La interna libertaria sumó este miércoles una nueva y explosiva acusación contra el gobierno de Javier Milei. La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó públicamente el manejo de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y sostuvo que el Poder Ejecutivo los habría utilizado para obtener respaldo de gobernadores y legisladores en votaciones clave del Congreso.

A través de un contundente hilo de posteos en X, Pagano aseguró que el Gobierno utiliza como fuente de esos recursos la recaudación del impuesto a los combustibles y acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, –a quien calificó como "cuevero de baja monta"– de disponer los pagos a través del Banco Nación. Según la diputada, los fondos que deberían tener como destino la infraestructura vial son liberados en coincidencia con jornadas de votación para presionar a mandatarios provinciales y garantizar el acompañamiento legislativo.

Las afirmaciones de Pagano se producen en medio de la disputa interna que mantiene con la conducción de La Libertad Avanza y adquieren particular relevancia porque cuestionan uno de los mecanismos con los que el gobierno de Milei construyó mayorías parlamentarias desde que asumió.

"Los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes", afirmó la diputada, quien sostuvo que los desembolsos se producen después de que los gobernadores negocian el respaldo de sus bloques a las iniciativas oficiales.

Pagano incluso publicó una supuesta "lista de precios" de distintas leyes y decisiones parlamentarias. Allí atribuyó desembolsos millonarios a determinadas provincias en coincidencia temporal con votaciones del Congreso. Entre los casos que mencionó aparecen la reforma laboral, la ley de glaciares, las leyes de Hojarasca y zonas frías y distintos proyectos y vetos impulsados por el Gobierno.

La diputada también apuntó contra los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; Misiones, Hugo Passalacqua –en su publicación Pagano aludió a Carlos Rovira como referencia política provincial–; y Tucumán, Osvaldo Jaldo. Según su denuncia, determinadas empresas y obras viales de esas jurisdicciones habrían recibido pagos concentrados en las fechas de las votaciones.

Pagano afirmó que los legisladores que responden a esos gobernadores acompañaron las iniciativas del Gobierno y resumió su acusación con una frase deliberadamente provocadora: "No pagan asfalto: pagan manos levantadas".




QUÉ DICE LA LEY SOBRE EL IMPUESTO

El planteo de la diputada se apoya en una discusión real sobre el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. La Ley 23.966 establece una distribución específica de los recursos: el 28,58% del producido del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono debe ingresar al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.

Ese fideicomiso tampoco está destinado exclusivamente a las rutas. De acuerdo con la normativa vigente, sus recursos se distribuyen entre distintos sistemas de transporte. El decreto 301/2018 establece que la porción correspondiente al fideicomiso se reparte entre el Sistema Vial Integrado (SisVial), el sistema de transporte automotor y el sistema ferroviario. Una modificación posterior fijó una distribución del 50% para el SisVial, 32,5% para el transporte automotor y 17,5% para el sistema ferroviario.

Es decir, la afirmación de Pagano de que todo el impuesto a los combustibles "solo puede usarse para hacer rutas" simplifica el régimen legal. Sí existe, en cambio, una asignación específica de una parte de la recaudación al fideicomiso de infraestructura de transporte y, dentro de éste, una porción destinada específicamente al sistema vial.


MÁS DE UN BILLÓN SIN EJECUTAR

La denuncia política de Pagano encuentra un elemento de contexto en los números del fideicomiso. Una reconstrucción periodística publicada en los últimos días a partir de balances contables, informes de cuenta y documentos oficiales señaló que el Gobierno recaudó $1,503 billones destinados al SisVial desde 2024 hasta mayo de 2026, pero ejecutó $394.406 millones en obras viales.

Según esa reconstrucción, más de $1 billón permanecía a fines de mayo en inversiones financieras, entre ellas plazos fijos y títulos públicos. La tasa de subejecución acumulada del período alcanzaba al 73,8%.