El gobierno de Maximiliano Pullaro quedó bajo cuestionamiento por una modificación presupuestaria que habilita la transferencia de hasta $57.000 millones de recursos de la obra social Iapos hacia la administración central de la provincia. El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique los alcances de la medida, dispuesta mediante el Decreto 1878/2026.

Según el planteo del legislador, los fondos corresponden al Servicio Complementario del Iapos, el régimen de cobertura adicional que se financia con aportes específicos de los afiliados. El decreto autoriza que esos recursos sean transferidos como un aporte excepcional y pasen a tener carácter de recursos de libre disponibilidad para la administración provincial. La norma contempla su restitución cuando exista disponibilidad financiera futura, aunque, de acuerdo con el reclamo de Rabbia, no establece un plazo, cronograma ni garantías concretas para que esa devolución se produzca.

La medida generó cuestionamientos desde sectores gremiales y de la oposición. Amsafé, desde su seccional departamental Las Colonias, por ejemplo, reclamó que los recursos del Iapos sean destinados a garantizar las prestaciones de salud de los trabajadores estatales.

Rabbia pidió que el Ejecutivo explique cuál es el fundamento financiero de la operación y cuál será el destino de los fondos una vez incorporados a las cuentas de libre disponibilidad. También solicitó que se suspenda el descuento correspondiente al Servicio Complementario y que los eventuales excedentes sean reintegrados a los afiliados.

“La plata del IAPOS sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud; no es para financiar la fiesta de Pullaro”, sostuvo el diputado. Y agregó: “Pullaro dice que ‘la plata alcanza porque no se roba’, pero con estas maniobras demuestra que la plata no le alcanza y tiene que meter mano en otras cajas”.

El reclamo adquiere otra dimensión por la situación crítica que atraviesa actualmente la obra social provincial. En los últimos meses se acumularon reclamos de afiliados y prestadores por dificultades para acceder a turnos, actualización de honorarios, atrasos en pagos y reducción de determinadas coberturas. El propio Iapos registró además más de 6.400 denuncias por cobro indebido de plus entre fines de 2024 y comienzos de 2026, según los datos consignados en el pedido de informes.

El antecedente inmediato también es motivo de cuestionamiento. En mayo de 2025, el gobierno provincial había dispuesto un aumento de los aportes correspondientes al Servicio Complementario, con incrementos de hasta el 30 por ciento para grupos familiares y de hasta el 150 por ciento para organismos adheridos. La explicación oficial había sido entonces la necesidad de recomponer el financiamiento y el valor de las prestaciones.

Para Rabbia, resulta contradictorio aumentar los aportes que realizan los afiliados y, al mismo tiempo, disponer de una parte de esos recursos para atender las necesidades financieras de la administración central.

“¿Con qué autoridad le piden un esfuerzo más a los afiliados cuando el Estado le echa la mano a los fondos de la salud?”, planteó el legislador. Y agregó: “¿Cuántos turnos, prótesis, tratamientos dentales y medicamentos se financian con $57.000 millones?”.

El pedido de informes se suma a otras iniciativas impulsadas por Rabbia en torno al funcionamiento del Iapos. Entre ellas se encuentra un proyecto para crear un Consejo Consultivo con participación de los afiliados –aunque sin carácter vinculante–, una línea telefónica de atención directa para reclamos y propuestas para facilitar el acceso a prestadores en pequeñas localidades del interior.

La discusión, en definitiva, pone el foco sobre el destino de los recursos adicionales que recauda el Servicio Complementario y sobre la relación entre esos fondos y las necesidades financieras del Tesoro provincial. Mientras la oposición y sectores gremiales reclaman que permanezcan afectados a la atención de los afiliados, el Ejecutivo deberá explicar los fundamentos y condiciones de la operación habilitada por el decreto.