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El Gobierno nacional reglamentó este martes el cobro de prestaciones de salud a extranjeros no residentes que se atiendan en hospitales públicos administrados por la Nación. La medida quedó establecida a través de la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial y con entrada en vigencia prevista para este miércoles.

La normativa surge como consecuencia de los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones. El esquema contempla el cobro de las prestaciones sanitarias a las personas extranjeras que no tengan residencia permanente, aunque establece una excepción para las situaciones de emergencia. En esos casos, no podrá negarse ni restringirse la atención por la condición migratoria del paciente.

La resolución considera emergencia a toda situación clínica que implique un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible. La excepción incluye, entre otros casos, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, quemaduras extensas, intoxicaciones, sepsis y emergencias obstétricas y pediátricas.

Una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser cobradas al paciente o a su compañía de seguros, según corresponda. La medida también establece mecanismos para acreditar la residencia permanente y contempla documentación provisoria emitida por la Dirección Nacional de Migraciones en caso de extravío o renovación del DNI.


EL PROYECTO QUE IMPULSAN EN SANTA FE

En Santa Fe, la diputada provincial Silvia Malfesi presentó un proyecto para implementar un esquema similar en los hospitales y centros de salud de la provincia. La iniciativa alcanza a extranjeros con residencia transitoria o precaria que no estén comprendidos por convenios bilaterales de asistencia recíproca.

Según el proyecto, esas personas deberían presentar un seguro de salud o realizar el pago previo de las prestaciones. Las situaciones de emergencia quedarían exceptuadas, aunque el Estado provincial debería establecer mecanismos para recuperar posteriormente el costo de la atención. El Ministerio de Salud sería el encargado de fijar los aranceles y la propuesta también invita a los municipios que cuentan con efectores propios a adherir al sistema.

Malfesi defendió la iniciativa al sostener que los extranjeros que utilizan hospitales públicos deberían pagar por los servicios recibidos. “Basta de regalar el dinero de los santafesinos. Nada es gratis”, afirmó la legisladora.

La propuesta generó críticas desde sectores vinculados a la salud pública. El concejal rosarino y exsecretario de Salud Leonardo Caruana cuestionó el enfoque y sostuvo que el debate sobre el financiamiento sanitario debería centrarse en políticas de prevención y fortalecimiento del sistema público, en lugar de establecer barreras vinculadas con la nacionalidad o la condición migratoria.