El crédito dejó de ser una herramienta para proyectar el futuro y se convirtió en un recurso para llegar a fin de mes. Esa fue una de las ideas que atravesó la jornada de debate sobre el sobreendeudamiento de las familias que se realizó este martes en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, con la participación de especialistas, representantes de organizaciones sociales, universidades, entidades financieras, colegios profesionales y organismos públicos.

La actividad, impulsada por la diputada provincial Gisel Mahmud, puso sobre la mesa una recurrente problemática de la actualidad argentina que combina la caída de los ingresos, el crecimiento del crédito, las altas tasas de interés y las dificultades para afrontar los compromisos asumidos. Fue una oportunidad para discutir sobre las herramientas legales disponibles y el papel que debe desempeñar el Estado frente a las familias que ya no pueden pagar sus deudas.

“Hay 412 mil santafesinos afectados, de acuerdo a los datos de Cepa. La mayoría de esta mora es para solventar gastos diarios”, señaló Mahmud al abrir el encuentro. Luego, la legisladora socialista de Unidos vinculó el fenómeno con "decisiones de la política nacional" y planteó la necesidad de avanzar "en una regulación que proteja a los consumidores".

“Hoy el crédito ya no es una escalera al futuro, sino un salvavidas para sobrellevar el presente”, resumió. También propuso discutir una norma que permita establecer mecanismos de protección para los usuarios y avanzar en un "esquema extrajudicial de saneamiento de deudas".


EL COSTO DE ENDEUDARSE

Uno de los diagnósticos económicos estuvo a cargo de Emiliano Libman, economista del centro de estudios Fundar, quien describió el sobreendeudamiento como un fenómeno "particularmente asociado a los sectores urbanos" y advirtió sobre el peso de las billeteras virtuales y los bancos privados entre las personas en mora.

“De cada 40 personas en mora, el 42 por ciento lo está con billeteras virtuales y el 21 por ciento en bancos privados”, detalló. Según explicó, al observar los montos involucrados, la morosidad más baja se registra en las billeteras virtuales, lo que permite advertir que suelen funcionar como "una herramienta para afrontar los gastos cotidianos".

Sobre tal línea, Libman identificó cuatro factores para explicar el deterioro de la situación financiera de los hogares: una caída promedio de los ingresos del 16,5 por ciento, un aumento del crédito del 58 por ciento, una suba de las tasas de interés del 32 al 60 por ciento en promedio y un incremento de la mora del 17,5 por ciento.

El economista también repasó distintos acontecimientos de 2024 que, según su análisis, incidieron en la evolución de las tasas de interés. Entre ellos mencionó la relación con el Fondo Monetario Internacional, la liberación del cepo y el desarme de las LEFI, además del resultado electoral adverso para el Gobierno nacional en elecciones provinciales.

Para Libman el problema "excede la capacidad individual de pago" y por eso "debería darse una discusión de política pública profunda sobre este tema, porque a la larga está en juego la actividad económica”. Luego planteó la posibilidad de crear un mecanismo provincial de Defensa del Consumidor Financiero que pueda "mediar y sancionar", junto con campañas de concientización sobre los riesgos del endeudamiento.

“En Santa Fe, uno de cada cuatro deudores está en mora. Y sin recuperación del ingreso real, ninguna solución financiera alcanza”, afirmó como cierre.


LOS LÍMITES DE LA PROTECCIÓN

La dimensión jurídica del problema fue abordada por Paula Arias, presidenta de la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (APRECO), quien repasó las herramientas disponibles y las dificultades que persisten para garantizar una protección efectiva de las personas endeudadas.

Arias mencionó el decreto provincial 1014 como una respuesta parcial, con medidas vinculadas a los límites de las retenciones salariales y mecanismos específicos para la refinanciación de deudas. No obstante, consideró que se trata de "una solución de corto plazo frente a un fenómeno más amplio".

Entre los factores que contribuyen al sobreendeudamiento enumeró la "facilidad para acceder al crédito online" mediante empresas fintech, los códigos de descuento sobre los haberes, la publicidad engañosa, la ausencia de evaluaciones de solvencia y las prácticas desleales o abusivas.

También repasó las alternativas que ofrece el marco legal vigente, desde el Régimen de Concursos y Quiebras (Ley 24.522) hasta las normas de defensa del consumidor y otros regímenes especiales. Sobre la posibilidad de recurrir a la quiebra, expresó sus reparos porque, según explicó, "ese régimen busca satisfacer a los acreedores".

Sin embargo, la especialista remarcó que la protección de consumidores y usuarios tiene respaldo constitucional. Mencionó tanto el artículo 42 de la Constitución nacional como el artículo 32 de la nueva Constitución santafesina: “Existe un mandato constitucional para la tutela de consumidores y usuarios, pero la provincia de Santa Fe es la única a nivel nacional que no tiene una ley de implementación de los derechos del consumidor”, argumentó Arias.


UN ESTADO AUSENTE

El intercambio tuvo hacia el final una dimensión parlamentaria, con intervenciones de los diputados presentes que coincidieron en la necesidad de "fortalecer las respuestas del Estado" frente al endeudamiento.

Marcos Corach, del PJ, planteó una diferencia de enfoque con el Gobierno nacional ya que “para el presidente Milei (el endeudamiento) es un tema entre privados, pero nosotros queremos un rol mucho más activo del Gobierno provincial”, expresó.

Como antecedente, recordó la implementación de Billetera Santa Fe durante la gestión del exgobernador Omar Perotti y defendió la necesidad de que el Estado "intervenga mediante políticas públicas, y no solamente a través de organismos de defensa ciudadana".

En idéntica línea, la diputada Lucila de Ponti consideró que existe margen para redactar "una legislación más robusta para las personas que actualmente se encuentran sobreendeudadas, que incluya un abordaje estructural para el derechos de los consumidores”, planteó.

Por su parte, el radical Sergio Rojas advirtió que el análisis de las deudas "no puede limitarse a los ingresos de cada hogar y también debe evaluarse dónde vive cada familia". "En zonas donde no hay gas natural, por ejemplo, es más complicado afrontar las tarifas de servicio junto a las deudas”, señaló.

A modo de cierre, Mahmud retomó dos cuestiones que atravesaron las distintas exposiciones: "Por un lado pensar qué hacemos con quienes están sufriendo abusos y crisis de salud mental por sus actuales deudas; y por el otro qué hacemos con las deudas parlamentarias que no nos permite tener un esquema más robusto para afrontar el problema”, planteó.

“Tenemos una deuda y una responsabilidad para trabajar en la Legislatura”, concluyó.


AMPLIO ALCANCE

La jornada reunió a representantes de distintos espacios institucionales y sectores vinculados con la problemática. Participaron Eugenio Serafino, de DEMOS Centro de Estudio; Alexis Marega, de la UCSF; Ezequiel Vázquez Grosso, de CEPA; Liliana Dillon, de la UNL; Horacio Coutaz, de la Subsecretaría de Recursos Humanos y la Función Pública de Santa Fe; Lavih Abraham, de MATè Economía; Andrea Cuevas, del Movimiento Los Sin Techo; Florencia Gentile, de la Municipalidad de Santa Fe; Arístides Lasarte y Jorge Chiabrando, vinculados a la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades; y representantes de otros organismos e instituciones.

También estuvieron presentes el juez civil y comercial de Rafaela Marcelo Gelcich; Santiago Barbarach y Claudia Francavilla, del Instituto de Derecho Concursal de Rosario; Leandro Busatto y Macarena Garfagnoli, del Colegio de Abogados de Rosario; Ángel Moia, del Foro de Jueces Concursalistas; Gonzalo Sozzo, de la UNL; Virginia Dagotto, de la UNR; Joaquín Lucero, de Vector Regional; Carlos Ghisolfo y Narciso Carrizo, de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas; Claudio Forneris, del Banco Municipal de Rosario; y Ariadna Ciammarriello, de la Oficina de Derechos Ciudadanos, Usuarios y Consumidores de Rosario.

Además, asistieron Érica del Elce, de APRECO; Bruno Biancaria, de la UIF; y Luciano Flores, del BCSF. La actividad contó también con la presencia de los diputados provinciales Mariano Cuvertino, Lucila De Ponti, Germán Scavuzzo, Marcos Corach y Sergio Rojas.