Un fuerte operativo policial terminó este miércoles con el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en el mismo departamento de Madrid. El procedimiento se realizó con presencia de una comisión judicial y en medio de la resistencia de organizaciones y vecinos que se habían concentrado frente al edificio para intentar evitar que fuera expulsada.

La protesta comenzó durante la noche en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, donde decenas de personas permanecieron frente a la vivienda. Durante el operativo, que se extendió por más de siete horas, la Policía utilizó gas pimienta para despejar el acceso y, según medios internacionales, también se produjeron restricciones al trabajo de periodistas que cubrían el procedimiento.

Finalmente, la comisión judicial logró concretar el desalojo. Maricarmen fue retirada del inmueble en camilla y trasladada a un hospital para someterse a un control médico.

El origen del conflicto

La disputa por el departamento comenzó en 2018, cuando el edificio cambió de propietario. El inmueble pasó primero a manos de la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente quedó bajo control de la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

La nueva propietaria reclamó un aumento considerable del alquiler. Según la defensa de Maricarmen, se le planteó un contrato de 1.650 euros mensuales, mientras que la mujer percibe una pensión de unos 1.450 euros, por lo que sus abogados sostuvieron que no estaba en condiciones de afrontar ese monto.

La abogada Beatriz Duro afirmó que se intentaron distintas alternativas para alcanzar un acuerdo y que también se pidió postergar el desalojo durante al menos dos semanas para que Maricarmen pudiera retirar sus pertenencias.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cambio, sostuvieron que se ofrecieron alternativas para garantizarle alojamiento. El portavoz Miguel Ángel García Martín aseguró que se le propuso una plaza pública en una residencia para adultos mayores y que también se trabajó junto con el Ayuntamiento de Madrid para encontrar otras opciones habitacionales. Según su versión, esas propuestas fueron rechazadas.

El caso generó una fuerte movilización frente al edificio y volvió a poner en el centro del debate la situación de las personas mayores que enfrentan procesos de desalojo y dificultades para acceder a una vivienda acorde a sus ingresos y necesidades.