Las entidades que agrupan a las pequeñas y medianas empresas denunciaron una nueva escalada de hostigamiento fiscal: aseguran que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) multiplicó las ejecuciones y los embargos “exprés”, sin notificación previa y a partir de incumplimientos mínimos. Una cuota de moratoria caída, un impuesto pagado fuera de término o los intereses acumulados alcanzan para que les traben las cuentas. “La situación del ARCA es de persecución. Los embargos son exprés, no hay ninguna notificación previa”, denunció Mauro González, titular de la Confederación Federal Pyme. El sector reclama desde el año pasado la emergencia pyme, que incluye suspender por 180 días los juicios y los embargos. Nada de eso ocurrió: según los empresarios, la situación no se detuvo y empeoró.

“Lo que venimos advirtiendo en los diferentes Juzgados Comerciales es el crecimiento de concursos y quiebras. Los niveles que estamos viviendo son los mismos que en 2001”, planteó el dirigente. Cuando los empresarios fueron a reclamar, ARCA se desligó y lo atribuyó a Economía; en el ministerio que conduce Luis Caputo devolvieron la pelota al organismo recaudador. “Nadie nos da una respuesta”, resumió González. La misma escena se había repetido en la reunión de la Unión Industrial Argentina con la Secretaría de Coordinación Productiva, donde el sector pidió precisamente suspender las ejecuciones de ARCA contra las pymes y se fue con las manos vacías: “No nos llevamos nada en concreto”, contó un asistente, que lo sintetizó de otro modo: “Todos los días se cae una empresa y nadie dice nada”.

El caso testigo es Jutex, una de las textiles más importantes de la confección tercerizada, que abastece a marcas como Portsaid, Le Utthe y Rapsodia. Debe unos $700 millones y entró en concurso de acreedores: su principal acreedor es el propio ARCA, al que le adeuda más de $102 millones, y al mismo tiempo es el organismo que le inmovilizó la cuenta bancaria. “La inmovilización de la cuenta es un golpe de gracia para la operatividad”, advierten en el sector, donde señalan que muchas empresas ya arrastraban complicaciones para pagar a proveedores y al personal por la suba de costos y el derrumbe de la producción tras la apertura de importaciones.

La crisis también se lleva puesta a la cadena autopartista. La firma Clapp, proveedora de Peugeot-Citroën (Stellantis), anunció que en noviembre cierra su planta de Jeppener, en el partido de Brandsen, donde trabajan más de 30 operarios: una fábrica con 77 años de historia que fue el motor de crecimiento de la localidad y que entre 1982 y 1998 estuvo en manos de Sevel. En abril ya había despedido a la mitad de su personal, por el recorte de un turno en la planta de El Palomar. En el mismo frente quedaron sin trabajo más de 200 personas de Kromberg & Schubert, instalada hace más de 15 años solo para fabricar mazos de cables para la pick-up Amarok; también cerró Irauto (techos interiores), con 80 trabajadores, y quedó golpeada Pelzer System (alfombras).

Lo que el Gobierno presenta como “récord de inversiones” automotrices tiene otra cara. Según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), varias de esas inversiones “son para producir bajo un esquema de CKDización”, es decir con un ensamblaje casi total de piezas importadas. La nueva generación de la Volkswagen Amarok, que se armará en Pacheco, llegará con autopartes en gran parte provenientes de China. Los números acompañan: la producción industrial cayó 5,7% interanual en agosto y acumula una baja de 3% en ocho meses, 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. La actividad económica general se hundió 2,9% en julio, su peor caída del año.

El contraste es difícil de evitar. Mientras en París Milei les pidió “paciencia” a los grandes empresarios, les prometió una “bazuca” de US$ 75.000 millones para cruzar el año electoral y aseguró que si es reelecto “2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, el riesgo país volvió a superar los 650 puntos y cerró en su nivel más alto del año. La CGT ya fijó una marcha para el 8 de octubre a las 15.30 frente a la Secretaría de Industria bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, ratificó un paro nacional antes de fin de año y las dos CTA van a una huelga a fines de octubre.