El Senado convirtió en ley el jueves 24 de septiembre la reforma del régimen de Zonas Frías, con 38 votos a favor y 8 en contra y el bloque peronista ya fuera del recinto. El texto hace dos cosas al mismo tiempo: quita el descuento de gas que llegaba de manera automática a millones de usuarios de zonas templadas e intermedias -entre ellos Rosario y todo el sur de Santa Fe- y, en su artículo 4, habilita al Estado a cancelar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) por la energía que compraron en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La cifra es grande. Según la información que la Jefatura de Gabinete envió al Congreso, esas distribuidoras acumularon una deuda de 1.842 millones de dólares con CAMMESA y el 69% se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA: Edenor encabeza la lista con 438 millones de dólares y Edesur la sigue con 345 millones. El mecanismo se apoya en los llamados "activos regulatorios", es decir ingresos que las compañías sostienen que dejaron de percibir durante los períodos en que las tarifas no acompañaron la evolución de sus costos. En términos simples: una decisión de política tarifaria tomada años atrás se convierte ahora en un crédito de las empresas contra el Estado, y ese crédito se cruza con la deuda que las mismas compañías tienen por la energía que ya consumieron. A cambio, las firmas deben renunciar a "la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos" que mantenían por la emergencia energética.

El Gobierno defiende el esquema con dos argumentos. El subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, sostuvo en el Senado que cuando asumió Javier Milei CAMMESA cobraba apenas el 37% de la energía que entregaba, y que reconocer los activos regulatorios y cruzarlos con las deudas cierra un problema que se arrastra desde hace años. La secretaria de Energía, María Tettamanti, blanqueó ante los legisladores que con el recorte del subsidio al gas el fisco se ahorrará unos 400 millones de dólares por año. Del otro lado, las provincias y la oposición leen otra cosa: que mientras se ajusta a los usuarios, el Estado se hace cargo de los pasivos de las empresas.

El golpe a los usuarios también tiene mapa. En Santa Fe quedan fuera del beneficio automático unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, cerca de 1,7 millón de personas, con Rosario, Venado Tuerto y Casilda entre las ciudades afectadas, según el relevamiento de El Litoral. Esos hogares solo conservarán una bonificación si se inscriben en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y acreditan ingresos por menos de tres canastas básicas totales, un tope que ronda los 4,4 a 4,8 millones de pesos para una familia tipo. Además, el descuento ya no se calcula sobre el total de la factura sino solo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte: el transporte, la distribución y los impuestos -cerca del 60% de la boleta- dejan de estar cubiertos. Y el recargo del 7,5% que pagan todos los usuarios del resto del país para financiar el fondo sigue vigente. Las estimaciones de aumento van del 30% al 60% según la provincia y el consumo, mientras Energía calculó un incremento promedio de 15.000 pesos mensuales.

La votación dejó varias postales. El peronismo se retiró del recinto antes del debate para intentar vaciar el quórum, el oficialismo lo consiguió igual y sumó a aliados provinciales del norte con la promesa de una "zona cálida" y compensaciones en la tarifa eléctrica. La UCR se partió y los dos senadores por Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, votaron en contra junto a otros cuatro radicales. La ley, además, toca al ente regulador: el artículo 8 le quita al ENARGAS la potestad de "limitar el traslado" de costos a los consumidores cuando los precios acordados superan los negociados por otras distribuidoras en situaciones equivalentes.

El ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, denunció "discriminación" y apuntó contra el capítulo que beneficia a las eléctricas del AMBA: "Vuelve una vez más a condonar deudas multimillonarias en dólares para las empresas privadas Edenor y Edesur", dijo, y cifró ese perdón en torno a los 2.000 millones de dólares "financiado con fondos generales del Estado Nacional que aportan todos los argentinos". El senador pampeano Daniel Bensusán fue más directo al marcar el doble estándar: "Cuando se trata de jubilados, estudiantes, investigadores, personas con discapacidad o usuarios residenciales, la respuesta siempre es ajuste. Pero cuando se trata de grandes intereses económicos, aparecen las compensaciones". La ley ya está sancionada y ahora debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.