El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y a funcionarios nacionales por el manejo del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, la bolsa que se nutre del 4,31% del impuesto a los combustibles y que por ley debe destinarse a obras de prevención de inundaciones, saneamiento y agua potable. El expediente quedó radicado el miércoles 21 de octubre en el Juzgado Federal N.º 1 de San Martín, a cargo de Emiliano Ramón Canicoba, y alcanza también al secretario de Finanzas Federico Furiase, al secretario de Hacienda Carlos Guberman y a los directivos del Banco Nación en su rol de administradores fiduciarios. Los delitos que se imputan son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y retardo injustificado de pagos. Katopodis pidió constituirse como querellante y reclamó medidas urgentes: preservar la documentación contable del fideicomiso, los extractos del Banco Nación y los expedientes de rescisión de obras, además de peritajes contables e hidráulicos. La denuncia llega con El Niño encima y el Paraná en plena crecida.

Los números del fondo son el corazón de la acusación. Según la documentación oficial que la Provincia adjuntó, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el Fondo Hídrico recaudó $375.422,13 millones y pagó obras por apenas $115.990,24 millones: el 30,9%. Los $259.431,89 millones restantes —el 69,1%— no se aplicaron a obras. El contraste con la etapa anterior es brutal: en 2022 y 2023 el fondo pagó obras por más de lo que recaudaba en el año (229% y 289%), mientras que la ejecución se desplomó al 12,3% en 2024 y al 23,5% en 2025. En 2024, incluso, los gastos administrativos y operativos del propio fondo superaron el dinero invertido en infraestructura. ¿Dónde fue la plata? A instrumentos de deuda: al 1 de junio de 2026, el 85,5% de los activos del fideicomiso estaba en Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP) y, según un informe oficial de septiembre, el saldo en letras ascendía a $303.370 millones. La denuncia anticipa el argumento oficial —el DNU 425/2025 obliga a los organismos a invertir sus excedentes en letras del Tesoro— y responde: la norma no puede aplicarse retroactivamente a colocaciones anteriores a junio de 2025 y no se puede llamar “excedente” al dinero que quedó ocioso por la propia decisión del Gobierno de no ejecutar las obras.

El resultado se ve en el mapa. De las 59 obras que el fondo financia en todo el país, 32 están neutralizadas o con sus convenios rescindidos. En la provincia de Buenos Aires la situación afecta a 17 de 27 proyectos, con contratos paralizados por $37.158 millones. La denuncia enumera trabajos que quedaron cortados cuando ya estaban casi terminados: el saneamiento del arroyo Bedoya, en Escobar (96% de avance), la captación del arroyo Torres, en Merlo (87%), los desagües de la cuenca Alto Perú, en San Isidro (78,2%), y los desagües de la zona noroeste de Colón (68%). La ampliación del río Salado (Tramo IV), la obra hídrica más grande del país, arrastra demoras y parálisis desde principios de 2025. La desinversión coincide con la disolución del ENOHSA y con la cancelación o rescisión de 1.683 obras públicas sobre un portafolio nacional de 2.339 proyectos. El caso se parece al que ya tramita por los fondos viales —la causa SISVIAL, impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador Ricardo Quintela, donde la Justicia aceptó a los querellantes—, y apunta al mismo mecanismo: usar dinero con destino específico para sostener la meta de déficit cero.

El timing no es un detalle. El Instituto Nacional del Agua informó que el Paraná llegó a 3,52 metros en el puerto de Rosario este jueves y proyectó 4,14 metros para el 27 de octubre y 4,56 metros para el 3 de noviembre; el nivel de alerta local está en 5 metros y el de evacuación, en 5,25. Aguas arriba la situación ya es crítica: Corrientes marcó 7,36 metros y Barranqueras, 7,22, ambas por encima de sus umbrales de alerta y evacuación, mientras el Servicio Meteorológico mantiene alertas por tormentas fuertes en la región. En Rosario el municipio intervino 53,5 kilómetros de arroyos y canales y prevé 33.000 metros lineales de nuevos desagües para reforzar el escurrimiento en cuencas como el Ludueña y el Saladillo. Del otro lado del río de la denuncia, la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense catalogó el riesgo de saturación por inundaciones como “alto” en 48 municipios y estimó en 81% la probabilidad de un El Niño de intensidad “muy fuerte”.

Santa Fe viene pagando de su bolsillo lo que la Nación dejó de hacer. La provincia ejecutó obras y tareas preventivas en 92 de las 100 localidades identificadas como las más vulnerables, acumula más de 5.000 kilómetros de limpieza de canales y más de 400 obras hídricas en 232 distritos, invirtió $18.000 millones durante 2026 y creó un fondo de emergencia de $10.000 millones, además de un plan para recuperar 933 kilómetros de canales troncales. También tuvo que hacerse cargo de obras nacionales abandonadas: retomó con fondos propios la Cascada Saladillo, en Rosario, por $25.000 millones, y desarmó con maquinaria provincial un terraplén de 500 metros en el valle del río Salado que había dejado una obra ferroviaria nacional paralizada del Plan Circunvalar y que obstruía el escurrimiento entre Gobernador Candioti y Recreo. La Provincia había reclamado cuatro veces a la Nación que lo removiera: “Nunca obtuvimos respuesta”, dijo el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Y lo hace con menos recursos: el gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que, con las variables de 2023, Santa Fe habría recibido $765.000 millones más entre enero y septiembre de 2026, según datos del IARAF.

La denuncia también apunta al agua potable. Katopodis cuestionó la privatización de AYSA —vendida al consorcio Rowing— y anunció que el 26 de octubre el gobierno bonaerense participará de la audiencia pública para impugnar el tarifazo y exigir un plan de obras: “Cuando Milei llegó, AYSA tenía 273 obras en ejecución”, recordó. En el escrito sostiene que “la inmovilización de los fondos y el abandono de las obras habrán de tener consecuencias fácticas ruinosas para la provincia y su población, ante la inminente ocurrencia del escenario hidrológico más exigente en décadas”. La frase que resume la acusación la escribió el propio ministro en su cuenta de X: “OBRAS HÍDRICAS NO, TIMBA FINANCIERA SÍ”.