El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, pero la iniciativa abrió un nuevo frente de discusión alrededor de las políticas destinadas a las personas con discapacidad. El texto incorpora modificaciones al régimen vigente y propone derogar algunos artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, mientras el Congreso analiza una posible extensión de esa normativa hasta fines de 2027.

Uno de los puntos señalados por legisladores opositores está relacionado con el esquema de aranceles de las prestaciones. Según explicó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, el proyecto elimina disposiciones que establecen un criterio común para los valores que deben reconocer obras sociales, prepagas y el Estado, además de modificar el mecanismo de actualización de esos montos.

Ferraro sostuvo que los cambios reemplazarían el esquema vigente por otro que, según su interpretación, dejaría mayor margen de definición sobre los valores de las prestaciones. En paralelo, el proyecto también introduce modificaciones en la definición de discapacidad y en las condiciones vinculadas con las pensiones. Distintos análisis del texto enviado al Congreso señalaron además cambios sobre el nomenclador y la compatibilidad entre pensiones y empleo formal.



El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, cuestionó la incorporación de estas modificaciones dentro del Presupuesto y planteó reparos jurídicos. Según argumentó, incluir cambios permanentes sobre leyes de fondo mediante la denominada “ley de leyes” podría entrar en conflicto con la normativa de administración financiera y con principios establecidos en materia de derechos humanos.



La Ley 27.793, sancionada en 2025, declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderla durante un año. La norma establece como marco la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y fija, entre otros aspectos, una definición basada en ese tratado internacional.

El debate se produce mientras distintos bloques de la Cámara de Diputados impulsan precisamente la prórroga de la emergencia. El Gobierno, por su parte, había informado ante la Comisión de Discapacidad que trabaja sobre las prestaciones, la actualización del nomenclador y el sistema de pensiones.

Las organizaciones vinculadas al sector vienen reclamando respuestas por la situación de las prestaciones, los aranceles y las pensiones no contributivas. La discusión ahora se trasladará al Congreso, donde deberán analizarse tanto el proyecto de Presupuesto 2027 como las iniciativas que buscan extender la emergencia en discapacidad.