En el cierre de la Argentina Week en París, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli presentaron el Programa de Ciudadanía por Inversión: cualquier extranjero que deposite US$350.000 en el Tesoro –sin derecho a devolución– puede obtener la ciudadanía argentina sin haber vivido un solo día en el país. El plan B es comprar un bono de US$800.000 a siete años y sin intereses. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años cotizan US$100.000 cada uno; los menores de 18, US$25.000. La familia tipo se lleva el combo por US$500.000. Las solicitudes se recibirían desde el cuarto trimestre de este año. "El pasaporte argentino cotiza muy bien", dijo Caputo. Santilli habló de "una Argentina que abre los brazos a ciudadanos del mundo que quieran venir a invertir".

La letra chica es tan importante como el precio. Los montos no figuran en ninguna norma: no hay resolución en el Boletín Oficial que fije montos, sectores ni condiciones. El programa nació con el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía 346 para permitir que un extranjero con una "inversión relevante" se naturalice sin los dos años de residencia que se le exigen al resto, y le pasó el trámite de los jueces a Migraciones. El Decreto 524/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en la órbita de Economía. Esa base está impugnada: el 30 de junio la Cámara Nacional Electoral declaró nulo ese traspaso de facultades al resolver el caso del comerciante Liping Yang, y el 18 de junio la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal había declarado inconstitucionales los artículos del DNU que desplazaron a los jueces. El Gobierno apeló a la Corte Suprema, pero salió a vender en París un producto cuya base legal está en discusión.

¿Quién diseña el negocio? A fines de 2025 Economía abrió un concurso internacional para contratar un operador por cuatro años o hasta emitir 5.000 recomendaciones de aprobación, con un detalle: el Estado pagaba solo por solicitud aprobada y el contratista podía además cobrarles a los inversores. Se presentaron seis ofertas. Henley & Partners pidió US$25 millones; un consorcio encabezado por una firma chilena ofertó US$50.000 por todo el contrato, unos diez dólares por pasaporte aprobado. En marzo el comité evaluador recomendó adjudicárselo, pero el 14 de abril Caputo firmó la Resolución 522/2026 y dejó sin efecto la licitación por "divergencias relevantes". Un mes después, las mismas firmas —con base en Malta, Dubái, Montreal y Chile— reaparecieron juntas como AMIGO Ltd, firmando un "acuerdo de colaboración técnica no oneroso" para asesorar gratis la arquitectura del programa, los umbrales de inversión y los filtros de due diligence. La sociedad no figura en el registro británico ni se informó dónde está registrada ni quién la dirige.

El apuro tiene números. La Argentina sigue afuera de los mercados internacionales de capitales y el Tesoro enfrenta casi US$25.000 millones en pagos en moneda extranjera con vencimiento en 2027. Un consorcio de consultoras estimó que el programa podría recaudar hasta US$2.500 millones. Y el anuncio llegó exactamente 72 horas después de que la Corte Suprema —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— revocara el fallo que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y dejara sin efecto la Ley de Tierras, que ponía un techo del 15% a la tierra rural en manos extranjeras, un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y prohibía comprar espejos de agua y zonas de frontera. Como esa ley limitaba a las "personas extranjeras" y un ciudadano naturalizado no lo es, el pasaporte funciona como llave: con la ciudadanía en el bolsillo, ningún tope alcanza al comprador.

La oposición reaccionó el mismo fin de semana. El diputado Agustín Rossi, con la firma de Kelly Olmos, presentó un proyecto de "Ley de Prohibición de la Venta de la Ciudadanía Argentina" que deroga el fundamento de "inversión relevante" del DNU 366/2025, disuelve la agencia creada para vender pasaportes, prohíbe emitir títulos públicos que otorguen ciudadanía, veta la contratación de intermediarios y declara sin validez las ciudadanías ya concedidas por esa vía. "Milei y Caputo están entregando dos bienes que no son renovables: territorio y pertenencia a la Nación", dijo Rossi, y advirtió: "Con 350.000 dólares, un extranjero puede venir y comprar costas, lagos o tierras de fronteras, sin cupo ni autorización previa. Ser argentino no tiene precio". En el Senado, José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino pidieron restituir la Ley de Tierras; en Diputados, Miguel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una cautelar. El 15 de octubre a las 14 la oposición buscará sesión especial para voltear el DNU 70 completo: necesita 129 diputados y hoy reúne alrededor de 110.