La reunión estaba convocada para acercar posiciones y terminó a los gritos. El miércoles, en la Secretaría de Agricultura, el secretario de Desregulación Alejandro Cacace –mano derecha de Federico Sturzenegger– perdió la paciencia ante la falta de acuerdo entre productores y semilleras y avisó que el Gobierno avanzará con la propuesta de las multinacionales. "Hasta acá llegué, voy a redactar la ley con Bayer, necesitamos insertarnos en el mundo", dijo a los gritos, según reconstruyó La Política Online con testigos del encuentro. "Se brotó, le agarró un ataque de bronca y empezó a los gritos", contó uno de los asistentes. De un lado de la mesa estaban Bayer, Corteva, Syngenta y la Asociación de Semilleros Argentinos; del otro, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria.

El nudo es una práctica de más de medio siglo: el "uso propio", el derecho de cada productor a guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar otra vez por la tecnología. La Ley 20.247 lo permite; lo que no permite es la "bolsa blanca", la comercialización informal de semilla. Cacace mezcló las dos cosas cuando afirmó públicamente que "el 70% del comercio de semillas es ilegal en la Argentina", una frase que le valió el rechazo cerrado del sector. Detrás de la diferencia técnica hay una pelea económica enorme: quién se queda con una parte del valor de la genética cada vez que una semilla vuelve a usarse. Las empresas sostienen que sin regalías suficientes se cae el incentivo para investigar; los productores discuten hasta dónde ese derecho puede extenderse sobre una práctica histórica.

La discusión se había encarrilado con un criterio: usar los deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para definir quién paga y quién no. Las entidades propusieron que el pago por uso propio en soja, trigo y arroz alcance a los deciles 1, 2 y 3 –cerca del 30% de los productores, que concentran el 82,72% de la superficie– y que del 4 al 10 queden exceptuados. La industria semillera quiere extender el pago hasta el decil 6, alrededor del 60% de los productores y el 95,44% de la superficie: la diferencia involucra a 16.818 productores, según los números que publicó La Nación. Ya había quedado descartada la idea inicial de una excepción general para quienes siembran hasta 500 hectáreas.

El apuro oficial tiene una explicación geopolítica. La Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo comercial que incluyó compromisos para reforzar la protección de la propiedad intelectual de las empresas norteamericanas, con dos capítulos centrales: medicamentos y semillas. Y el Gobierno asumió el compromiso de avanzar hacia el Acta UPOV 91, el esquema que amplía los derechos de los obtentores y redefine las condiciones del uso propio. Hoy el país está adherido al Acta 78, igual que el resto del Mercosur y Chile. Todas las entidades de la producción le comunicaron al Gobierno que no quieren pasar a UPOV 91; el proyecto oficial igual sigue adelante porque hay que mostrarle a la gestión de Donald Trump que el compromiso se cumple. La ratificación del acuerdo comercial, además, sigue demorada en el Congreso.

En paralelo, el Gobierno ya montó un mecanismo de control sobre el grano. En junio, el Inase y Agricultura habilitaron un protocolo para verificar la identidad varietal de los granos en los primeros puntos de entrega de la cadena: las muestras pueden ser analizadas por cámaras arbitrales y entidades privadas habilitadas, y los titulares de variedades protegidas acceden a los resultados para denunciar eventuales infracciones. En la práctica, el control se traslada adonde se descarga la cosecha, con los acopios y las terminales del Gran Rosario como principal nodo agroexportador del país. Los productores advirtieron que un esquema así, combinado con UPOV 91, puede derivar en "esquemas persecutorios", tal como planteó Federación Agraria, que ratificó su rechazo al tratado internacional.

La pelea no es solo entre chacareros y multinacionales: en el medio juega el gigante argentino de la genética. GDM (Grupo Don Mario), nacido en Chacabuco en 1982, controla más de la mitad del mercado argentino de semillas de soja genéticamente modificada y en 2021 superaba el 70% en Brasil; facturó alrededor de 550 millones de dólares en 2022 y compró el negocio de maíz y sorgo de la alemana KWS en Argentina y Brasil. Cacace sostiene que el país pierde unos 6.000 millones de dólares por proteger mal la propiedad intelectual aplicada a las semillas. Con la amenaza de redactar la ley "con Bayer" sobre la mesa, el Gobierno dice ahora que definirá por su cuenta el criterio del uso propio y que enviará el proyecto al Congreso.