Un gobernador, un ministro, un diputado, un senador, un juez, un fiscal o el jefe de Policía podrían tener que pasar por un narcotest para continuar en sus funciones. Esa es la propuesta de un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado de Santa Fe y establece controles toxicológicos obligatorios para quienes ocupen cargos electivos o hayan sido designados políticamente en los tres poderes del Estado.

La iniciativa, impulsada por el senador por Vera, Osvaldo Sosa, deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados. De acuerdo a lo declarado en sus fundamentos, el objetivo de la norma es fortalecer la “integridad institucional, la transparencia en la gestión pública y la confianza ciudadana” mediante la detección y el "abordaje temprano" del consumo de sustancias psicoactivas ilegales.

Su alcance es amplio. En el Poder Ejecutivo incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y directores provinciales, además de titulares de entes descentralizados, autoridades de empresas provinciales y sociedades con participación estatal mayoritaria, y las cúpulas de la Policía y el Servicio Penitenciario.

En la Legislatura comprende a senadores, diputados, autoridades de ambas Cámaras, secretarios, prosecretarios, autoridades de comisiones, asesores y funcionarios jerárquicos. También alcanza a ministros de la Corte Suprema, magistrados, fiscales, defensores públicos y funcionarios jerárquicos del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal

En los órganos de control incluye a los vocales del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, sus adjuntos y el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los agentes públicos que no estén alcanzados obligatoriamente también podrán realizarse los estudios de manera voluntaria. Además se invita a municipios y comunas a adherir y establecer mecanismos similares para sus autoridades y personal jerárquico.


CÓMO SE APLICARÍA

El proyecto analizado y votado por la Cámara Alta señala que los exámenes serían obligatorios y gratuitos. El primero debería realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción y luego habría controles con una frecuencia mínima anual.

Además, el proyecto contempla pruebas aleatorias mediante sorteo y exámenes a partir de una denuncia concreta y circunstanciada, siempre que existan elementos objetivos que permitan presumir razonablemente el consumo.

Ante un resultado positivo, el proyecto no establece una sanción automática. En cambio, plantea que deberá intervenir un equipo interdisciplinario para brindar contención y asistencia y evaluar la aptitud del funcionario para ejercer sus tareas, de acuerdo con la Ley Nacional 26.657.

Entre las medidas que podría recomendar aparecen tratamientos ambulatorios, acompañamiento terapéutico, licencia temporal o suspensión preventiva, reasignación transitoria y derivación a instancias de salud mental.

El texto establece que se tratará de medidas no punitivas y que deberán respetar la confidencialidad, la no discriminación y el debido proceso. Para ello, la implementación deberá respetar los principios de legalidad, confidencialidad, dignidad, derecho a defensa y cadena de custodia.

Distinto es el caso de quien se niegue injustificadamente a realizar el examen. Esa conducta sería considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, un sumario administrativo o incluso la remoción, de acuerdo con los mecanismos legales vigentes para cada cargo.