El diputado provincial Carlos Del Frade y el abogado penalista Guillermo Campana presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario un pedido de acceso a la información para conocer el contenido de unas 8 mil causas que habrían quedado archivadas o sin investigación en el marco del proceso de cambio del sistema de justicia federal. La presentación busca determinar qué delitos fueron denunciados, contra quiénes y por qué esas investigaciones no avanzaron.

El planteo fue realizado este viernes en la sede de la Cámara Federal, ubicada en Entre Ríos al 300, donde ambos fueron recibidos por el presidente del tribunal, Aníbal Pineda. Según señalaron los impulsores del pedido, ya recibieron parte de la documentación requerida y aguardan acceder al detalle de los expedientes.

La existencia de ese volumen de causas surgió, según explicó Campana, a partir de información periodística sobre el traspaso de expedientes producido durante la implementación del nuevo sistema de justicia federal. De acuerdo con su relato, el Ministerio Público Fiscal recibió unas 8 mil causas que habían sido rechazadas y, al analizarlas, se habría detectado que una parte de esos expedientes no había tenido avances investigativos.

El abogado sostuvo que esa situación generó un movimiento dentro del Ministerio Público Fiscal, que debería asumir investigaciones que no fueron realizadas hasta el momento.

El objetivo del pedido presentado ante la Cámara Federal es conocer qué hay detrás de ese número. Campana señaló que interesa establecer si determinados nombres se repiten en las denuncias, si existen personas denunciadas sobre las cuales no se avanzó y, fundamentalmente, cuáles son los delitos involucrados.

El interés está puesto especialmente en aquellas investigaciones que corresponden a la competencia de la Justicia Federal, como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos, entre otros delitos de especial gravedad. La intención, explicó, es conocer no sólo el contenido de las denuncias sino también las razones por las cuales determinadas investigaciones no se movilizaron.



Del Frade llevó el planteo un paso más allá y vinculó el pedido con el funcionamiento de la Justicia Federal en Santa Fe durante los años de expansión de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El diputado del Frente Amplio por la Soberanía sostuvo que una de las cuestiones centrales será establecer si entre esas causas existen expedientes en los que hubo responsabilidades judiciales por falta de investigación.

Como antecedente mencionó el juicio contra el narcotraficante Esteban Alvarado. Del Frade recordó que durante ese proceso se conoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria había solicitado durante cuatro años que se investigara a Alvarado y que el entonces juez federal Marcelo Bailaque no habría avanzado con esos pedidos.

Para el legislador, ese episodio constituye un ejemplo de lo que pretende determinar ahora a partir del análisis de los expedientes: si hubo causas que quedaron paralizadas mientras las organizaciones criminales crecían y consolidaban sus estructuras.

La búsqueda apunta especialmente al período comprendido entre 2012 y 2024, años que Del Frade considera centrales para analizar el crecimiento de las bandas narco y de las redes de complicidad que, según su planteo, contribuyeron a la escalada de violencia en Rosario y otras localidades del sur provincial.

“Queremos saber cuántas de estas causas tienen que ver con mirar para otro lado cuando crecían estas bandas narcopoliciales”, sostuvo el diputado, quien consideró que la documentación podría aportar elementos para reconstruir cómo fueron tratadas determinadas denuncias dentro del sistema judicial federal.

La iniciativa no se limita al pedido de información. Del Frade anticipó además que impulsará ante la Legislatura provincial la creación de una comisión investigadora, con el objetivo de analizar la documentación que eventualmente surja de los expedientes.

El legislador tomó como referencia la comisión que en su momento investigó el caso Vicentin y planteó la posibilidad de conformar un ámbito legislativo que pueda revisar la información vinculada con causas que no fueron investigadas o que quedaron paralizadas.

Para Del Frade, ese análisis podría permitir determinar si detrás de algunas de esas investigaciones existen elementos relacionados con negocios ilegales y estructuras de poder que operaron durante años en la provincia.

Por ahora, el número de 8 mil expedientes y las características de cada uno constituyen precisamente el objeto del pedido de información. La presentación realizada ante la Cámara Federal busca acceder a esa documentación para establecer qué causas son, qué delitos investigaban, quiénes aparecen mencionados y qué ocurrió con cada expediente.

El eventual análisis de esos archivos podría abrir así una nueva discusión sobre el desempeño histórico de la Justicia Federal en Santa Fe y sobre las investigaciones que quedaron pendientes mientras Rosario atravesaba uno de los períodos de mayor expansión de la violencia vinculada con el narcotráfico.