Escuchar artículo
El titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), Alejandro «Peluca» Gramajo, entregó al Papa León XIV un informe de más de 60 páginas con la radiografía social que el Gobierno nacional evita: una pobreza real que duplica la cifra oficial, casi siete millones de personas endeudadas y la tasa de suicidios más alta de la historia argentina. La audiencia privada en el Vaticano se produjo en el cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti y a menos de dos meses de la visita del Pontífice a la Argentina.

El documento, titulado «Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para Su Santidad León XIV», sostiene que la medición oficial de pobreza subestima la privación real porque no contempla el costo del alquiler ni los patrones de consumo efectivos de las familias. Según el INDEC, en el segundo semestre de 2025 el 21% de los hogares (28,2% de las personas) estaba bajo la línea de pobreza: unos 8.474.000 argentinos. Pero al recalcular la línea con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorporar los alquileres –un trabajo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data, de Clacso) citado en el informe– la pobreza trepa al 39% de los hogares y al 48% de la población: más de 6 millones de personas quedan fuera de las estadísticas oficiales.

El capítulo más crudo es el de la salud mental. En 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que el año anterior, con una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes: la más alta de la serie histórica y muy por encima de la media mundial de 9,1 que informa la Organización Mundial de la Salud, según datos del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud. En promedio, hubo un suicidio cada 100 minutos. En paralelo, el programa nacional de Apoyo y Promoción de la Salud Mental pasó de $382 millones ejecutados en 2024 a $179 millones en 2025 y tiene proyectados apenas $48 millones para 2026: una caída nominal del 91,6%.

El endeudamiento de los hogares aparece en el informe como la principal estrategia de supervivencia. Casi siete millones de personas están en situación de mora, según datos del Banco Central: la mora de los créditos a las familias saltó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, y en billeteras virtuales ronda el 33%. En la misma línea, el documento cita a la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra): el consumo interno de carne vacuna cayó 11,5% interanual en el primer semestre de 2026, el nivel más bajo de la serie para un primer semestre, y se ubicó en 46 kilos por habitante al año, casi cinco kilos menos que hace doce meses.

El informe también denuncia que la criminalización de la protesta funcionó como la «infraestructura punitiva» del ajuste. Con la Resolución 943/2023 –el «Protocolo Antipiquete»–como marca normativa, los datos de la Comisión Provincial por la Memoria que cita la Utep registran que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 hubo 139 movilizaciones, de las cuales 51 fueron reprimidas (el 37%) y 2.585 personas resultaron heridas y necesitaron asistencia médica. Sobre la discapacidad, el documento afirma que las auditorías alcanzaron a más de un millón de prestaciones demoradas o directamente interrumpidas: «El ajuste cruza la frontera de la crueldad», dice.

El texto cierra con una frase que la Utep eligió como síntesis política: «Si los movimientos populares no reclaman, no gritan, no luchan, no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles». La entrega del informe a días de que León XIV llegue al país no es protocolar: pone sobre la mesa del Vaticano una fotografía que el Gobierno disputa con el relato del 1,7% de inflación de agosto y el «Argentina grande otra vez». El INDEC, mientras tanto, difundirá el 24 de septiembre la tasa de pobreza oficial del primer semestre, mientras las canastas básicas ya suben por encima de la inflación general.