Un frente de casi 50 organizaciones sindicales, encabezado por el gastronómico Luis Barrionuevo, presentará en las próximas horas una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y reclamará la devolución de $688.000 millones que, según los gremios, el Estado mantiene retenidos y que deberían financiar las prestaciones del sistema sindical de salud.

El reclamo se compone de dos partidas. La primera son $288.000 millones depositados en un plazo fijo del Banco Nación dentro del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el esquema que paga los reintegros a las obras sociales. Su origen es una partida adicional de casi $148.000 millones que el entonces ministro Sergio Massa incorporó al Presupuesto 2023, a pedido de la CGT, para financiar prestaciones críticas —sobre todo discapacidad—, restituida sólo en parte y engrosada por los intereses del depósito. La segunda son unos $400.000 millones invertidos en Fondos FIMA del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, derivados del acuerdo de pago que OSDE suscribió en 2017 por aportes no ingresados y que quedaron en la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud por el Decreto 251/2019.

El escrito también exigirá que el Gobierno actualice el nomenclador con el que el Estado reconoce los medicamentos, congelado desde hace unos tres años. Según los gremios, ese retraso hace que las obras sociales recuperen apenas el 10% de lo que desembolsan en remedios y tratamientos de alta complejidad.

Detrás del reclamo hay un sistema al borde del colapso. De acuerdo con estimaciones de la CGT, el 90% de los aportes y contribuciones que ingresan al Fondo Solidario —un flujo cercano a los $160.000 millones por mes— se destina a prestaciones por discapacidad, cuyo costo promedio ronda el millón de pesos por afiliado. Esa absorción deja sin financiamiento las coberturas de alta complejidad y los medicamentos de mayor precio. «Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión», resumió el sanitarista Luis Scervino, asesor de la central obrera.

La presentación fue acordada en un plenario en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), con el respaldo de la UOM Capital que conduce Roberto Bonetti y del Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, que administra OSECAC, la obra social más grande del país, con unos 1,2 millones de afiliados. La jugada judicial marca un contrapunto abierto con la conducción de la CGT, a la que el espacio de Barrionuevo cuestiona por la falta de respuestas tras tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones. El gastronómico rechaza el paro parcial de dos a cuatro horas que evalúa la central obrera y reclama un paro general de 36 horas con movilización; su gremio, UTHGRA, ya ratificó una medida de fuerza nacional con marcha al Ministerio de Capital Humano para el 16 de noviembre.

El conflicto por los fondos de la salud se suma al desfinanciamiento que ya golpea a los afiliados en todo el país. RosarioPlus informó en septiembre que el PAMI acumula una deuda con prestadores superior a los $500.000 millones y que más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales suspendieron la atención programada a los jubilados, en un sistema que, igual que el de las obras sociales sindicales, se sostiene con aportes que pierden valor cada mes frente a la inflación.