Con el reloj corriendo hacia la sesión del próximo jueves, el Gobierno nacional introdujo una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocido como Ley de Tierras, en un intento por destrabar la negociación parlamentaria y conseguir los votos necesarios para obtener la media sanción en el Senado.

Las reformas, que serán presentadas oficialmente este martes por la presidenta de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, alcanzan aspectos sensibles de la iniciativa, entre ellos el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, las condiciones para los desalojos y las restricciones para la compra de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

El cambio más relevante incorpora un límite del 25% a la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras. El texto original impulsado por el oficialismo no contemplaba ningún tope general y únicamente impedía la adquisición por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países.

Sin embargo, la modificación no logró desactivar las críticas de la oposición. Desde el peronismo sostienen que el nuevo esquema mantiene una importante flexibilización respecto de la legislación vigente. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, advirtió que el límite propuesto sólo se aplicaría sobre el total de cada provincia y no sobre cada departamento, como establece la normativa actual.

Según esa interpretación, podrían concentrarse grandes extensiones de territorio estratégico en manos extranjeras dentro de un mismo departamento sin superar el techo provincial. Como ejemplo, Vilar mencionó el departamento Los Lagos, en Neuquén, donde se encuentran Villa La Angostura, el lago Correntoso y parte del parque nacional Nahuel Huapi, una zona que –afirmó– podría quedar mayoritariamente bajo propiedad extranjera sin violar el nuevo límite.

El proyecto también modifica el régimen registral de las operaciones inmobiliarias rurales. De aprobarse, todas las adquisiciones deberán inscribirse en los registros provinciales correspondientes. Además, cuando intervengan empresas con participación estatal extranjera, será obligatoria una autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo nacional.

Otro de los puntos revisados alcanza a las zonas de seguridad de frontera. La nueva redacción exige autorización expresa de la provincia donde se ubique el inmueble y del Gobierno nacional para que ciudadanos o empresas extranjeras puedan adquirir campos en esas áreas consideradas estratégicas.

En paralelo, el oficialismo dio marcha atrás con una de las derogaciones previstas en el dictamen original. Finalmente decidió mantener vigente el artículo 8 de la actual Ley de Tierras Rurales, que fija un límite del 15% a la superficie rural que puede quedar en manos extranjeras. La coexistencia de ese artículo con el nuevo tope del 25% forma parte de las observaciones que la oposición promete plantear durante el debate parlamentario.

Las modificaciones también alcanzan el capítulo de desalojos. El nuevo texto elimina la obligación expresa de los jueces de velar por las garantías procesales de niños, personas con discapacidad y adultos mayores involucrados en procedimientos de restitución de inmuebles. Esa responsabilidad pasará a los organismos locales de protección.

Asimismo, el Gobierno redefinió el procedimiento para los desalojos por falta de pago o vencimiento de contratos. Cuando no exista un mecanismo previamente acordado entre propietario e inquilino, se aplicará el procedimiento previsto para ocupantes considerados "intrusos" o "precarios", lo que habilita al juez a ordenar la restitución inmediata del inmueble si considera acreditado de manera verosímil el derecho del propietario y éste presta caución juratoria.

Con estas modificaciones, el oficialismo busca acercar posiciones con bloques dialoguistas y evitar un revés legislativo en una iniciativa que considera prioritaria dentro de su agenda sobre propiedad privada y régimen de tierras rurales. No obstante, desde la oposición sostienen que los cambios son insuficientes y anticipan que el proyecto seguirá generando una fuerte discusión en el recinto.