Bahía Blanca suma otro proyecto de urea y Santa Fe sigue esperando un caño. Profertil contrató a Techint Ingeniería & Construcción y a la italiana Saipem para hacer los estudios preliminares de una nueva planta de urea en el polo petroquímico de Ingeniero White, con una inversión estimada en US$ 2.000 millones, capacidad para 4.450 toneladas diarias (unos 1,6 millones de toneladas anuales) y la intención de presentarse al RIGI antes de fin de año. Profertil es hoy la única productora de urea granulada del país, controlada por Adecoagro (90%) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (10%).

Es el tercer anuncio de urea que aterriza en el sur bonaerense en pocos meses y el contraste con el Gran Rosario es cada vez más difícil de explicar. Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin, tenía dos proyectos gemelos de fertilizantes en carpeta: uno en Puerto General San Martín, en el corazón del cordón industrial santafesino, y otro en Bahía Blanca. El 17 de julio de 2026 el directorio aprobó la decisión final de inversión por US$ 2.700 millones para el complejo de Bahía Blanca: dos plantas de urea de 3.000 toneladas diarias cada una, una planta de amoníaco de 3.450 toneladas diarias y 2,1 millones de toneladas anuales, la mayor planta de urea de América Latina. El Ministerio de Economía le aprobó el ingreso al RIGI por Resolución 1468/2026, publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre, con un desembolso de US$ 2.693 millones hasta fines de 2029. La obra quedó en manos del consorcio Tecnimont-SACDE y, según la empresa, generará más de 3.500 puestos de trabajo durante la construcción.

El proyecto santafesino, en cambio, quedó en el freezer. La planta de urea y amoníaco de Puerto General San Martín, con una inversión de entre US$ 1.200 y US$ 1.800 millones, 1,3 millones de toneladas anuales y entre 400 y 600 empleos directos permanentes más otros 1.200 a 1.800 indirectos, depende de que el gas de Vaca Muerta llegue a la provincia. Para eso hace falta completar el tramo Salliqueló-San Jerónimo del Gasoducto Perito Moreno: 524 kilómetros de caño de 36 pulgadas con capacidad para transportar 21 millones de metros cúbicos diarios, con un costo estimado en US$ 2.300 millones. En octubre de 2023 se había aprobado el llamado a licitación para comprar los caños; en 2024, la administración de Javier Milei desistió del diseño original, dio de baja la obra pública y la reemplazó por obras de compresión y ampliaciones de menor alcance.

Mientras el ducto a Santa Fe quedaba sin financiamiento, el Gobierno le dio luz verde al que conecta Vaca Muerta directamente con Córdoba: la transportista TGN presentó una inversión de US$ 2.200 millones para unir Tratayén con La Carlota, un proyecto que favorece al gobernador cordobés Martín Llaryora y que dejó al tramo santafesino sin lugar en el cronograma. La comparación quedó planteada por los propios protagonistas del cordón industrial: una inversión de US$ 2.700 millones avanza en el sur bonaerense y otra de hasta US$ 1.800 millones quedó en espera en el norte santafesino, atada al futuro de un caño que fue licitado y luego suspendido.

El otro capítulo de la misma historia se escribió el 22 de julio, cuando Pampa Energía anunció el cierre definitivo de la producción de caucho sintético en su complejo de Puerto General San Martín, la histórica ex PASA Petroquímica y única planta del país que fabricaba ese insumo, con más de 130 puestos de trabajo en riesgo. La empresa justificó la medida en la caída del mercado local de neumáticos, golpeado por el cierre de Fate, uno de sus principales compradores. «Cerramos la planta de caucho y ahora la Argentina va a importar lo que producíamos», resumió el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), Mauricio Brizuela, que advirtió que el país quedará sin producción nacional de un insumo estratégico para la industria automotriz y de la construcción.

El SOEPU llevó el reclamo al Congreso y a la Legislatura. El 24 de septiembre presentó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Julia Strada, un anteproyecto de ley para completar el tramo Salliqueló-San Jerónimo, y ante el gobierno de Maximiliano Pullaro impulsó un proyecto para declarar la obra de interés público provincial, estratégico y prioritario. El gremio pidió que Santa Fe asuma un rol activo en las gestiones ante la Nación y explore alternativas de financiamiento, pero la reunión prevista con funcionarios del Ministerio de Producción y Enerfe para avanzar con el proyecto se suspendió a fines de septiembre y todavía no tiene nueva fecha. «La energía es la llave de la industria», repitieron desde el cordón industrial, mientras el polo petroquímico más importante del país sigue esperando el gas que le permita producir fertilizantes en lugar de importarlos.



El costo de esa espera se mide en divisas y en puestos de trabajo. En 2025 la Argentina importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, un 28% más que el año anterior, y 2,1 millones de esas toneladas fueron nitrogenados que podrían producirse localmente. Mientras Bahía Blanca se prepara para transformar el gas de Vaca Muerta en urea, el Gran Rosario —con la desocupación más alta del país, 11,5%, y 32.290 empresas cerradas desde noviembre de 2023, según el CEPA— asiste a la foto inversa: la mayor inversión industrial del siglo para la región quedó en carpeta, condicionada a una decisión de infraestructura que se tomó en Buenos Aires.