Desde que se conoció públicamente la investigación sobre presuntas irregularidades en nacimientos ocurridos décadas atrás, más de 60 personas consultaron a la Fiscalía de Rosario para averiguar si su historia familiar podría estar vinculada con el expediente.

La investigación, que comenzó a partir del caso de una mujer registrada como nacida en 1970 con datos presuntamente falsos sobre su filiación, dio ahora otro paso judicial: la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa de una partera de 88 años, Dolly Viale, y resolvió que la pesquisa debe continuar.

La decisión fue adoptada por los jueces Aníbal Pineda, Elida Vidal y Florentino Malaponte, quienes confirmaron por unanimidad lo resuelto dos semanas atrás por el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. La defensa había recurrido aquella resolución para intentar cerrar el expediente por el paso del tiempo.

La fiscal federal Soledad García sostuvo ante la Cámara que la investigación todavía está en una etapa inicial y que la calificación jurídica de los hechos puede modificarse a medida que aparezcan nuevas pruebas y eventuales víctimas.

La causa está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Además del caso principal, se investigan otras siete situaciones correspondientes a personas nacidas entre 1968 y 1980, período durante el cual la partera trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña.


LA JUSTICIA PIDIÓ NO CERRAR LA CAUSA

El tribunal consideró que todavía no están reunidos los elementos necesarios para determinar si efectivamente operó la prescripción. Para los jueces, antes es necesario establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos, cuándo comenzaron y si tuvieron continuidad.

Pineda sostuvo que la hipótesis presentada por la Fiscalía es todavía provisoria y que la existencia de otras posibles víctimas puede modificar el alcance de la investigación. Por eso, consideró prematuro establecer desde qué momento debería comenzar a computarse el plazo de prescripción.

El magistrado también destacó la gravedad de la supresión de identidad y su relación con el derecho de las víctimas a conocer sus verdaderos orígenes.

En la misma línea, Malaponte sostuvo que cerrar el expediente en esta etapa implicaría anticipar una conclusión cuando todavía resta producir prueba. También recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino a través de los tratados internacionales vinculados con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La jueza Vidal agregó un elemento central: según la hipótesis fiscal, la conducta atribuida a la partera no se limitaría a un episodio ocurrido en 1970, sino que podría haberse extendido durante al menos doce años.

"Conocemos que hay al menos siete denuncias y podría haber más", señaló la magistrada durante la audiencia.

Vidal también advirtió que la investigación podría abarcar delitos diferentes de la falsificación de documentación si se comprobara que algunos bebés fueron separados de sus madres sin consentimiento y posteriormente ocultados o entregados a terceros.




UN CASO QUE ABRIÓ LA PUERTA A OTROS

El expediente se inició por la situación de una mujer cuya partida de nacimiento consignaba como padres biológicos a E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos. La mujer, identificada como C.E.M.Q. en la causa, descubrió mediante un estudio genético que quien figuraba como su madre no tenía ningún vínculo biológico con ella.

La Fiscalía atribuye a la partera haber confeccionado en enero de 1970 un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de la niña.

A partir de ese caso comenzaron a incorporarse otras denuncias. Y la difusión pública de la investigación produjo un efecto que ahora la Fiscalía considera relevante: más de 60 personas se comunicaron o se presentaron para realizar consultas y tratar de establecer si sus propias historias de nacimiento podrían tener alguna conexión con la pesquisa.

No significa que esas personas hayan sido incorporadas como víctimas ni que exista una relación comprobada con la causa. Se trata, hasta ahora, de consultas que deberán ser evaluadas individualmente para determinar si aportan elementos que permitan ampliar la investigación.

El Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario realiza entrevistas y brinda acompañamiento a quienes se presentan con dudas sobre su filiación o con información relacionada con los hechos investigados.


LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA

Para la Fiscalía, todavía resta incorporar documentación y otros elementos de prueba que permitan reconstruir qué ocurrió con los nacimientos investigados y cuál habría sido el papel concreto de la partera.

La resolución de la Cámara no determina la responsabilidad penal de la acusada. Tampoco establece que haya existido una organización dedicada a la entrega de bebés: esos extremos forman parte de las hipótesis que la investigación deberá confirmar o descartar.

Lo que sí resolvieron los jueces es que, en este momento, no corresponde cerrar el expediente por prescripción porque todavía no está determinado el alcance temporal y material de los hechos.

La Unidad Fiscal Rosario mantiene habilitado el correo atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para recibir información de personas que puedan aportar datos sobre los nacimientos investigados o que necesiten orientación frente a dudas sobre su identidad de origen.