Familiares de los presos trasladados desde distintas comisarías de la provincia a la nueva cárcel de Recreo volvieron a manifestarse este lunes frente al ingreso del complejo, en reclamo de información sobre la situación de los internos y de respuestas concretas por parte del Servicio Penitenciario.

La protesta comenzó este domingo, cuando alrededor de 50 familiares se concentraron frente al establecimiento. Allí hubo quema de cubiertas y un despliegue policial que incluyó efectivos del Cuerpo de Infantería y del Grupo de Operaciones Especiales, además de la intervención de Bomberos Zapadores para sofocar el fuego.

Es que, en el marco de la puesta en funcionamiento de la nueva cárcel, 380 detenidos fueron trasladados en menos de 24 horas desde distintas comisarías de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de descomprimir esas dependencias y reducir el nivel de hacinamiento.

El principal reclamo de los allegados está relacionado con la "falta de comunicación" con los internos desde los recientes traslados. También aseguran "no contar con información clara" sobre los días y horarios de visita, y denunciaron la imposibilidad de acercar ropa, alimentos y otras pertenencias al módulo en el que se encuentra alojado cada detenido.

“Nosotros queremos que salga alguien de adentro y nos dé una respuesta concreta”, resumió una de las mujeres que participaba de la protesta, según consignó El Litoral.

Este lunes, los familiares aguardaban nuevamente ser atendidos por autoridades penitenciarias. Una de las manifestantes señaló a Aire que, tras dialogar con el jefe de la Quinta Zona de Inspección de la Unidad Regional I, les informaron que "el Servicio Penitenciario todavía no tenía respuestas concretas".

“No sabemos en qué módulo está cada detenido. Queremos una respuesta concreta”, sostuvo.

Entre los reclamos también aparecen denuncias sobre las condiciones en las que se encuentran algunos de los internos. Los familiares aseguran que recibieron mensajes en los que los detenidos manifestaban tener frío y dificultades vinculadas con "la falta de comida, agua y ropa de abrigo".

“Los han traído con lo puesto, sin sus pertenencias. No sabemos cómo están y nadie da respuestas concretas de qué días son las visitas y qué días se les puede traer algo”, expresó una mujer al medio citado.

Los allegados también cuestionaron la forma en que se concretaron los traslados y señalaron que algunos fueron realizados de manera sorpresiva y sin aviso previo a las familias. Según plantearon, el cambio de establecimiento habría interrumpido actividades laborales, educativas y religiosas que los internos desarrollaban en sus anteriores lugares de alojamiento. Además, reclamaron por la entrega de las pertenencias personales.


EL GOBIERNO HABLA DE "UN PROCESO DE ADAPTACIÓN"

Desde el Ministerio de Seguridad relativizaron el conflicto y señalaron que se trata de una reacción vinculada con el cambio de establecimiento y el traslado de internos desde distintas dependencias.

“Son reacciones inherentes a los nuevos procesos. Son familiares que veían a los detenidos en comisarías y estaban acostumbrados a un sistema. Hoy deben acostumbrarse a otro”, señalaron desde la cartera que conduce la política de seguridad provincial.

Por ello, consideraron que se necesita un período de “reacomodamiento” que alcanza tanto a los internos como a sus familiares. Sin embargo, desde el Gobierno advirtieron que analizan medidas contra quienes, según entienden, estarían incentivando el conflicto.

“Se están analizando posibles sanciones para aquellos que están ‘fogoneando’ el conflicto, tanto sea para quienes están dentro del penal como así también para las personas que están en la parte exterior”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.