Escuchar artículo
La planta de BGH en el parque industrial de Río Grande vivió este martes una jornada que sus delegados ya conocen de memoria. La dirección convocó de urgencia al cuerpo de delegados de la UOM y les formalizó lo que hasta entonces era un rumor: la firma readaptará sus procesos de fabricación desde el 15 de diciembre y, para eso, desafectará a cerca de 250 trabajadores sobre una plantilla total que ronda los 600. Es el 42% de su fuerza de trabajo, en una de las plantas electrónicas históricas de la isla. El primer paso, según informaron los medios fueguinos, es un registro de retiros voluntarios: la empresa ofrece pagar lo que corresponde por ley en un esquema de una a cinco cuotas según la antigüedad de cada operario. Lo que no dijo es qué hará si no se cubre el cupo.

El dato aterriza sobre un entramado que ya estaba en caída libre. Según el Boletín Mensual del IPIEC, en agosto de 2026 los sectores alcanzados por el subrégimen de promoción industrial empleaban a 6.564 operarios registrados, contra 10.033 del mismo mes de 2025: 3.469 puestos fabriles menos en un año, una retracción del 34,57%. La industria electrónica concentraba 5.091 trabajadores, un 37,7% menos que un año antes, y su volumen de fabricación cayó 30,8%. Las cámaras del sector estiman que la electrónica fueguina perdió unos 3.000 empleos en poco más de un año y que las plantas funcionan al 40% de su capacidad. El SIPA, en tanto, registra 5.530 empleos privados perdidos en la provincia hasta julio: de 36.484 asalariados registrados a 30.954, un 15,2%.

La causa tiene nombre y fecha. En mayo de 2025 el Gobierno bajó el arancel de importación de celulares del 16% al 8% y desde el 15 de enero de 2026 lo eliminó por completo, al mismo tiempo que llevó a cero los impuestos internos de determinados productos fabricados en Tierra del Fuego. El resultado, según el informe de la consultora Analytica sobre datos del Indec: las importaciones de smartphones crecieron 746,6% interanual acumulado hasta agosto, mientras la producción de equipos de informática, televisión y comunicaciones se derrumbó 60,1% frente a noviembre de 2023. Tierra del Fuego fue la provincia con mayor caída relativa del empleo privado registrado desde diciembre de 2023: 17,9%, un nivel comparable al de abril de 2020.

El anuncio de BGH no llegó en el vacío. El mismo martes, en Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaba un paquete de alivio para pymes industriales —suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, planes de pago en 18 cuotas, uso de saldos de reintegros— y se apuraba a aclarar que «esto no es un plan platita». Mientras en la Conferencia de la UIA los industriales advertían que la estabilización no alcanza y que el sector perdió casi 95.000 empleos formales, en el otro extremo del país la notificación era otra: retiro voluntario, indemnización en cuotas y a otra cosa.

BGH no es la única. El Grupo Mirgor, el conglomerado de mayor volumen operativo y laboral de la isla según la Asociación de Supervisores (ASIMRA), suspendió a más de 360 empleados en sus plantas fueguinas, según informó Perfil. La seccional Río Grande de la UOM y la empresa firmaron un convenio que habilita suspensiones de hasta 15 días por mes con una quita del 25% del salario diario, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y que —según consignó el portal Mosca— impone severas restricciones a la actividad gremial: una sola asamblea por mes, de 20 minutos como máximo, notificada 24 horas antes y al inicio o al final de la jornada. Dos delegados de Mirgor Automotriz llevan más de dos meses sin poder ingresar a la planta. En octubre, Electrofueguina —del grupo Frávega— inició retiros acordados para sus 181 trabajadores.

El Gobierno no puede decir que no sabía. Según reconstruyó el diario fueguino El Diario del Fin del Mundo, una resolución nacional de enero de este año consignó que representantes del sector industrial habían advertido sobre una «pérdida crítica de competitividad» y riesgos para «la continuidad de las operaciones y para el sostenimiento de los puestos de trabajo». El gobernador Gustavo Melella tituló su crítica a la quita de aranceles con dos palabras —«Nada que festejar»— y advirtió que detrás de cada aumento de las importaciones hay un empleo argentino menos.

Para este jueves 5 de noviembre, la CGERA, la UOM y SMATA convocaron un ruidazo nacional por la producción y el trabajo que, esta vez, será virtual. En Río Grande no hace falta mirar las redes: alcanza con ver cuántas familias esperan que se abra el registro de retiros voluntarios antes de diciembre, en una provincia que fue construida durante décadas alrededor de un régimen cuyo único objetivo declarado era sostener población, empleo y presencia argentina en el extremo austral.