ya tiene números. La provincia recibió 10.711 botiquines en 2024 (2.061.426 tratamientos) y 5.701 en 2025 (922.426), una reducción del 55%; en el primer cuatrimestre de 2026 llegaron 175.000 tratamientos, contra más de dos millones de un año antes. La diputada provincial y ex ministra de Salud Sonia Martorano precisó en la Cámara que la inversión provincial en medicamentos pasó de 18.800 millones en 2024 a 27.900 millones en 2025 y cerrará este año por encima de los 55.000 millones. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, fue más lejos: «Entendemos, por eso proyectamos la inversión, que el año que viene van a desaparecer», dijo sobre los botiquines nacionales. El Presupuesto 2027 que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura asigna a la compra de medicamentos 55.143 millones de pesos, en el mismo orden que el esfuerzo extra de este año, y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) ya produce para el sistema público mientras otras provincias consultan por comprarle.

La otra pata del ajuste en salud es la de los jubilados. El PAMI ya había borrado de su lista más de 44 fármacos de cobertura total y el subsidio social quedó limitado a los afiliados que ganan menos de 1,5 haberes mínimos (666.238 pesos con la jubilación mínima de 444.158 y el bono congelado en 70.000 desde marzo de 2024). Además, los municipios del interior que atienden a sus afiliados por convenio denuncian más de un año sin cobrar: los intendentes de Córdoba hablan de 12 a 13 meses de prestaciones impagas y este miércoles a las 12 lo llevan a la Cámara de Diputados, junto con el recorte del Remediar y los subsidios al transporte concentrados en el AMBA. En la cumbre federal de intendentes del 4 de noviembre en el Congreso, de la que participó el rosarino Pablo Javkin, los representantes municipales reclamaron el pago de esas deudas y el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, denunció que el organismo incumple los convenios desde hace más de un año.

Remediar funcionaba con compras centralizadas de la Nación y distribución directa a los centros de salud, el mecanismo que compensaba las diferencias de presupuesto entre provincias. Con el retiro nacional, cada jurisdicción queda atada a su propia caja: el informe del CELS compara a Misiones, que tiene producción pública propia, con Santiago del Estero, donde la capacidad de compra es limitada. La Cámara de Diputados de Santa Fe ya declaró su preocupación por la eliminación del programa y el Ministerio de Salud de Córdoba rechazó la resolución y pidió formalmente su revisión. La discusión de fondo es quién paga los medicamentos de las personas que solo tienen el hospital público, y desde el 4 de noviembre también está en la Justicia.