La discusión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional quedó asociada principalmente a la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, el proyecto enviado al Senado propone una reforma más amplia que modifica seis normas vinculadas al derecho de propiedad: expropiaciones, restitución de inmuebles ocupados, integración socio urbana de barrios populares, manejo del fuego y registro inmobiliario.

Uno de los principales cambios está en la reforma de la Ley Nacional de Expropiaciones (21.499), vigente desde 1977. La iniciativa oficial propone endurecer las condiciones para que el Estado pueda avanzar sobre un inmueble privado, limitar los casos en los que puede aplicarse la figura de utilidad pública y modificar aspectos vinculados al procedimiento judicial y al cálculo de indemnizaciones. Desde el Gobierno sostienen que busca reforzar la seguridad jurídica para propietarios e inversores, mientras sectores críticos señalan que reduce herramientas estatales para intervenir sobre situaciones de interés público.

El proyecto también incorpora un nuevo procedimiento para la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente mediante una modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La propuesta apunta a acelerar los desalojos cuando no exista un título que justifique la ocupación. Para sus impulsores, se trata de una herramienta para dar respuestas rápidas a los propietarios; para sus detractores, forma parte de una política orientada a privilegiar el derecho individual de propiedad por sobre otros conflictos sociales vinculados al acceso a la vivienda.

Otro capítulo modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, vinculada al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Esa norma declaró de interés público la urbanización de esos barrios y estableció mecanismos de expropiación para avanzar en la regularización dominial de los terrenos ocupados. El proyecto del Ejecutivo propone modificar el régimen de expropiaciones previsto para esos inmuebles y redefinir las condiciones para avanzar con la regularización dominial, una medida cuestionada por organizaciones que trabajan en la urbanización de asentamientos.

La iniciativa también elimina las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente impide durante 60 años cambiar el uso de tierras incendiadas en bosques nativos, humedales y áreas protegidas, y durante 30 años en otras zonas rurales. El Gobierno propone derogar esas limitaciones que impedían destinar superficies quemadas a nuevos usos productivos o inmobiliarios, argumentando que forman parte de regulaciones que afectan el desarrollo económico, mientras organizaciones ambientales advierten que podría abrir la puerta a negocios inmobiliarios sobre territorios afectados por incendios.

Además, el proyecto modifica la Ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble. La iniciativa plantea modernizar el sistema registral, avanzar en la digitalización de trámites y simplificar procedimientos vinculados con la inscripción y publicidad de derechos reales sobre inmuebles. Aunque el Ejecutivo presenta estos cambios como una actualización administrativa, sus críticos sostienen que el conjunto de reformas responde a una misma lógica: ampliar las posibilidades de disposición privada sobre la tierra y reducir controles estatales.

El capítulo que concentra mayor debate político sigue siendo la reforma de la Ley de Tierras Rurales. La propuesta plantea eliminar los límites generales para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras en el país y mantener restricciones únicamente para Estados extranjeros o entidades controladas por ellos. Mientras el Gobierno asegura que la medida busca atraer inversiones y fortalecer el derecho de propiedad, organizaciones sociales, rurales y ambientales alertan sobre una posible mayor extranjerización del territorio y cuestionan una ley que, según plantean, fue diseñada en función de intereses empresarios.