La Argentina consiguió en los últimos años una reducción significativa de los homicidios dolosos, pero mientras esa forma de violencia letal retrocedía, otra crecía de manera sostenida y silenciosa: los suicidios. Un informe del Observatorio de Política Criminal, dirigido por el criminólogo Ariel Larroude, advierte sobre ese cambio en la composición de las muertes violentas y plantea la necesidad de ampliar la mirada sobre qué significa hoy la seguridad y la protección de la vida.

El dato central es contundente: 2025 fue el año con la tasa de suicidios más alta registrada en la historia argentina, con 11,8 casos cada 100 mil habitantes. El registro representa un salto considerable respecto de 2017, cuando la tasa era de 8,2. En cantidad de casos, el incremento fue todavía más pronunciado: pasó de 3.304 suicidios en 2017 a 5.209 en 2025, una suba del 57,7 por ciento.

El informe señala que la tasa de 2025 no sólo supera los registros de los años inmediatamente anteriores. También está por encima de otros momentos críticos de la historia reciente. Durante la crisis de 2001, la tasa había alcanzado 8,4 suicidios cada 100 mil habitantes, mientras que durante el período de la última dictadura cívico-militar promedió 6,8.

La evolución de la última década muestra una tendencia que se aceleró especialmente en los últimos años. Después de los 3.304 casos de 2017, el número ascendió a 3.903 en 2018, descendió a 3.647 en 2019 y volvió a bajar a 3.262 en 2020. Desde entonces comenzó un crecimiento sostenido: 3.648 casos en 2021, 3.959 en 2022, 4.205 en 2023, 4.249 en 2024 y finalmente 5.209 en 2025.

La contracara aparece cuando esos números se comparan con los homicidios dolosos. El Observatorio destaca que mientras la tasa de asesinatos fue descendiendo entre 2017 y 2025, la de suicidios avanzó en sentido contrario. El resultado es que actualmente la tasa de muertes autoinfligidas casi cuadruplica la de homicidios dolosos: 11,8 contra 3,6 cada 100 mil habitantes.



Larroude y su equipo denominan a este fenómeno “transmutación de la violencia letal”. La expresión no pretende afirmar que la violencia que antes se expresaba mediante homicidios se haya trasladado al suicidio. El informe es explícito en señalar que no existe una relación causal directa ni motivacional entre ambos fenómenos.

La categoría sirve, en cambio, para observar simultáneamente dos tendencias que habitualmente son analizadas por separado: mientras disminuye la mortalidad violenta interpersonal, aumenta la violencia autoinfligida. Para el Observatorio, esa mirada conjunta permite advertir que una reducción de los homicidios no significa necesariamente que la sociedad sea menos violenta ni que hayan desaparecido otras formas evitables de muerte.


NADA QUE FESTEJAR

"Argentina no puede celebrar la baja de homicidios dolosos como una baja de violencia letal mientras crecen de manera tan acalorada los suicidios. Hay que tener una mirada distinta de la violencia como fenómeno en el país", observó Larroude.

Este abogado y analista de la seguridad y la política criminal, publicó en 2023 Rosario, un sueño de paz, libro que aborda la trama narco que –por factores históricos y estructurales– convirtieron a la ciudad en una de las más violentas del país especialmente desde 2012 en adelante.

El fenómeno adquiere además una dimensión particularmente preocupante entre los jóvenes. De acuerdo con el informe, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito, que históricamente encabezaban las estadísticas de mortalidad en esa franja etaria.



La distribución territorial tampoco es homogénea. La tasa nacional de 11,8 esconde diferencias muy marcadas entre las provincias. En 2025, Entre Ríos encabezó el ranking, con 20,8 suicidios cada 100 mil habitantes, seguida por San Luis, con 18,9; Salta, con 17,4; Santa Cruz, con 16; y Catamarca, con 14,2.

Santa Fe se ubicó también por encima del promedio nacional, con una tasa de 13,2 suicidios cada 100 mil habitantes y 461 casos registrados durante 2025. En cantidad de casos quedó detrás de Buenos Aires, que concentró 1.977, y por encima de Córdoba, que registró 371. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos reunieron en conjunto casi seis de cada diez suicidios registrados en el país durante el año pasado.

En el otro extremo, Río Negro presentó la tasa más baja, con 6,5 casos cada 100 mil habitantes, seguida por Neuquén, con 7,8, y la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, ambas con 8. La disparidad territorial, sostiene el informe, obliga a pensar políticas de prevención que tengan en cuenta las particularidades de cada jurisdicción.

Argentina también aparece en una posición preocupante dentro de Sudamérica. Con una tasa de 11,8, el país ocupó en 2025 el tercer lugar regional, detrás de Uruguay y Chile. Para el Observatorio, el crecimiento registrado durante los últimos años ya no puede interpretarse como una fluctuación aislada o coyuntural, sino como una tendencia que requiere seguimiento y respuestas públicas sostenidas.


FUERA DE AGENDA

El informe plantea una discusión de fondo sobre la manera en que se mide la violencia. La reducción de los homicidios constituye, reconoce, un logro relevante y debe ser preservada. Pero advierte que convertir ese indicador en la única medida del éxito de una política de seguridad puede dejar fuera otras formas de violencia letal.

“Cuando el análisis se amplía y se incorporan las muertes autoinfligidas, aparece un panorama más complejo”, sostiene el documento. La disminución de la violencia interpersonal convive con un incremento de los suicidios, lo que obliga a revisar las nociones tradicionales de seguridad, prevención y protección de la vida.



El Observatorio pone como ejemplo el caso de Rosario y Santa Fe para dimensionar el contraste. Los homicidios que golpearon a Rosario durante la última década llegaron a registrar tasas de alrededor de 24 muertes cada 100 mil habitantes y ocuparon durante años un lugar central en la agenda política y mediática nacional. El informe advierte que una tasa de suicidios similar se registra actualmente en Entre Ríos, aunque el fenómeno no recibe una atención comparable.

"Si bien no es lo mismo matar que matarse, es algo para tener en perspectiva y ponerle atención. Y no desatender el presupuesto en salud mental como se lo desatiende en Argentina. Es de los presupuestos más bajos en salud mental de la historia en Argentina, justo cuando se da este pico de suicidios", alertó el investigador del Observatorio. "Es para reflexionar: es la primera causa de muerte en jóvenes, cuando siempre había sido los accidentes de tránsito. Es un problema serio, Argentina tiene aquí una curva ascendente ya desde 2015, y es mucha gente. ¡El año pasado fueron más de 5.000 personas!"

La advertencia no apunta a relativizar la caída de los homicidios. Por el contrario, el documento propone abandonar los triunfalismos y mirar ambas realidades simultáneamente. “La reducción de la violencia homicida constituye un avance que debe preservarse”, sostiene, pero no puede utilizarse como único indicador de seguridad ni ocultar el crecimiento de las muertes autoinfligidas.


SALUD MENTAL Y PRESUPUESTO

El otro eje del informe es el papel de las políticas públicas de salud mental. El Observatorio sostiene que el presupuesto destinado a esa área atraviesa uno de sus niveles más bajos de los últimos años y señala una brecha persistente entre los recursos aprobados y los efectivamente ejecutados.

El documento recuerda que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 estableció que el presupuesto destinado al área debía avanzar progresivamente hasta representar el 10 por ciento del presupuesto total de salud. Según el análisis realizado, ese objetivo nunca llegó a cumplirse y los recursos destinados a salud mental permanecieron por debajo de ese porcentaje.

El Observatorio sostiene además que, a partir de 2024, las políticas de reducción del gasto público y reorganización del Estado estuvieron acompañadas por nuevas restricciones sobre las partidas destinadas a salud mental. El informe vincula ese escenario con una menor capacidad estatal para sostener programas, dispositivos comunitarios y mecanismos de prevención y asistencia.

La conclusión política del trabajo es directa: el Estado debe ser entendido como una última red de auxilio cuando fallan otras redes primarias, como la familia, la escuela o la comunidad. Si los dispositivos estatales se desfinancian o desaparecen, sostiene el informe, se reducen las posibilidades de detectar, contener y atender situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por eso, entre sus propuestas, el Observatorio plantea incorporar el suicidio de manera permanente a la agenda pública, fortalecer la prevención y la detección temprana, reconstruir la confianza en los servicios estatales, ampliar los sistemas de información y construir una estrategia comunitaria de largo plazo.

La recomendación central es, en definitiva, ampliar el concepto de seguridad. La caída de los homicidios puede ser un indicador positivo, pero no alcanza para afirmar que la Argentina atraviesa una disminución general de la violencia. El dato que surge de la investigación de Larroude y su equipo obliga a mirar otra estadística: mientras mueren menos personas a manos de otras, cada vez más argentinos mueren por violencia ejercida contra sí mismos.

Y allí, advierte el informe, hay una emergencia que hasta ahora no ocupa el lugar que sus cifras deberían darle en la agenda pública.