La llamada ley "antitrapitos" quedó aprobada definitivamente este jueves en Santa Fe, luego de que el Senado votara por unanimidad (con 16 votos) e insistiera con la versión original del proyecto que había sido modificada por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, incorpora tres artículos al Código de Convivencia de la provincia y establece nuevas figuras contravencionales vinculadas con la exigencia intimidatoria de dinero por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento y por tareas relacionadas con el cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos.

El proyecto también establece un régimen de adhesión para los municipios, de manera que las localidades puedan incorporarse al régimen previsto por la ley.

La votación de este jueves fue necesaria porque el expediente había tenido originalmente media sanción en el Senado, pero luego Diputados lo aprobó con modificaciones y lo devolvió a la Cámara Alta.

Entre las modificaciones que había introducido Diputados se encontraba además la posibilidad de aplicar la prohibición de concurrencia hasta por 60 días, extensible hasta 120 días en determinadas circunstancias, como zonas de estacionamiento medido o inmediaciones de eventos masivos.

Sin embargo, los senadores resolvieron ahora insistir con su texto original y, con los 16 votos afirmativos, dejaron cerrada la discusión legislativa.



Seisas agradeció al cuerpo por haber acompañado nuevamente la iniciativa y sostuvo que la norma representa, según su interpretación, "una respuesta a un reclamo sostenido de vecinos", especialmente en Rosario. "Es la devolución de un derecho que los vecinos piden con insistencia", afirmó el senador.

En ese sentido, Seisas hizo referencia al pasacalle colocado por vecinos con la frase "cuídemonos entre todos", que interpretó como una expresión de desprotección frente a la problemática. "Esta media sanción permite además que cada ciudad plantee su problema específico en el tema, con autonomía", sostuvo.

La aprobación definitiva llega después de un extenso recorrido parlamentario, que incluyó negociaciones dentro del oficialismo, discusiones con sectores de la oposición y un debate en Diputados que terminó incorporando modificaciones al texto original. La iniciativa había sido aprobada en la Cámara baja por 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Durante ese debate aparecieron diferencias sobre el alcance de las sanciones, el componente social de la política y la forma de abordar la situación de quienes realizan la actividad. También hubo cuestionamientos desde sectores opositores que plantearon que la respuesta estatal no podía limitarse al aspecto punitivo.