Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal de Rosario por los concejales del bloque Unidos Lucas Raspall y María Eugenia Schmuck propone crear un protocolo específico de seguimiento y atención para personas que hayan sido dadas de alta luego de una internación cuyo motivo haya sido un intento de suicidio.

La iniciativa plantea incorporar el protocolo a la red de efectores y dependencias de salud de jurisdicción municipal y establece como objetivo garantizar la continuidad de la atención mediante intervenciones oportunas, integrales e interdisciplinarias. La Secretaría de Salud Pública municipal sería la autoridad de aplicación y el cumplimiento del protocolo resultaría obligatorio para los equipos de los efectores municipales.

Los autores fundamentan la propuesta en el riesgo elevado que, según la evidencia científica citada en el proyecto, existe durante el período posterior a una internación por motivos de salud mental, particularmente cuando estuvo vinculada con ideación o conducta suicida. El texto sostiene que el riesgo alcanza su punto máximo durante la primera semana después del alta, permanece elevado durante el primer mes y luego disminuye progresivamente, aunque puede mantenerse durante meses o años.


CONTACTO DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS

Entre las medidas que podría contemplar el protocolo se encuentra un primer contacto telefónico o presencial dentro de las 24 horas posteriores a la externación y otro dentro de las 72 horas. Además, el proyecto establece que al momento del alta deberá otorgarse un turno para una consulta ambulatoria dentro de los siete días siguientes.

Si la persona no concurriera a esa consulta, el equipo interdisciplinario debería activar mecanismos de búsqueda activa de la persona o de su red de apoyo, de acuerdo con los criterios que establezca la autoridad de aplicación.

La propuesta también contempla como mínimo una consulta mensual durante los primeros seis meses posteriores al alta. Esa frecuencia podría modificarse en función de la evaluación de riesgo realizada por el equipo tratante.



El proyecto establece que el protocolo tendría aplicación obligatoria en los efectores municipales, pero invita a los establecimientos de salud provinciales y de otras jurisdicciones, así como a los de gestión privada que funcionan en Rosario, a adherir a sus lineamientos.

Entre las funciones asignadas a la Secretaría de Salud Pública aparecen el diseño, implementación, coordinación, supervisión y evaluación del protocolo, además de la capacitación permanente de los equipos de salud involucrados. También se prevé la posibilidad de establecer convenios y acuerdos de cooperación con otros efectores estatales o privados.

La iniciativa se apoya además en el marco de las leyes nacional y provincial de Salud Mental y en la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, a la que Santa Fe adhirió. El proyecto señala que Rosario ya cuenta con políticas y dispositivos vinculados con salud mental, prevención del suicidio y redes comunitarias de cuidado, y plantea que el nuevo protocolo funcione como una herramienta complementaria.


DATOS QUE SON FUNDAMENTO

Entre los fundamentos, el proyecto cita datos del Observatorio de Política Criminal elaborados sobre registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Según esas cifras, durante 2025 se registraron en Argentina 5.209 suicidios, frente a 3.304 en 2017. La tasa pasó en ese período de 8,2 a 11,8 casos cada 100.000 habitantes.

Para Santa Fe, el texto señala que durante 2025 se registraron 461 suicidios, con una tasa de 13,2 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional citado en el proyecto.

El financiamiento de las acciones quedaría sujeto a las partidas que se asignen anualmente en el presupuesto municipal. El proyecto también habilita al Ejecutivo a gestionar convenios con organismos provinciales y nacionales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y otros actores públicos o privados para reforzar la implementación del programa.