Trabajadores despedidos y empresarios de distintos sectores industriales llevaron al Congreso sus testimonios sobre el deterioro de la actividad productiva, con relatos de fábricas cerradas, salarios adeudados, endeudamiento familiar y empresas que aseguran no poder competir con productos importados. La reunión fue convocada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por la rosarina Julia Strada, de Unión por la Patria.

La jornada reunió a representantes de empresas y trabajadores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En varios de los testimonios apareció como denominador común la caída del consumo interno y el impacto de las importaciones sobre sectores como el autopartista, calzado, textil, caucho y avícola.

Uno de los testimonios más duros fue el de Ezequiel Centurión, trabajador despedido de Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento, quien aseguró que los trabajadores no cobraron las quincenas correspondientes a julio, agosto y septiembre. “La gente ya no está comiendo”, afirmó durante la reunión.

Desde la planta de Concepción del Uruguay, José Bárbara, también despedido de Tres Arroyos, comparó la situación actual con la crisis de 2001. “Hemos pasado la crisis de 2001 y nunca hubo problemas y ahora, el señor presidente entró y en dos años y medio yo quedé sin trabajo”, sostuvo.



Otros trabajadores describieron las estrategias a las que recurren quienes pierden un empleo formal. Víctor Ávalos, despedido de WADE, en Buenos Aires, contó que muchos ex compañeros comenzaron a trabajar con aplicaciones de transporte. “Todos están haciendo Didi, Uber”, relató.

Una situación similar describió Claudio Gómez, ex trabajador de UnionBat, de Gualeguaychú. Según señaló, unos 100 trabajadores de esa ciudad comenzaron a trabajar con Uber después de perder sus empleos.

El impacto del desempleo también apareció en los testimonios vinculados con las deudas familiares. Joel Mujica, despedido de Granja Tres Arroyos de San Miguel del Monte, contó que acumula atrasos y tiene dificultades para sostener el pago del colegio de su hijo.


EMPRESARIOS CONTRA LAS IMPORTACIONES

Los empresarios que participaron de la reunión apuntaron especialmente contra el esquema de importaciones y la diferencia de costos con productos provenientes de China.

Sergio Talenti, de Jorsa Argentina, una empresa de San Martín, utilizó como ejemplo un amortiguador para el Volkswagen Gol. Según explicó, la materia prima utilizada por la empresa cuesta unos 38.000 pesos, mientras que el producto terminado importado desde China llega a 17.000 pesos.

“Es imposible que podamos competir”, afirmó.

En el mismo sentido se expresó Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Sarandí, quien planteó la situación de una medida antidumping contra productos chinos que vence a fin de año.

“Tenemos una medida antidumping contra China que vence a fin de año. Hemos presentado todas las pruebas donde se demuestra que un calzado chino llega a la Argentina en situación de dumping”, sostuvo, y reclamó su renovación.



El empresario autopartista Raúl Javier Amil, de San Martín, comparó además los anuncios de inversión de la industria automotriz en Argentina y Brasil. Según señaló, las terminales que operan en Brasil anunciaron inversiones por unos 20.000 millones de dólares, mientras que en Argentina las inversiones anunciadas rondan los 1.000 millones.

Desde el sector textil, Gabriel Corigliano, de Mom Sports, sostuvo que el problema está relacionado con la caída del consumo y la competencia de productos importados. “Entra todo muy barato con reglas diferentes a las nuestras”, afirmó.


DEL CORDÓN INDUSTRIAL A LAS APLICACIONES

La situación del cordón industrial del sur santafesino también estuvo representada. Federico Soromello, trabajador despedido de una fábrica de caucho de Pampa Energía en Puerto General San Martín, describió el cierre de establecimientos en una región históricamente vinculada con la actividad fabril.

“Venimos del cordón industrial, pero de industrial está quedando poco. Están cerrando y cerrando empresas”, afirmó. El trabajador reclamó que la planta no sea desmantelada.

En la misma línea, Gabriela Díaz, trabajadora despedida de Expreso Brío de Rosario, vinculó su situación económica con la pérdida del empleo. “Estoy endeudada porque me dejaron de pagar”, sostuvo.



Otro de los casos expuestos fue el de Marcelo Barrionuevo, trabajador despedido de Ilva, de Pilar, quien afirmó que llevan 387 días de conflicto y que representa a unas 300 familias.

Desde Misiones, Gustavo Melgarejo, despedido de Dass, de Eldorado, cuestionó los datos oficiales sobre la reducción de la pobreza y reclamó a los legisladores que conozcan la situación laboral de la provincia.


LOS NÚMEROS DE LA INDUSTRIA

Durante la reunión también se presentaron cifras sobre la evolución del empleo y la actividad industrial desde diciembre de 2023. Según los datos difundidos en el encuentro, en ese período se perdieron 249.220 puestos de trabajo privados, de los cuales 105.136 corresponden a la industria.

También se señaló que cerraron 4.158 empresas industriales, una reducción del 8,4%, mientras que la utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en 58,2%, 7,5 puntos por debajo del promedio previo al inicio de la actual gestión.

En paralelo, según los datos expuestos, las importaciones de bienes de consumo acumularon 11.376 millones de dólares en los últimos doce meses.

Los organizadores también señalaron que los salarios registrados se encuentran 8,2% por debajo de noviembre de 2023, un factor que impacta sobre el consumo interno y, en consecuencia, sobre las ventas de las empresas orientadas al mercado doméstico.




PROYECTOS PARA EL CONGRESO

Strada abrió la reunión reclamando que el Congreso discuta la situación de los sectores productivos. “El gobierno de Milei quiere cerrar el Congreso. Niegan la realidad. Nosotros hacemos lo opuesto, queremos legislar para que esta crisis no se lleve puesta a la gente”, afirmó.

Al cierre del encuentro, diputados de Unión por la Patria presentaron los proyectos que buscan llevar al recinto pese a que las comisiones permanentes de Legislación del Trabajo, Industria y Presupuesto y Hacienda no están funcionando con normalidad y se encuentran presididas por legisladores de La Libertad Avanza y sus aliados.

Entre las iniciativas planteadas figura la declaración de emergencia del sector agroindustrial avícola, a partir de la situación de Granja Tres Arroyos, junto con un mecanismo para que los trabajadores despedidos puedan acceder al REPRO durante seis meses, con posibilidad de prorrogarlo por otros seis.

El bloque también impulsa una ley de emergencia Pyme y propuestas destinadas a modificar el régimen de importaciones, entre ellas la aplicación de medidas antidumping y mecanismos de protección para sectores industriales con alta participación de mano de obra.

La audiencia dejó expuesto así el conflicto entre dos diagnósticos sobre el rumbo de la economía: mientras el Gobierno sostiene su política de apertura comercial y desregulación como parte de su programa económico, empresarios y trabajadores que participaron de la reunión reclamaron medidas para contener el cierre de empresas, la pérdida de empleos y el ingreso de productos importados.