La sesión estaba prevista para las 15 pero terminó arrancando poco antes de las 18. ¿El motivo? La demora de la reunión de Parlamentaria —instancia previa a la sesión—, porque los diputados reunidos en la comisión conjunta de última hora no terminaban de cerrar los acuerdos para que este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro pudiese contar con la media sanción a su paquete de leyes para "reforzar" la seguridad pública.

Finalmente, lo consiguió de manera parcial. Es que, tal como anunció el diputado José Corral una vez iniciada la asamblea general en Diputados para abrir el tratamiento, solo fue posible tratar dos proyectos: el que apunta a combatir el robo y el mercado ilegal de celulares y el de la creación de una defensoría pública para policías. La primera fue la más debatida por habilitar el chequeo de teléfonos celulares de forma preventiva, sin poder uno negarse, y extender las facultades para realizar allanamientos sin necesidad de orden judicial.

"Venimos a discutir las leyes que mejorarán las herramientas para la política de seguridad del gobernador Pullaro, que viene logrando avances muy concretos", señaló Corral al abrir su ponencia.Luego, el diputado radical ponderó que la provincia "esté alcanzando la media nacional de homicidios, lo cual representa un logro, pero bajo el desafío de seguir trabajando y mantenerlo en el tiempo".

La primera de las leyes que se votaron apunta a controlar los delitos vinculados al robo de celulares. "Es una ley innovadora", remarcó Corral, y luego aclaró que los cambios hechos al texto original (previamente aprobado en el Senado, que tendrá que volver a tratarlo) apuntaron a "no generar suspicacias" en la sociedad.

Corral eemarcó como un dato positivo la posibilidad de "realizar allanamientos sin orden judicial cuando de manera clara y precisa se descubra el lugar donde se produjo el robo de un celular", y justificó su postura en que "la redacción no permite allanamientos al boleo".

Para finalizar, el diputado anticipó que la próxima semana podría volver a sesionarse para terminar de "brindar las herramientas para reforzar la autoridad de nuestras fuerzas".

Por el PRO, la diputada Ximena Sola también celebró las medias sanciones conseguidas por la necesidad de "regular los nuevos delitos que aparecen en la calle y requieren una respuesta". "Detrás de cada robo de celular hay personas que venden y distribuyen, por eso hay que cortar esa cadena", remarcó. También apuntó que la ley favorecerá "a quienes se dedican a la comercialización de celulares respetando la ley".

Pero no faltaron las voces en contra, incluso de los espacios que votaron a favor. La primera en tomar la palabra fue Celia Arena, peronista de Hacemos Santa Fe, quien manifestó el rechazo de su interbloque por la falta de garantías en la redacción. "No estamos de acuerdo en los modos de plantear los allanamientos", explicó Arena, y luego añadió que a su espacio "le hubiese gustado votar algunas cuestiones positivas", pero que la "imposición del oficialismo con su mayoría llevó a la imposibilidad de dar un real debate con propuestas".

Además, la diputada y exfuncionaria de Omar Perotti remarcó que los números positivos resaltados por Corral "mejoraron gracias al piso que dejó el gobierno anterior, el cual es mucho más alto del que recibimos".

También votaron en contra los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía, quienes, a través de Carlos del Frade, manifestaron su "incredulidad de que sea una ley destinada a la desarticulación de los mercados ilegales de celulares". Por el contrario, del Frade planteó que el proyecto busca "dar una nueva delegación de facultades a la Policía de Santa Fe y puedan pedir celulares según se les antoje".

"Es un gran retroceso en materia democrática", planteó Del Frade, y señaló que esas facultades solo tienen antecedentes en lo ocurrido durante 1975 y 1976. "Santa Fe se encuentra en un estado de excepción y bajo el imperio de la vigilancia", remarcó.

También expuso que la imposibilidad de tratar el paquete de leyes completo se debió a "un desacuerdo del bloque oficialista" más que a los planteos de la oposición.

Y si bien Unidos tiene una mayoría que casi les alcanza para garantizarse la aprobación de proyectos, lo cierto es que siempre deben contar con algún aliado de turno. En esta ocasión fueron los diputados de las distintas bancadas celestes, como Amalia Granata —pese a que remarcó que, para ella, algunos artículos "van a generar más problemas"— y Silvia Malfesi, ambas nucleadas en Somos Vida, además de Juan Domingo Argañaraz, del bloque Inspirar. Todos acompañaron ambas iniciativas en general, aunque plantearon objeciones a algunos artículos en particular.

"Votaremos en contra de algunos artículos porque creemos que no se deben violar algunas libertades básicas, como es el caso concreto de la obligación de retener un celular siempre que el demorado se niegue a mostrarlo", planteó Malfesi, fundándose en tratados internacionales que cuestionan dicha medida. Otra diputada que remarcó su voto a favor fue Natalia Armas Belavi, de Vida y Familia.

Para cerrar, la diputada socialista Lionella Cattalini ponderó el trabajo de la Legislatura en "mejorar" el proyecto enviado desde el Ejecutivo, y remarcó como ejemplo que el debate permitió "agregar la creación de un registro público de celulares robados, exigir campañas de prevención y brindar criterios de razonabilidad al Ministerio Público".

En síntesis, la ley que habilita la requisa de celulares en la vía pública fue aprobada con 35 votos positivos y 11 negativos, mientras que la iniciativa que dispone una defensa pública para policías se aprobó con 34 votos positivos, ninguno negativo y tres abstenciones. Ambas obtuvieron media sanción y deberán ser ratificadas por el Senado. Mientras tanto, el grueso del paquete de seguridad de Pullaro seguirá esperando en Diputados.