El fiscal Fernando Dalmau solicitó nueve años de prisión efectiva para Norma Acosta, investigada por organizar un ataque a tiros contra su propia casa, ubicada en pasaje Larguía al 3400, en Rosario. Según la acusación, la mujer buscó instalar la hipótesis de una represalia de la Policía de Santa Fe y presentarse públicamente como víctima de una persecución. La solicitud se realizó este miércoles, más de un año después de su detención preventiva.

La investigación sitúa el hecho en mayo de 2025, luego de que la Policía provincial realizara 34 allanamientos y detuviera a 16 uniformados en una causa por presunta malversación de combustible. De acuerdo con la fiscalía, Acosta aprovechó ese contexto para denunciar en sus redes sociales a integrantes de la fuerza y, dos días después de esas publicaciones, su vivienda recibió cinco disparos. Para los investigadores, el ataque fue organizado con el objetivo de reforzar su imagen de denunciante perseguida por las autoridades.

Según la acusación, Juan José Gómez, conocido como Jota Jota Gómez y vinculado con las barras bravas de Rosario Central y Newell's, habría sido el encargado de conseguir a los autores materiales y las armas. La fiscalía sostiene que Gómez contactó a Nahuel «Monta» Depetris, quien reclutó a dos jóvenes para ejecutar la balacera. El ataque se concretó el 7 de mayo de 2025, cuando los tiradores dispararon cinco veces contra la vivienda con un arma calibre 9 milímetros. La causa también investiga la posible participación de otras personas en la planificación del hecho.

Además de atribuirle la organización del ataque, Dalmau acusó a Acosta de falso testimonio. Según la investigación, la mujer declaró que había presenciado la balacera cuando salía de su casa y que había visto a un hombre bajar de un automóvil y disparar. La fiscalía sostiene que esa versión fue desmentida por las pruebas reunidas, que apuntaron a los jóvenes contactados por Depetris. También le atribuyó amenazas contra un efectivo de Asuntos Internos durante el allanamiento en el que fue detenida, en septiembre de 2025, y la eliminación de conversaciones de WhatsApp y otras aplicaciones que podrían resultar relevantes para la causa.

La acusación incluye los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de menores, abuso de armas en calidad de instigadora, falso testimonio, amenazas y violación de sellos y documentos por la sustracción e inutilización de objetos bajo custodia. El juez de Primera Instancia Hernán Postma admitió la acusación fiscal y prorrogó la prisión preventiva de Acosta por 120 días. Por el ataque también hay otros sospechosos detenidos, entre ellos Gómez y Depetris, mientras la investigación busca determinar el alcance de las responsabilidades de cada uno.