Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, representantes de Cristina Fernández de Kirchner, presentaron este martes una nueva evidencia que, según sostienen, puede ser relevante para cuestionar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en un hotel del Microcentro, Beraldi explicó que el nuevo elemento surgió de manera fortuita, a partir de otra investigación judicial. Un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad declaró como testigo y aportó una planilla de cálculo con 80 columnas de información sobre la ejecución presupuestaria y de obras.

A partir de esos datos, la defensa realizó un análisis económico sobre el período comprendido entre 2009 y 2015, que abarca los años considerados en la condena. Según Beraldi, la inversión total en obras viales superó los 2.000 millones de dólares, mientras que lo asignado al empresario Lázaro Báez representó menos del 1%.

El abogado sostuvo que ese dato contradice el argumento de que una normativa dictada durante el gobierno de Cristina Kirchner tuvo como objetivo beneficiar a Báez. “La inversión que se hizo es enorme, más de 2.000 millones de dólares, y lo asignado a Lázaro Báez es menos del 1%”, afirmó.


EL ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS

Valim, integrante brasileño del equipo jurídico, presentó el análisis desde una perspectiva técnica y cuestionó que los datos utilizados en la sentencia permitan sostener que existió un direccionamiento de fondos hacia el empresario santacruceño.

Además, señaló que, al analizar el ranking de empresas adjudicatarias de obras viales durante ese período, la compañía que aparece en primer lugar concentró el 16% de los ingresos y, según la defensa, pertenece a un familiar directo del expresidente Mauricio Macri.



Durante la conferencia, Valim también mostró un gráfico con las 15 empresas que recibieron mayor financiación para obra pública entre 2009 y 2015 y sostuvo que varias de ellas estaban vinculadas a quienes calificó como “oponentes políticos” del kirchnerismo.

Toda esta documentación, según confirmó la defensa, ya fue incorporada a la comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del reclamo internacional contra la condena y la inhabilitación perpetua.


LAS PRÓXIMAS VÍAS PARA INTENTAR REVISAR LA CONDENA

Javier Borrego explicó que la estrategia contempla tres vías: la presentación ante Naciones Unidas, un eventual recurso de revisión y una vía interna.

La defensa informó que tiene prevista una audiencia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU durante la segunda quincena de octubre. Borrego aclaró que el organismo analiza miles de casos y que el equipo jurídico avanzará “paso por paso”.

Beraldi, por su parte, señaló que el objetivo de la defensa es que la condena sea revisada y que Cristina Kirchner recupere su libertad y pueda desarrollar nuevamente actividades políticas.