Le llaman "bunker" como si fueran fortalezas inexpugnables, pero en realidad eran dos casillas miserables, de ladrillo hueco y chapas viejas. Eran los dos inmuebles señalados en una investigación por venta de drogas y violencia vinculada a disputas territoriales que este jueves cayeron bajo la maza y la piqueta, derribados en French al 2000, en Rosario. De acuerdo con la acusación fiscal, los lugares estaban relacionados con una organización que tendría entre sus integrantes a Francisco Riquelme, su hijo Ezequiel y otras personas.

La intervención fue realizada en el marco de la Ley de Microtráfico, que permite avanzar sobre inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes y sobre propiedades vinculadas con hechos de violencia altamente lesiva. Con los procedimientos de este jueves, ya suman 92 los puntos de venta de drogas derribados en Rosario y 152 en toda la provincia desde el comienzo de la actual gestión provincial.

La causa que derivó en los allanamientos y posteriores derribos reúne una serie de episodios violentos ocurridos en la zona. Según explicaron las fiscales Mercedes Banchio y Marina Vigo, la investigación abarca tres homicidios, una tentativa de homicidio, usurpaciones y amenazas calificadas.

La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación sostiene que esos hechos estuvieron vinculados con una disputa por el control territorial y con el intento de apropiarse de viviendas para utilizarlas como puntos de venta de estupefacientes.




UNA ESTRUCTURA CON ÓRDENES DESDE LA CÁRCEL

Según la investigación, la organización habría sido encabezada por Francisco Riquelme, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Su hijo, Ezequiel Riquelme, fue imputado como presunto organizador territorial de la estructura.

Los fiscales también señalaron como particularidad de la causa la participación atribuida a un abogado radicado en Buenos Aires, quien habría funcionado como intermediario entre Riquelme padre, su hijo y otros integrantes de la organización.

De acuerdo con la acusación, el abogado habría servido para transmitir hacia el territorio órdenes impartidas desde el penal federal, mediante una triangulación de comunicaciones.

La investigación se inició a partir del homicidio de una persona de apellido Sosa y posteriormente incorporó otros episodios violentos. Para la fiscal Vigo, el análisis de esos hechos permitió reconstruir parte del funcionamiento de la estructura investigada y su disputa por determinados inmuebles.

Más de 15 personas fueron imputadas en el expediente, entre ellas quienes son señalados como responsables de la organización y el abogado acusado de actuar como nexo.


LOS DERRIBOS Y LA LEY DE MICROTRÁFICO

Los operativos fueron supervisados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del MPA, con participación de la Policía de Investigaciones.

El secretario de Seguridad, Omar Pereira, sostuvo que las unidades de Violencia Altamente Lesiva y Microtráfico de la PDI trabajaron sobre la investigación que permitió identificar los inmuebles intervenidos, a los que calificó como lugares vinculados con episodios de violencia en el barrio.

La Ley de Microtráfico comenzó a aplicarse en Santa Fe a principios de 2024 y habilita a la Justicia provincial a investigar y perseguir la venta minorista de drogas, además de intervenir sobre propiedades utilizadas para esa actividad o relacionadas con hechos violentos.

Desde entonces, según el Gobierno provincial, fueron 152 los inmuebles derribados en Santa Fe, de los cuales 92 corresponden a Rosario.

En la causa de French al 2000, la investigación judicial busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y reconstruir la relación entre los episodios de violencia y el funcionamiento de los puntos de venta que fueron intervenidos.