El presidente Javier Milei anunció una batería de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y a impedir que empresas vinculadas con proyectos de explotación de hidrocarburos en el archipiélago puedan desarrollar actividades en el territorio continental argentino. Entre ellas, anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de las sanciones previstas por la ley 26.659 y el envío al Congreso de un proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional".

El mandatario realizó el anuncio este jueves por la noche, en una cadena nacional grabada de casi 20 minutos desde la Casa Rosada, acompañado por integrantes de su gabinete. En el centro de su mensaje ubicó el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que según el Gobierno argentino avanza hacia la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas. La semana pasada, el gobierno de Tierra del Fuego había denunciando que un buque británico estaba amarrado y cargado con petróleo, con autorización del gobierno nacional.

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", sostuvo Milei al iniciar su discurso. También cuestionó la validez de los referendos realizados entre los habitantes del archipiélago y ratificó la posición argentina de que la ocupación británica constituye una situación colonial iniciada en 1833.


SANCIONES PARA EMPRESAS Y PROVEEDORES

Una de las principales medidas anunciadas será la firma de un decreto destinado a otorgar "mayor celeridad" a los procedimientos sancionatorios establecidos por la ley 26.659, vigente desde 2011, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

Milei afirmó que el Gobierno fortalecerá los mecanismos de detección e intercambio de información para facilitar sanciones no sólo contra las compañías que participen de los proyectos, sino también contra sus accionistas, directores y proveedores.

El objetivo, según explicó, será impedir que las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos desarrollados en las islas sin autorización argentina puedan operar en el territorio nacional.

"Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal, en un territorio disputado, y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", afirmó.

El Gobierno sostiene que la urgencia está vinculada con el desarrollo de Sea Lion. Milei advirtió que el proyecto podría comenzar su etapa de explotación en los próximos años y consideró que permitirlo implicaría un incentivo para una mayor presencia británica y para la explotación de recursos naturales cuya soberanía reclama la Argentina.

La administración libertaria también anunció que la Cancillería ya envió alrededor de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países relacionados con distintos proyectos en las islas.


UNA BASE NAVAL EN TIERRA DEL FUEGO

El segundo eje del anuncio fue militar y estratégico. Milei confirmó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y aumentar las capacidades de telecomunicaciones en la región.

Según el Presidente, la instalación buscará convertir a la Argentina en un polo logístico de importancia para el Atlántico Sur y reforzar la proyección estratégica del país hacia la zona de Malvinas y la Antártida.

La iniciativa no parte de cero: un proyecto para construir infraestructura naval en Tierra del Fuego ya había sido anunciado durante el gobierno de Alberto Fernández en 2022, aunque el planteo actual de Milei incorpora el incremento de recursos para Defensa y una orientación explícita hacia el fortalecimiento de las capacidades estratégicas en el Atlántico Sur.

El anuncio se produjo además en un contexto internacional particular, después de recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la relación de Washington con el Reino Unido y su posición respecto de las islas. Milei presentó esos movimientos como una oportunidad para la posición argentina.


CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

El tercer componente de la estrategia deberá pasar por el Congreso. Milei anunció el envío de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, además de modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones, creará un Consejo de Seguridad Nacional.

El organismo tendrá como objetivo establecer una política de seguridad transversal a distintas áreas del Estado y articulará a la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También contemplará mecanismos para proteger infraestructura crítica y reforzar las capacidades aeroespaciales y marítimas del país.

El proyecto contempla además que las empresas infractoras no puedan contratar con el Estado ni celebrar acuerdos con el sector privado en territorio argentino. El Gobierno también pretende extender el régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que, según su interpretación, afecten recursos naturales argentinos.

Así, el Gobierno busca combinar presión diplomática, sanciones económicas, herramientas judiciales y un refuerzo de la presencia estratégica en el extremo sur como respuesta al avance de los proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.