La concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, cuestionó el proyecto del intendente Pablo Javkin para regular la actividad de los cuidacoches en Rosario y advirtió que la propuesta no define con claridad si busca prohibirla o establecer un esquema de regulación. También objetó que el eje esté puesto en la persecución y el castigo, sin una respuesta integral para quienes encuentran en esa actividad un medio de subsistencia.

«Hace años que venimos planteando que quienes usan de fachada la actividad de cuidacoches para delinquir deben ser sometidos a las leyes penales vigentes. Para eso no se necesitan ni prohibición ni nuevas herramientas», sostuvo la edila. Y trazó una distinción con quienes realizan la actividad sin cometer delitos: «La respuesta no puede ser la persecución y el castigo, sino que necesitamos trabajar en una solución desde una mirada integral».

Gigliani aclaró que no propone institucionalizar el trabajo de cuidacoches, pero rechazó que la respuesta municipal consista en perseguir, multar o privar de la libertad a personas que buscan sobrevivir en un contexto de deterioro económico y social. «Nadie quiere eso. Pero tampoco creemos que la solución sea perseguir, multar o privar de su libertad a personas que están intentando sobrevivir», planteó.

Como argumento, citó cifras de la Secretaría de Control y Convivencia municipal, según las cuales la cantidad de cuidacoches aumentó un 150 por ciento en los últimos dos años y alcanza actualmente a unas 1.500 personas. También señaló que se labraron 9.090 actas por infracciones al artículo 300 del Código de Convivencia, que penaliza la actividad, aunque el cobro de esas multas fue nulo.

La concejala vinculó ese crecimiento con las condiciones socioeconómicas de quienes realizan la actividad y mencionó situaciones de pobreza, desempleo, dificultades habitacionales, adicciones y problemas de salud mental. Además, señaló que, según los datos que expuso, el 37 por ciento de las personas de entre 15 y 29 años se encuentra bajo la línea de pobreza. «¿De verdad podemos pensar que una realidad de semejante complejidad se resuelve solamente con una prohibición?», preguntó.


LAS CONTRADICCIONES DEL PROYECTO

Uno de los principales cuestionamientos de Gigliani apunta a la estructura de la iniciativa del Ejecutivo. Según explicó, el primer artículo establece una prohibición general, pero luego incorpora excepciones que permitirían determinadas modalidades de la actividad.

«Si la actividad se va a permitir en ciertos casos, entonces eso no es prohibir, sino regular discrecionalmente», advirtió. También objetó que la facultad para establecer esas excepciones quede en manos del intendente, sin intervención del Concejo Municipal.

En ese sentido, mencionó como antecedentes experiencias que ya funcionan en Rosario, como el estacionamiento durante las Colectividades y el cobro del estacionamiento del Hospital Juan Bautista Alberdi, cuyos ingresos se destinan a la cooperadora de esa institución de la zona norte.

La edila recordó que desde 2022 viene presentando iniciativas y reclamando un abordaje integral, y sostuvo que el municipio ya cuenta con relevamientos e información sobre la población que desarrolla esa actividad. «No alcanza con agregar un artículo sobre inclusión social al final de una ordenanza cuyo eje está puesto en perseguir y sancionar», señaló.

Por último, apuntó a las diferencias de criterio dentro del propio oficialismo respecto de cómo enfrentar el problema. «Algunos hablan de llamar al 911, otros de prohibición absoluta y algunos de regulación y abordaje sociolaboral», enumeró. Y consideró que los concejales que responden a Javkin deben unificar una postura para que la iniciativa pueda avanzar.