Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia la justificación patrimonial que había sido requerida en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según el escrito de 78 páginas presentado por su abogado, Matías Ledesma, el grueso de su patrimonio se explica por una inversión en Bitcoin realizada antes de su ingreso a la función pública, que habría generado USD 591.544,61.

De acuerdo con la versión de la defensa, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, reunieron ahorros provenientes de sus actividades profesionales y de una herencia familiar. El matrimonio habría destinado USD 1.897,20 a la compra de Bitcoin en 2014 y USD 199.883,20 en 2017. Según el escrito, las operaciones se realizaron de manera informal, con encuentros presenciales en los que entregaban dólares en efectivo a cambio de criptomonedas.

La defensa identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que, según sostuvo, fueron utilizadas exclusivamente entre 2014 y 2018. Allí se habrían almacenado los activos hasta que fueron vendidos y convertidos nuevamente en dólares, también mediante operaciones presenciales. El dinero obtenido, siempre de acuerdo con la explicación presentada ante la Justicia, permaneció en efectivo y fuera del sistema bancario hasta diciembre de 2023.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar la vinculación de Adorni con esas billeteras. Se trata de carteras de autocustodia que no están asociadas a una identidad ni cuentan con un titular registrado en una plataforma centralizada. Para acreditar que tiene control sobre ellas, el ex funcionario certificó ante un escribano que conserva las claves privadas necesarias para operar las cuentas.

La presentación de la defensa se produjo después de que el fiscal Gerardo Pollicita detectara una diferencia de $43.068.549 y movimientos por USD 402.578,12 que, según la investigación, no tendrían correlato directo con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar. El escrito también detalló el destino de parte de los fondos obtenidos con las inversiones, incluidos gastos en propiedades, vehículos y viajes. Con la documentación incorporada ahora a la causa, el fiscal deberá evaluar si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas, incluida una eventual declaración indagatoria.