La baja de la edad de imputabilidad penal volvió a abrir una fuerte discusión política en el Concejo Municipal de Rosario. Este jueves, el cuerpo aprobó por mayoría un proyecto de la presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, que expresa su “beneplácito” por el accionar del gobierno de Maximiliano Pullaro para generar las condiciones de aplicación del nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa fue rechazada por ocho concejales de la oposición y tuvo además una abstención.

El expediente 282369 destaca la decisión de la provincia de haber dictado con anticipación un Código Procesal Penal Juvenil para posibilitar la implementación de la nueva normativa nacional. El texto sostiene que el Estado debe actuar frente a los delitos graves, pero también plantea como objetivos la educación, la resocialización y la reinserción de los adolescentes involucrados.

Schmuck defendió la iniciativa con un planteo centrado en la seguridad. Recordó los años de mayor violencia en Rosario y sostuvo que las organizaciones criminales utilizaban menores para cometer delitos. “Si un menor comete un delito tiene que responder. Con todas las garantías que corresponden, pero tiene que responder”, afirmó.

La concejala de Unidos vinculó esa merma en la tasa de homicidios con las políticas de seguridad implementadas en los últimos años y alabó la gestión de Pullaro en ese sentido.



Pero el punto que generó una de las réplicas más fuertes fue la lectura de la oposición sobre qué significa reducir la edad de imputabilidad. La concejala de Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, cuestionó especialmente que el Concejo aprobara un texto que presenta la implementación de la nueva ley como motivo de celebración.

“¿Qué estamos festejando?”, preguntó. Y sostuvo que la discusión sobre adolescentes que cometen delitos no puede separarse de las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchos de ellos.

Gigliani citó estadísticas nacionales para relativizar el peso de los delitos cometidos por menores dentro del conjunto de los delitos y afirmó que las personas de entre 12 y 17 años representan una proporción muy pequeña de los hechos delictivos, apenas 0,45%. También señaló que la mayoría de los delitos atribuidos a esa franja etaria están vinculados con la propiedad y no con homicidios.

Pero su principal argumento apuntó a los casos extremos que fueron utilizados como fundamento del debate sobre la reforma penal juvenil. En particular, se refirió al crimen del playero Bruno Bussanich, en marzo de 2024, en la estación Puma de Mendoza al 7700. En ese caso estuvo involucrada una chica como partícipe en la planificación del atentado. Gigliani señaló que esa joven antes había pasado dos veces por el sistema provincial de protección de Niñez y Adolescencia.

“Era víctima, era una menor cuyos derechos estaban siendo vulnerados. Por lo tanto, el Estado la estaba protegiendo”, sostuvo Gigliani. Para la concejala, esa trayectoria obliga a mirar el problema desde otra perspectiva: un adolescente puede convertirse en victimario después de haber atravesado situaciones en las que también fue víctima de vulneraciones. “De repente pasa de víctima a victimaria. ¿Qué tenemos que festejar? Nada. ¡Es una tragedia!”, enfatizó en reproche abierto a Schmuck.




MÁS PREVENCIÓN Y MENOS ENCIERRO

Gigliani también cuestionó que la respuesta frente al delito juvenil sea fundamentalmente punitiva. “Yo no creo que la salida de la violencia en nuestros barrios sea mayor punibilidad”, planteó.

Como alternativa, reclamó una mayor presencia de políticas públicas destinadas a prevenir la incorporación de adolescentes a circuitos delictivos: escuelas públicas equipadas, clubes de barrio, centros de atención de adicciones y una persecución efectiva del crimen organizado.

En ese punto puso el foco sobre una cuestión que, según su planteo, queda desplazada cuando el debate se concentra exclusivamente en la edad de imputabilidad: el papel de los adultos y de las organizaciones criminales que reclutan a menores.

“Necesitamos también una persecución real del crimen organizado”, afirmó al reparar en la coincidencia de que en ese mismo instante el Congreso de la Nación sancionaba la ley de Inocencia Fiscal II, por la que el Estado suaviza penalidades y facilita el blanqueo de dinero sucio.

La concejala rechazó además la idea de que quienes cuestionan la baja de imputabilidad estén defendiendo la ausencia de respuestas estatales frente a los menores que delinquen. “No escuché a ningún concejal ni concejala que haya dicho que un menor que delinque tiene que ir suelto por la vida sin ningún tipo de contención estatal. Nadie dijo eso acá”, remarcó.

Para Gigliani, la diferencia está en qué tipo de intervención se considera eficaz. Mientras Schmuck reivindicó la aplicación del nuevo régimen como una herramienta para que los adolescentes que delinquen “respondan” ante la Justicia, la opositora planteó que el abordaje debería priorizar medidas restaurativas y de contención social.


UNA DISCUSIÓN QUE TAMBIÉN ATRAVIESA A LA POLÍTICA

El debate tuvo además una dimensión política. Schmuck cuestionó a quienes se oponen a las nuevas herramientas de seguridad y vinculó a algunos sectores de la oposición con el kirchnerismo y con posiciones que definió como “garantistas”.

Gigliani, en cambio, consideró que la presidenta del Concejo intenta instalar una polarización que no refleja el verdadero eje de la discusión. “La concejala Schmuck intenta forzar una grieta que no es tal”, afirmó.