El rector de la UNR y presidente del CIN explicó el alcance de la intimación judicial al Gobierno para que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Según Bartolacci, la aplicación de la norma implicaría una recomposición salarial de algo más del 30% para docentes y no docentes, además de actualizar las becas. La respuesta del Ejecutivo también será clave para definir la continuidad del conflicto universitario y la marcha prevista para octubre.

Franco Bartolacci explicó en diálogo con la prensa que el juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir en cinco días la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución contempla además multas diarias en caso de incumplimiento.

Según el rector, la actualización prevista para los salarios docentes y no docentes surge de comparar la inflación acumulada desde diciembre de 2023 con los incrementos otorgados durante ese período. Al hacer ese cálculo, sostuvo, queda pendiente una recomposición de “algo más del 30%”. Aclaró que se trata de recuperar poder adquisitivo y no de un aumento presupuestario adicional.

La intimación también alcanza a las becas estudiantiles. Bartolacci señaló que el artículo 6 establece la actualización por inflación de programas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, y afirmó que el atraso en este caso es incluso mayor que el salarial. En particular, mencionó que la beca Progresar se encuentra en el mismo monto desde septiembre de 2024.

El titular del CIN sostuvo que la medida cautelar se encuentra firme y que ahora esperan conocer la respuesta del Ejecutivo. La Justicia había ordenado el cumplimiento de la norma y la resolución fue posteriormente avalada en instancias superiores, según explicó Bartolacci.

La definición del Gobierno también tendrá impacto sobre las medidas de fuerza del sector. Bartolacci señaló que la continuidad del plan de lucha y la marcha federal universitaria prevista para el 15 de octubre dependerán de la respuesta oficial al fallo.