Los Monos, como organización criminal más célebre de Rosario, volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. Un amplio operativo desplegado este martes en barrio Ludueña culminó con 17 allanamientos simultáneos, siete personas detenidas y el secuestro de un arma de fuego, 21 teléfonos celulares y documentación considerada de interés para una causa que investiga intimidaciones contra testigos de un juicio.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Pablo Socca, de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, y ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI), las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y otras áreas de la Policía de Santa Fe. En el operativo participaron cerca de 200 efectivos pertenecientes a distintas brigadas y grupos tácticos.

Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, las medidas forman parte de un nuevo legajo que investiga amenazas e intimidaciones a testigos vinculadas con la suspensión del juicio oral contra Jonatan Almada, uno de los nombres asociados a la organización criminal. Por el estado de la investigación, las autoridades mantuvieron bajo reserva mayores precisiones hasta la audiencia imputativa.

En paralelo, este jueves Almada será llevado a una audiencia por otro expediente que lo vincula con un hecho ocurrido en 2021: amenazas y una balacera contra un comercio del barrio Ludueña.

Los allanamientos se realizaron en domicilios de Solís, Ituzaingó, Humberto Primo, Tupac Amaru, Matienzo, José Ingenieros, Gandhi y Larrea. Como resultado fueron aprehendidas Sandra Belén W. (30), Maricel Noemí G. (40), Gonzalo Leonel E. (23), Camila H. (28), Kevin Uriel Á. (19), Ludmila Ayelén E. (22) y Estefanía Aylén E. (21), quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación es una continuación de las actuaciones iniciadas en 2022 contra la organización liderada por Mauro Gerez, con presencia en los barrios Ludueña y Empalme Graneros y señalada como una estructura asociada a Los Monos. Esa pesquisa ya había reunido evidencias sobre distintos hechos de violencia, amenazas y otros delitos complejos, y los nuevos elementos recolectados derivaron en las órdenes de allanamiento ejecutadas durante la jornada.

Además del avance penal, la causa podría derivar en nuevas intervenciones sobre inmuebles utilizados por la organización. La Fiscalía anticipó que solicitará en audiencia el cese del estado antijurídico de los departamentos allanados en Solís al 300 para habilitar su derribo o inactivación, una herramienta prevista por la Ley de Microtráfico vigente en Santa Fe desde fines de 2023. La medida busca impedir que esas propiedades vuelvan a ser utilizadas como puntos de venta de droga o bases operativas de organizaciones narcocriminales.