A horas de que la Cámara de Diputados de Santa Fe vuelva a discutir las reformas al paquete de leyes de seguridad impulsadas por Maximiliano Pullaro, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, participa este miércoles de la ExpoSeguridad en Rosario, un encuentro que el gobierno provincial también aprovecha para defender su política y reclamar las herramientas legales que pretende sumar.

Cococcioni tiene prevista su participación en el panel sobre reformas legislativas y judiciales, junto al diputado radical Martín Rosúa, uno de los encargados de negociar las iniciativas en la Legislatura. La actividad se realiza en el Salón Metropolitano, organizada por la Fundación Rosario con acompañamiento provincial, y llega en un momento de tensión política por las diferencias entre radicales y socialistas dentro de Unidos.

“Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos. Para nosotros, cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura", dijo.

En sus anteriores intervenciones públicas sobre el proyecto, el ministro sostuvo que las modificaciones buscan ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente al delito y rechazó que impliquen una vulneración de derechos. En mayo, al defender la iniciativa, afirmó que se trata de “las herramientas que necesita la seguridad en Santa Fe” sin afectar “el piso de garantías previstas por la Constitución”. También atribuyó parte de las críticas a “confusiones” y a una lectura insuficiente de la propuesta.

"La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Hablamos de garantías constitucionales, menos de la que tienen los ciudadanos para que no los maten", replicó.

El debate de fondo excede las diferencias partidarias. El proyecto denominado Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública propone modificaciones en seis leyes, entre ellas el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Policía, la normativa de ejecución penal y el sistema de inteligencia criminal.

Entre los puntos más cuestionados figuran la posibilidad de realizar determinados allanamientos sin autorización judicial, la ampliación de las facultades policiales y la toma de declaraciones a personas detenidas sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. La Corte Suprema provincial y entidades profesionales advirtieron sobre posibles conflictos con garantías constitucionales y con el derecho de defensa.

La resistencia no se limita a la oposición. El socialismo, principal aliado de la UCR en Unidos, reclama modificaciones al texto, especialmente en lo referido a las atribuciones policiales y los mecanismos de control judicial. El Ejecutivo, en cambio, viene insistiendo en sostener la redacción original, aunque las negociaciones legislativas continúan abiertas.

La semana pasada, Cococcioni y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se reunieron con diputados del oficialismo y ratificaron el mensaje enviado por el Ejecutivo. El desacuerdo impidió avanzar entonces con el tratamiento, que quedó pendiente para este jueves.

La discusión pondrá a prueba tanto la capacidad del gobierno de Pullaro para conseguir la aprobación de su política de seguridad como la posibilidad de que Unidos resuelva sus diferencias sin quebrar el consenso interno que sostiene a la coalición.